
Proceso
José Gil Olmos
En la actualidad los casos más escandalosos son el Partido del Trabajo y el Partido Verde, cuyos orígenes los encontramos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en ellos llevan la patente de la conveniencia política más que de apoyo ciudadano.
No hay político o funcionario de cualquier partido o nivel de gobierno que no haya hecho de su actividad pública, es decir, de la política, un negocio. Pero como dice el refrán popular: cochino pero no trompudo. Y ahora vemos cómo los partidos Verde y del Trabajo siguen aferrados a no perder sus prebendas negociando como mercaderes su apoyo a la iniciativa de reforma electoral que esta semana presentará la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta perversión de la actividad y responsabilidad pública es uno de los grandes defectos de la clase política nacional, sea del color que sea. En los tiempos del PRI hubo personajes como el profesor Carlos Hank que se enriquecieron desde los escritorios que ocupaban y llegaron a ganarse el mote de “Rey Midas”. Pero también en el PAN los hubo y el caso más escandaloso es el de los hijos Martha Sahagún.Noticias Relacionadas
En la actualidad los casos más escandalosos son el Partido del Trabajo y el Partido Verde, cuyos orígenes los encontramos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en ellos llevan la patente de la conveniencia política más que de apoyo ciudadano.
Al paso de los años en ambos casos sus dirigentes fundadores, Alberto Anaya y Jorge González Torres, convirtieron en un negocio lucrativo sus respectivos partidos, mercadeando su registro al mejor postor.
Y también usando la marca partidista como una franquicia mediante la cual tenían utilidades monetarias en negocios y en espacios de gobierno.
En el caso de Alberto Anaya al frente del Partido del Trabajo las ganancias han sido millonarias a través de Guadalupe Rodríguez, esposa de Anaya, quien maneja los Centros de Atención Infantil (Cendis) en 15 estados. En días pasados, en el marco de las negociaciones de la reforma electoral, lograron conseguir del gobierno federal 828 millones de pesos.

La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum requiere de los votos de los petistas en la Cámara de Diputados y de Senadores. Morena necesita alcanzar las dos terceras partes de los votos para que se apruebe la reforma y el PT, al parecer, ya negoció sus votos como lo hizo en el pasado, cuando en 2017 hubo una investigación por lavado de dinero a través de los Cendis, que desviaron 100 millones de pesos para el PT en Nuevo León. En septiembre de 2018, ya en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, la entonces PGR retiró la imputación a la esposa de Anaya.
El caso del Partido Verde es más escandaloso en el manejo del registro partidista para obtener dinero de negocios inmobiliarios, escaños y gubernaturas, como en Chiapas y Quintana Roo.
Se ha acreditado públicamente cómo es que sus principales dirigentes Jorge Emilio González Martínez, conocido como el “Niño Verde”; el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello; y el exdiputado Arturo Escobar y Vega, entre otros, han sido acusados de corrupción, lavado de dinero y hasta involucrados en hechos de sangre, como el supuesto suicidio de la modelo búlgara Galina Chankova Chanev en noviembre de 2011, que se arrojó de un departamento que en ese entonces habitaba y era propietario Gónzalez Martínez, en Cancún, Quintana Roo.
El Partido Verde ha logrado tener gobiernos en Chiapas y Quintana Roo, y actualmente busca seguir impulsando al gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, quien desea a imponer como su sucesora a su esposa, la senadora Ruth González Silva.
Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde están muy lejos de cumplir con los propósitos que los fundaron: defender los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Hoy son franquicias con dueño y negocian sus canonjías para dar a Morena el apoyo necesario y alcanzar la aprobación de la reforma electoral, pues sin sus votos no se alcanza la mayoría necesaria para aprobarla.
Pero más que negociación pareciera extorsión o chantaje, pues están forzando a Morena y la presidenta Sheinbaum a dar su apoyo, cerrando cualquier espacio de diálogo con tal de mantener los negocios que han construido a lo largo de seis sexenios.
