Por. Moisés Alvarez Palacio
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara de Diputados la primera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025. Lo hizo a cien días de que Aureliano Hernández Palacio asumiera la titularidad del organismo.
La ASF tiene la tarea de cuidar el dinero del país, de revisar a todos los niveles de gobierno con la misma vara, sin importar colores, siglas o afinidades políticas. Pero los ciudadanos sabemos que en este País difícilmente se sanciona.
El titular de la ASF informó que presentó 21 denuncias penales por posibles daños que superan los 600 millones de pesos, distribuidas entre los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Esto sucede cuando no hay rendición de cuentas, pero además no hay preparación profesional, falta de capacidad, conocimiento, valores ética y moral, elemento que abundan en nuestros gobernantes y políticos.
El proceso establece que, una vez presentado el informe, las entidades, secretarías u órdenes de gobierno tienen un período para solventar las observaciones. Si no pueden hacerlo, entonces la ASF puede presentar denuncias penales o administrativas ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa.
La reforma aprobada por el Congreso otorga al titular de la ASF facultades legales para hacerlo.
Hasta ahí, en lo teórico estamos bien. Pero en la práctica, lo que importa es que realmente se sancione a quienes cometieron los delitos y que esas sanciones sirvan de ejemplo para quienes ejercen dinero público. De lo contrario, seguiremos siendo el mismo país de los sexenios anteriores, donde la corrupción, la mentira y la traición a la sociedad prevalecieron, y hoy no es la excepción.Durante más de ocho años, los gobernantes de este periodo han dicho y repetido que no son iguales a los del pasado.
Pero en los hechos, la percepción de corrupción no ha mejorado. Recordemos que según la ENCIG 2025 del INEGI, 84 de cada 100 mexicanos perciben la corrupción como frecuente. La confianza en el gobierno federal cayó del 59% en el 2023 al 46% en el 2025.
Los datos ahí están. Y la comparación con los sexenios de Calderón, Peña Nieto y AMLO tienen un común denominador, la corrupción.
El discurso de la transformación no ha logrado traducirse en resultados tangibles. Por ejemplo, en materia de seguridad y salud, el dicho popular aplica perfectamente: “estábamos mejor cuando estábamos peor”. No se trata de añorar el pasado, sino de reconocer que los problemas estructurales siguen ahí, sin solución.
En ese contexto, ya empieza la temporada donde los políticos y gobernantes se dan baños de pueblo y comienzan a repartir donaciones, despensas, sillas de ruedas y cuanta necesidad básica hay en los ciudadanos más vulnerables.
Pero que no los engañe su falso altruismo, esos apoyos no son generosidad, son inversión electoral con dinero que muchas veces ni siquiera es de ellos.
En el 2027, los mexicanos tendremos la posibilidad de elegir un cambio o de seguir igual, o en su efecto, peor. México necesita gobernantes honestos, pero también preparados. Es falso que solo se requiera honestidad y lealtad; los resultados están ahí para quien quiera verlos. La sociedad debe analizar los perfiles de los futuros candidatos y, sobre todo, de quienes los rodean.
Solo así podremos tener un panorama del tipo de gobierno que será. Ya no se trata de apoyar partidos o ideologías, porque la historia reciente nos ha enseñado que muchos llegan al poder y terminan siendo los mismos o peores.