Reporte Índigo
La Secretaría de la Defensa Nacional revela en información entregada por mecanismos de Transparencia que esta tecnología se concentra en el norte y occidente del país con fines criminales.
La utilización de drones por parte del crimen organizado en México dejó de ser una táctica regional para convertirse en una amenaza nacional. Su uso —que va desde ataques con explosivos contra rivales y fuerzas de seguridad, hasta el trasiego de narcóticos— ya se extendió a la mayoría de las entidades federativas, un fenómeno que ha comenzado a despertar preocupación en las autoridades de Estados Unidos.
Registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), obtenidos vía Transparencia bajo el folio 340026400026826, revelan que las incautaciones de estos artefactos se han concentrado en 20 estados durante las administraciones de Morena con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el periodo actual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En total, las fuerzas federales han decomisado 200 drones destinados a actividades ilícitas.
La presencia de esta tecnología criminal se concentra con fuerza en el occidente y el norte del país. El “top cinco” de entidades con mayor impacto lo encabeza Sinaloa, con 56 artefactos asegurados; seguido muy de cerca por Michoacán, con 52; Tamaulipas, con 30; Chihuahua, con 11; y Veracruz, con ocho de estos dispositivos.
El resto de las incautaciones se dispersa en otras 15 entidades federativas. En el rango medio de afectación se encuentran Guanajuato, con siete drones incautados; Baja California y Guerrero, con seis casos cada uno; Nuevo León, con cuatro; mientras que el Estado de México y Jalisco registran tres decomisos por estado.
Los registros oficiales muestran una actividad incipiente o de menor volumen en el resto del territorio: Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Sonora aparecen con dos artefactos decomisados por entidad; en tanto que Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo y Durango figuran con un solo caso en sus respectivos territorios.
Estados Unidos alerta por el uso de drones de los cárteles mexicanos
El avance de esta tecnología criminal ya escaló a la agenda de Washington. El pasado 2 de junio de 2026, durante una comparecencia ante la Cámara de Representantes de EE. UU., el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, advirtió explícitamente sobre el peligro de este armamento. El funcionario estadounidense puntualizó que se trata de un “desafío global” y alertó que, si bien los cárteles mexicanos usan estos drones en disputas internas, en algún momento podrían utilizarlos contra los intereses de su nación.
La advertencia no es nueva para Palacio Nacional. Desde el 17 de diciembre de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo había reconocido en su conferencia matutina que el uso de drones por parte de la delincuencia era un tema prioritario y novedoso en las mesas bilaterales de seguridad, detallando que fue un punto de especial interés para los enviados estadounidenses durante una reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos.
Este abordaje bilateral quedó asentado de forma oficial en el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 16 de diciembre de 2025. En dicho documento se confirmó que ambos gobiernos analizaron los desafíos emergentes para la seguridad global y acordaron profundizar el intercambio de información sobre el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales.
Del ataque con explosivos al narcotráfico: los nuevos usos de los drones criminales
Además de su uso bélico en suelo mexicano, los drones se han consolidado como una herramienta logística para el narcotráfico internacional. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE) alertó en su Informe 2024 sobre el crecimiento exponencial de esta modalidad.
Aunque las autoridades mexicanas detectaron los primeros indicios de esta práctica en 2010, el salto cuantitativo en la frontera norte es alarmante. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU citados por la JIFE, mientras que entre 2012 y 2014 se detectaron apenas 150 drones cruzando la frontera, para el cierre de 2022 la cifra se disparó a 10 mil incursiones detectadas únicamente en la zona del Valle del Río Grande, uno de los corredores de tráfico más activos del mundo.