Gobernar desde el escándalo: mandatarios morenistas, entre denuncias por corrupción y crimen organizado.
Proceso
Morena ha consolidado su dominio en el territorio nacional, pero esa hegemonía política contrasta con una ola de escándalos que van desde presuntos vínculos con el narcotráfico hasta redes de corrupción administrativa y crisis de seguridad.
Pese a tener el control de tres cuartas partes del país, la mayoría de los gobernadores morenistas ha dejado a su paso un rastro de controversias: crisis de seguridad, falta de austeridad, ataques contra la prensa e incluso señalamientos directos y acusaciones penales en Estados Unidos por presuntas ligas con el narcotráfico.
La 4T consolidó su dominio en 24 de los 32 estados en 2024, cuando ganó siete de las nueve gubernaturas en disputa. Sumado al triunfo de 2021 (cuando consiguió 12 de 15), el morenismo afianzó su presencia en gran parte del territorio mexicano.
Sin embargo, las presiones del gobierno de Estados Unidos ya causaron el primer descarrilamiento: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tuvo que separarse del puesto luego de que el 29 de abril de 2026 la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación penal en su contra y contra nueve colaboradores. Se les imputa de recibir ayuda de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, a cambio de protección gubernamental.
Inicialmente, el mandatario originario de Badiraguato rechazó los cargos y los calificó como una “calumnia” y un ataque político. No obstante, para el 2 de mayo último, solicitó licencia; pero de manera sorpresiva, tras 112 días, Rocha Moya regresó a la gubernatura.
Ese desliz político duró poco. A las 36 horas de haber reasumido sus funciones, y tras el vació gubernamental, de Morena y legisladores afines al oficialismo, Rocha Moya volvió a pedir licencia, esta vez indefinida.
Además del sinaloense otros tres mandatarios se han visto envueltos en controversias a partir de información surgida en territorio estadunidense: la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el sonorense Alfonso Durazo.
Respecto del caso bajacaliforniano el exesposo de Del Pilar, Carlos Torres Torres (quien fuera encargado de proyectos especiales del gobierno estatal), fue señalado en mayo de 2025 luego de que EU le revocara la visa.
La FGR también lo investiga como parte de una presunta red de protección política al crimen organizado. La mandataria anunció su divorcio en octubre de 2025.
A su vez, Del Pilar omitió hacer público que a ella también le habían retirado el visado. La situación salió a la luz a mediados de 2026, cuando el periodista Héctor de Mauleón difundió tres audios en los que se escucha a la mandataria –quien reconoció la autenticidad de su voz– conversando con presuntos intermediarios del FBI y del DHS (el Departamento de Seguridad Nacional estadunidense) sobre su visa cancelada y posibles sanciones del Departamento del Tesoro. En una de las grabaciones ofrece compartir información de las mesas de seguridad nacionales a cambio de que reduzcan o retiren supuestos cargos en su contra.
Respecto del sonorense, presuntamente el gobierno estadunidense le revocó su visa en 2025. Sobre Américo Villarreal, diarios estadunidenses expusieron una presunta indagatoria vinculada a “huachicol fiscal”, ligada al empresario asesinado Sergio Carmona, conocido como el Rey del Huachicol.
En agosto de 2026 el noticiero N+ documentó que el actual secretario de Gobierno de Tamaulipas y colaborador de confianza de Villarreal, Héctor Joel Villegas, otorgó contratos por más de 15 millones de pesos a empresas ligadas al fallecido Carmona cuando se desempeñaba como alcalde de Río Bravo.“La Casa del Poeta López Velarde no pierde el nombre y mantiene la poesía”: Ana FrancisLeer Más
El huachicol fiscal trasciende las fronteras tamaulipecas. Durante marzo de 2025 la Secretaría de Marina (Semar) decomisó en Tampico el buque Challenge Procyon, cargado con casi 10 millones de litros de diésel declarados falsamente como aditivos. Eso destapó una red de mandos navales, aduaneros y empresas fantasma activa desde al menos 2023.
Entre los implicados destacan el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Un contralmirante que había denunciado la red un año antes, Fernando Guerrero Alcántar, fue asesinado en noviembre de 2024, sin que la FGR haya descartado un vínculo entre ambos hechos.
El escándalo salpicó de igual manera al senador morenista y exgobernador de Tabasco Adán Augusto López. De acuerdo con el testimonio de un capitán colaborador de la Fiscalía, el muelle fiscal de Tampico utilizado para descargar el combustible era operado por la empresa de un socio cercano a Adán Augusto, quien ha negado cualquier relación con el esquema.
Crisis de seguridad
El escenario en Michoacán mantiene al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla bajo las secuelas del homicidio de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, quien confrontó públicamente al mandatario estatal por la inseguridad en la región aguacatera.
Manzo fue ultimado a balazos el 1 de noviembre de 2025 en una plaza pública durante la ceremonia por el Día de Muertos. El autor material, un menor de edad de 17 años, fue abatido en el lugar y dos presuntos cómplices aparecieron ejecutados días después.
A julio de 2026, la Fiscalía michoacana contabilizaba 32 detenidos, entre ellos el presunto autor intelectual, capturado en Jalisco.
Zacatecas muestra un panorama similar: el gobernador David Monreal fue amenazado directamente por una facción del Cártel de Sinaloa tras la matanza de diez personas –empresarios, ganaderos y un exalcalde– en julio de 2026. La Fiscalía estatal señaló entre las líneas de investigación a una red de extorsión y la posible colusión de servidores públicos con el crimen organizado.
Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero e hija del exsenador Félix Salgado Macedonio, enfrenta desde junio de 2026 la posibilidad de que las investigaciones sobre una red de extorsión desarticulada en Acapulco alcancen a funcionarios de su gabinete, hipótesis que la propia presidenta Sheinbaum no ha descartado.
El territorio morelense también ha sido foco de atención: la gobernadora Margarita González Saravia ha debido encarar los efectos del “Operativo Enjambre” que en mayo de 2026 derivó en la detención de alcaldes y de una consejera estatal de Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Eso ocurrió luego de que una investigación periodística revelara que la mandataria sabía desde junio de 2024 –mediante su entonces jefe de Oficina– sobre reuniones entre autoridades municipales y un líder criminal regional, sin haberlo denunciado de inmediato.
Chiapas también atraviesa una compleja situación: Eduardo Ramírez recibió un estado inmerso en una crisis de desplazamiento forzado y bajo la disputa territorial entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. En mayo de 2026 ordenó investigar a “Pakal”, su propia unidad de élite, tras difundirse un video donde presuntamente torturaban a dos detenidos. Meses antes se filtró que algunos de sus integrantes aparecían en una presunta nómina atribuida a Nemesio Oseguera, el Mencho.
Corrupción administrativa
No todos los escándalos de la 4T están ligados al narcotráfico. En el Estado de México Delfina Gómez tuvo que realizar ajustes en su gabinete tras el hallazgo de un esquema de aviadores en la Secretaría de Educación; al menos 324 plazas docentes fueron dadas de alta con claves inexistentes, en un presunto desvío de recursos por venta irregular de plazas que la propia dependencia denunció ante la Fiscalía mexiquense.
Oaxaca sumó su propia controversia cuando Salomón Jara reconoció públicamente, en julio de 2026, que su gobierno entregaba a funcionarios municipales, bajo el esquema de “depositaria”, vehículos con reporte de robo. La Fiscalía estatal confirmó que se entregaron al menos 60 unidades desde 2023, de las cuales 22 continuaban en manos de las autoridades para julio de 2026.
En Puebla la administración de Alejandro Armenta atestiguó en agosto de 2026 la detención de un sobrino político por fraude genérico, al tiempo que su gobierno enfrentaba el escándalo por la explosión de pipas de gas robado (huachigas) en Tepeaca, uno de los municipios con más tomas clandestinas del estado.
Veracruz no queda exento… Rocío Nahle enfrenta desde agosto de 2026 una controversia por su declaración patrimonial (clasificada inicialmente como confidencial por la Contraloría estatal, pese a diversas solicitudes de información) y arrastra, desde su periodo como secretaria de Energía, denuncias por presunto enriquecimiento ilícito ligado a la construcción de la refinería Dos Bocas.
Además, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que la gobernadora integró a su gabinete a dos exfuncionarios de Pemex señalados en investigaciones estadunidenses por el pago de sobornos.
En suelo tabasqueño, Javier May heredó el escándalo más severo de la entidad: La Barredora, organización criminal dedicada a la extorsión, huachicol y desaparición forzada, presuntamente liderada por Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad estatal entre 2019 y 2024 bajo la gestión de Adán Augusto López. Bermúdez. Capturado en septiembre de 2025 tras huir a Paraguay, Bermúdez enfrenta múltiples procesos, incluido una orden de aprehensión por desaparición forzada.
La gestión de Layda Sansores en Campeche ha sido señalada por organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa por mantener un patrón de censura y acoso judicial contra la prensa crítica. Eso cobró relevancia luego de que un excomunicador local fuera vinculado a proceso por presuntamente “incitar al odio” en su contra, imponiéndosele restricciones judiciales para publicar sobre la mandataria.
Quintana Roo se suma en la lista. La gobernadora Mara Lezama protagoniza desde finales de agosto de 2026 una investigación periodística del diario Reforma que documentó 605 movimientos migratorios de su entorno familiar y político entre 2018 y 2025.
De ellos, 283 corresponden a vuelos en aeronaves privadas –97 atribuidos directamente a ella–, con un costo calculado en 20 millones de pesos. Al menos dos de los aviones son operados por una empresa vinculada corporativamente a Grupo Seguritech, proveedor de seguridad del gobierno estatal. La mandataria admitió el uso del servicio, pero sostuvo que nunca se pagó con fondos públicos.
Pese a todas las polémicas documentadas en medios y en algunos casos admitidas por los propios mandatarios, casi ningún caso, salvo el de Sinaloa, ha derivado aún en una investigación judicial firme y pública.