Por Devan Cole, John Fritze, Priscilla Alvarez y Tami Luhby, CNN
La mayoría conservadora de la Corte Suprema otorgó este jueves al presidente Donald Trump dos importantes respaldos a su política migratoria, allanando el camino para que el Gobierno pueda expulsar de manera efectiva a más de un millón de personas de Estados Unidos y evitar que muchas otras ingresen al país.
Las decisiones, ambas redactadas por el juez conservador Samuel Alito y acompañadas de enérgicos votos disidentes de los tres magistrados liberales del tribunal, tendrán un amplio impacto en las solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos y en un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una forma de alivio humanitario que permite a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en el país.
También hubo tensión dentro de la sala del tribunal. La jueza liberal Sonia Sotomayor dio el inusual paso simbólico de leer su voto disidente desde el estrado. Alito respondió públicamente, sorprendiendo a observadores de la Corte acostumbrados al protocolo y la moderación entre los magistrados.
Es probable que la tensión aumente mientras la Corte, integrada por seis jueces conservadores y tres liberales, continúe anunciando decisiones la próxima semana.
Estas son las principales conclusiones de las importantes victorias obtenidas este jueves por el Gobierno de Trump en sus gestiones por restringir la inmigración.
Los conservadores apartan a los tribunales de las revisiones sobre el TPS
La Corte falló a favor de Trump sobre el Estatus de Protección Temporal al determinar, esencialmente, que los tribunales no deben intervenir en este tipo de decisiones.
El programa humanitario permite que personas que ya residen en Estados Unidos permanezcan en el país durante períodos de crisis o inestabilidad en sus naciones de origen. Bajo esta designación, los beneficiarios, sometidos a rigurosos procesos de verificación, pueden vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos de manera legal. La ley que creó el TPS establece que la “determinación” del Gobierno de aplicar esa designación no puede ser revisada por los tribunales. Sin embargo, un grupo de ciudadanos haitianos y sirios argumentó que esa disposición no impedía que la justicia evaluara el proceso utilizado por el Gobierno para tomar la decisión.
Alito rechazó ese argumento.
“Este texto es claro y su significado literal es muy amplio”, escribió Alito. Más adelante añadió: “Las decisiones del secretario sobre las designaciones de TPS no están sujetas a revisión judicial”.
Aproximadamente 350.000 haitianos y cerca de 6.000 sirios se verán afectados directamente por la decisión.
Es casi seguro que el Gobierno también argumentará que la opinión de Alito impide a los tribunales revisar otros casos relacionados con el TPS. La administración Trump ha intentado poner fin al TPS para 13 de los 17 países que habían sido designados para el programa, y muchas de esas decisiones permanecen bloqueadas en los tribunales.
Los 13 países afectados son: Haití, Siria, Venezuela, Honduras, Afganistán, Nepal, Camerún, Myanmar (Birmania), Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Nicaragua.
Kagan critica a la mayoría por minimizar las palabras de Trump
Los jueces protagonizaron un fuerte intercambio sobre las declaraciones de Trump respecto de la población haitiana.
Uno de los argumentos presentados por los beneficiarios haitianos del TPS fue que Trump actuó motivado por animadversión racial al intentar poner fin al programa. La acusación se basó en diversos comentarios del presidente, incluida su afirmación falsa durante la campaña de que haitianos en Ohio estaban comiendo mascotas. Si los demandantes haitianos hubieran logrado demostrar que esas declaraciones evidenciaban una decisión gubernamental motivada por racismo, podrían haber obtenido una victoria bajo la cláusula constitucional de igualdad de protección.
Sin embargo, Alito y los demás jueces conservadores también rechazaron ese planteamiento.
“Una persona sin prejuicios raciales puede ofrecer una descripción muy desfavorable de las condiciones de vida en algunos de los países con designación TPS”, escribió Alito. “Los criterios para otorgar el TPS garantizan que muchos, si no la mayoría, de los países designados tengan esas características. Haití no es una excepción. Es un país muy pobre y las condiciones de vida allí son incuestionablemente difíciles”.
Cabe destacar que Alito no reprodujo las declaraciones de Trump. La jueza liberal Elena Kagan señaló rápidamente esa omisión en su voto disidente.
Kagan describió los comentarios de Trump como “tan repulsivos y cargados de connotaciones raciales que la mayoría se niega a reproducirlos por escrito”.
Posteriormente citó las declaraciones, incluida la afirmación de Trump de que los haitianos en Ohio estaban “comiéndose los perros… Se están comiendo los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente”.
Según Kagan, esas palabras “prácticamente gritan, tanto por sus insinuaciones como por sus expresiones explícitas, que la raza influyó en la determinación del presidente de expulsar a los haitianos de este país”.
El Gobierno de Trump deberá decidir qué hacer con el asilo
En otra decisión dividida 6-3 y redactada por Alito, la Corte avaló la controvertida política de asilo conocida como “metering”.
Esta práctica permite a los agentes federales apostados en la frontera rechazar a solicitantes de asilo antes de que pisen territorio estadounidense, dificultando que sean formalmente inspeccionados por las autoridades, el primer paso de un largo proceso que podría terminar con la concesión de asilo.
Aunque Trump impulsó la política durante su primer mandato, fue eliminada bajo el Gobierno del expresidente Joe Biden. Los funcionarios de la segunda administración Trump no han aclarado si planean restablecerla, pero sí han manifestado que desean conservar esa posibilidad.
Durante los argumentos orales celebrados este año, el procurador general adjunto Vivek Suri dijo a los magistrados que el Gobierno “quiere poder restablecer el metering cuando las condiciones fronterizas lo justifiquen”.
La decisión de seguir defendiendo la política ante los tribunales refleja la posibilidad de que los obstáculos legales que enfrentan otras iniciativas migratorias obliguen eventualmente al Gobierno a volver a utilizarla.
Desde su regreso al poder, Trump ha implementado una serie de medidas destinadas a restringir la inmigración legal en la frontera sur, incluido el cierre de todos los puertos de entrada para migrantes y la suspensión de las adjudicaciones de asilo. Sin embargo, esas medidas también han sido impugnadas judicialmente y recientemente algunos tribunales han fallado en contra de ellas.
Mientras estuvo vigente, la política de metering dificultó que decenas de miles de migrantes avanzaran en sus solicitudes de asilo, según el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin.
El fallo sobre el TPS podría tener graves consecuencias económicas
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes condenaron la decisión. Un abogado que representa a los ciudadanos haitianos advirtió que el fallo “provocará directamente que miles de personas inocentes mueran de manera violenta e innecesaria”.
La decisión también podría tener un impacto significativo en la economía.
Los haitianos beneficiarios del TPS, muchos de los cuales llevan años viviendo en Estados Unidos, construyendo carreras profesionales, comprando viviendas y criando a sus hijos, aportan aproximadamente US$ 5.900 millones a la economía estadounidense, según un análisis de FWD.us, una organización dedicada a la promoción de políticas migratorias que ha respaldado el TPS para los haitianos. Además, pagan cerca de US$ 1.600 millones en impuestos federales, estatales y locales, así como contribuciones sobre nómina.
FWD.us.found estimó que casi 190.000 haitianos con TPS estaban empleados a comienzos de 2025. Muchos trabajan en el comercio minorista, la hotelería, la atención médica y otros sectores, desempeñándose como cocineros, meseros, reponedores, empacadores y asistentes de enfermería.
Jan Gautam, director ejecutivo de IHRMC Hotels & Resorts, dijo que probablemente tendrá que despedir a aproximadamente el 20 % de su personal en decenas de hoteles de Florida.
“Respetamos el sistema judicial”, declaró a CNN. “Dejaremos ir a todos, y nosotros sufriremos y ellos también sufrirán”.
Residencias de ancianos, centros de vida asistida y agencias de atención domiciliaria prevén que deberán reemplazar a numerosos empleados, una parte considerable de los cuales son haitianos con TPS. Esto podría generar tensiones y alteraciones en la atención de muchos estadounidenses mayores.
“Los trabajadores y cuidadores que apoyan diariamente a los adultos mayores —empleados legales que en algunas comunidades representan el 8 % o más de toda la fuerza laboral— ahora podrían perder sus empleos de la noche a la mañana”, dijo en un comunicado Katie Smith Sloan, directora ejecutiva de LeadingAge, asociación nacional de organizaciones sin fines de lucro y entidades dedicadas a servicios para personas mayores. “No hay una fuerza laboral esperando para reemplazar relaciones construidas durante años e incluso décadas, tan esenciales para brindar atención de calidad”.
Añadió que algunos proveedores podrían verse obligados a limitar nuevos ingresos en residencias de ancianos, cerrar unidades o rechazar solicitudes de atención domiciliaria hasta cubrir las vacantes.
El duro voto disidente de Sotomayor y la inusual respuesta de Alito
La jueza Sonia Sotomayor redactó un contundente voto disidente en el caso sobre asilo, argumentando que la política de metering solo incentiva los cruces fronterizos irregulares.
“Más personas morirán”, escribió.
“Más personas intentarán cruzar la frontera ilegalmente, algunas lo lograrán y otras no. Más personas se verán obligadas a caminar por la frontera entre Estados Unidos y México en condiciones peligrosas tratando de encontrar un puerto de entrada que las inspeccione”, añadió. “Más personas regresarán y serán sometidas a violencia por algo que no pueden o no deberían tener que cambiar sobre sí mismas, como su raza, religión, nacionalidad u opinión política”.
La jueza liberal de mayor antigüedad evocó además un episodio oscuro de la historia estadounidense: el caso del MS St. Louis, el barco que transportaba a casi 1.000 refugiados judíos que huían de Europa en 1939. La embarcación fue rechazada y regresó a Europa, donde muchos de sus pasajeros murieron posteriormente en el Holocausto.
“Si los refugiados del MS St. Louis llegaran hoy a un puerto de entrada en nuestra frontera sur, la interpretación de la mayoría permitiría que los funcionarios migratorios se negaran incluso a considerar sus solicitudes de asilo bloqueándoles físicamente el acceso al territorio estadounidense”, escribió Sotomayor.
La jueza leyó su voto disidente en voz alta desde el estrado, un gesto simbólico que solo ocurre unas pocas veces cada período judicial cuando un magistrado desea enfatizar su desacuerdo con la decisión de la mayoría.
Posteriormente, en un intercambio poco habitual y tenso, Alito respondió públicamente a Sotomayor, sugiriendo que había sido tomado por sorpresa. La intervención rompió con la naturaleza habitualmente cuidadosamente coordinada de la presentación de opiniones judiciales.
Alito pareció sorprendido por la dureza del lenguaje empleado por Sotomayor y señaló que dos Gobiernos habían aplicado esa política. Es cierto que el “metering” comenzó durante el mandato del expresidente Barack Obama, aunque fue formalizado durante el primer mandato de Trump.
En respuesta a Sotomayor, Alito calificó la política de asilo como “ordenada y humana” antes de pasar a la siguiente opinión de la Corte.
Se acumulan las decisiones divididas 6-3
La tensión probablemente continuará.
Mientras la Corte sigue resolviendo algunos de sus casos más sensibles desde el punto de vista político, los jueces se muestran cada vez más divididos en líneas ideológicas. A comienzos de esta semana, el tribunal alcanzó un hito al emitir este año más decisiones divididas 6-3 que durante todo el año pasado.
Los fallos de este jueves sobre inmigración, junto con otro relacionado con una restrictiva ley de armas de Hawai, incrementaron aún más esa cifra.
En total, la Corte ha emitido 10 decisiones resueltas por una división ideológica de 6-3. Esa cifra ni siquiera incluye las decisiones adoptadas en el llamado expediente de emergencia, algunas de las cuales han tenido consecuencias importantes.
Entre los fallos más relevantes de este período figura la decisión de abril que debilitó significativamente la capacidad de la Ley de Derecho al Voto para intervenir en disputas sobre redistribución electoral. Ese fallo, y otros posteriores relacionados, ayudaron a los republicanos a rediseñar rápidamente distritos congresionales en estados del sur como Louisiana y Alabama para otorgar al Partido Republicano una ventaja en las elecciones de mitad de mandato de este año.
Es probable que lleguen más decisiones que profundicen las divisiones del tribunal mientras los magistrados trabajan para emitir las opiniones pendientes en los próximos días. La Corte informó que publicará más decisiones el lunes y se espera que emita nuevos fallos al menos otro día de la próxima semana.
Entre los casos aún pendientes figuran decisiones sobre si Trump puede destituir a funcionarios de agencias federales independientes como la Comisión Federal de Comercio y sobre la legalidad de las prohibiciones estatales que impiden a niñas transgénero competir en equipos deportivos femeninos.