Debate
Hay trampas que ni siquiera se toman la molestia de esconderse. La de Morena con sus llamados “coordinadores de la defensa de la transformación” es una de ellas.
La semana pasada arrancaron un proceso que, en los hechos, no busca defender ninguna causa pública. Busca adelantar candidaturas, mover estructuras, posicionar nombres y ganar ventaja antes de que la ley permita iniciar precampañas.
Le cambiaron el nombre al acto, pero no le cambiaron la intención. No les dicen candidatos, les dicen coordinadores. No le llaman campaña, le llaman defensa. No hablan de promoción electoral, hablan de movimiento. Pero la gente entiende. Y entiende bien.
La pregunta cae por su propio peso: si de verdad se trata de defender una transformación, ¿por qué solo nombran coordinadores en los estados donde habrá elección de gobernador? ¿En los demás estados no hay nada que defender? La respuesta es evidente: no están organizando una causa, están preparando una boleta.
En Sinaloa conocemos muy bien el costo de la simulación. Hemos visto gobiernos que dicen una cosa y hacen otra. Hemos visto discursos de austeridad acompañados de eventos llenos de propaganda, traslados, lonas, despensas, sonido, música y pauta en redes. Todo cuesta. Y cuesta mucho.
Por eso la pregunta central no es solo política. También es ética: ¿Quién está pagando?
Una campaña de más de un año no se sostiene con aplausos ni con buena voluntad. Se sostiene con dinero. Mucho dinero. Y la ciudadanía tiene derecho a saber de dónde sale, quién lo entrega, qué compromisos genera y qué se está ofreciendo a cambio.
Contratos, cargos, obra pública, protección, impunidad: esas son las sombras que aparecen cuando el dinero político no se transparenta. Y en un estado herido por la violencia, también debemos preguntar con seriedad si el crimen organizado está intentando meterse nuevamente por la puerta electoral.
No es una sospecha menor. Es una responsabilidad pública.
A eso se suma otra práctica dañina: usar los programas sociales como maquinaria partidista. Los apoyos son derechos de la gente, no favores de Morena. Los paga el pueblo, no un candidato. Nadie tiene derecho a condicionar una beca, una pensión o un apoyo alimentario a cambio de asistencia, aplauso o voto.
La política social no puede convertirse en lista de asistencia electoral. La necesidad de las familias no puede ser usada como correa de control.
A mí la política me la enseñaron desde otro lugar. Mi madre, en la colonia Emiliano Zapata, organizaba a las vecinas y vecinos para gestionar servicios, acompañar enfermos, resolver problemas concretos. Ahí entendí que la política servía para levantar la voz por quien no podía hacerlo solo. No para doblar la ley. No para aprovecharse de la necesidad.
Por eso duele ver en qué la han convertido algunos: una carrera anticipada por el poder, una disputa por el presupuesto, una operación para disfrazar campañas ilegales con palabras bonitas.
Sinaloa necesita otra cosa. Necesita seguridad, empleo, inversión, paz en las calles y gobiernos concentrados en resolver, no funcionarios usando sus cargos como escalón personal.
Desde el Congreso presentaremos una iniciativa para cerrar esta puerta de simulación y sancionar las precampañas adelantadas, aunque les cambien el nombre. La ley debe mirar el fondo, no el disfraz.
Y a quienes ya andan en campaña, les hago un reto simple: transparenten cuánto han gastado, quién les paga y a quién le deben.
Si no hay compromisos oscuros, no debería haber miedo a decir la verdad.
La democracia no se defiende con trampas. Sinaloa merece política limpia, competencia pareja y candidaturas que no nazcan endeudadas con intereses que nadie se atreve a nombrar.