Por. Manuel Narváez Narváez
Email: Narvaez.manuel.arturo@gmail.com
Por estos meses, pero de hace 38 años, Guillermo Luján Peña, Blanca Gámez Gutiérrez y Clara Torres daban ejemplo de magnanimidad democrática.
Muchos y muchas recordarán, aunque ya anden en valles de sombra, por aquella de la chapulineada, que en 1986 de fraguó un fraude electoral en perjuicio de los chihuahuenses.
Francisco Barrio Terrazas, un exfuncionario federal de medio pelo, encabezó la candidatura ciudadana por el PAN a la gubernatura del estado.
Quienes fuimos testigos de aquella descomunal ofensa perpetrada por el Estado Mexicano, con Miguel de la Madrid Hurtado en la presidencia de la república y Manuel Bartlet Díaz en gobernación, no olvidamos el despojo del triunfo legítimo a los electores hartos del PRI.
Dentro del anecdotario de aquel verano caliente y de la resistencia civil del pueblo de Chihuahua al mando de Luis H. Álvarez, los entonces candidatos plurinominales por Acción Nacional, Guillermo Luján Peña y Clara Torres de Ciudad Juárez, optaron por no tomar protesta como diputados al congreso local.
Eran tiempos de estatura moral del PAN. Guillermo Prieto Luján dirigía entonces las riendas del partido blanquiazul junto a un grupo de ciudadanos y ciudadanos sin pertenencia partidista, pero con un fuerte compromiso con la democracia.
En protesta por los resultados fraudulentos que favoreció al candidato del PRI, Luján Peña y Torres Armendáriz desistieron de asumir las curules que el árbitro electoral en manos del ejecutivo estatal por aquellos ayeres, otorgó como premio de consolación.
A propósito de aquellos tiempos cuando el PAN lideraba los anhelos de la sociedad civil para alcanzar la ansiada democracia frente a un dinosaurio que se negaba a jugar limpio, hoy reencarnado en Morena, invoco aquel precedente de estatura política, de hidalguía, de ética electoral para que, en caso de que el INE y el TEPJF, hoy entregados al presidente de la república y a la 4T, obsequien la mayoría absoluta espuria a Morena, los legisladores de oposición se abstengan de protestar el cargo en repudio al fraude en contra de la Constitución.
¿Se imaginan ustedes estimados lectores qué mensaje de congruencia enviarían el PRI y el PAN para exhortar a sus legisladores a no asumir un cargo público que solo legitimaría una elección de Estado?.
Esta es una oportunidad histórica para robustecer los ideales y principios de la democracia y puede restituirle credibilidad a la política.
Peeeeero, conociendo a Alejandro Moreno, dirigente espurio del PRI, a Marko Cortés, otro mozalbete inmaduro al frente del PAN, y a impresentables como Javier Corral Jurado o Guillermo Anaya, que por nada del mundo van a desperdiciar las jugosas dietas y privilegios que paga el poder público, dudo que se repita la historia.
Todo ese choro de “servir al pueblo”, “lo que el pueblo mande”, “soy un demócrata”, se desvanecen cuando de cobrar como legisladores se trata.
A guisa de ejemplo de la política inmoral, el Universal, diario de circulación nacional, exhibó las múltiples propiedades del prófugo de la justicia y senador plurinominal electo, ahora por Morena, por un monto superior a los 73 millones de pesos (38 mdd).
Al margen de su responsabilidad o no por enriquecimiento ilícito, Corral Jurado cobró como militante del PAN 7.5 millones de pesos siendo diputado federal, 30 millones como senador por 10 años, unos 5 millones como diputado local (equivalentes al 2024) y 12 millones y medio como gobernador.
Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. El poder público en México paga muy bien, por encima de los que pagan los países miembros de la organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE).
Además de la corrupción sistémica y transexenal dentro del poder ejecutivo federal o estatales, el derroche de dinero público se reparte más o menos así:
Regidores (Chihuahua), 3.5 millones de pesos por 3 años. En Juárez 4.5.
Diputados locales (Chihuahua), 5 millones de pesos por legislatura. Los coordinadores parlamentarios 50% más.
Diputados federales, 5.5 a 6 millones de pesos por legislatura (3 años). Coordinadores parlamentarios, presidente de la mesa directiva y de comisiones, el doble.
Senadores, 14 millones de pesos en 6 años (a partir del 2018, antes cobraban hasta 18 millones). Miembro de la junta de coordinación política, presidente de mesa directa o de comisiones más importantes, el doble.
Jueces, comisionados, consejeros electorales, titulares de órganos autónomos y magistrados (Chihuahua), lo mismo que un diputado local.
Jueces y magistrados federales con ingresos parecidos a los de un diputado federal.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, de 3.5 millones de pesos anuales. Duran 15 años en el cargo.
Presidente de la República, 2.2 millones de pesos anuales.
Estas cifras son aproximadas ya que al día de hoy existe un silencio cómplice de no revelar los verdaderos ingresos netos de los funcionarios públicos; así como el silencio del ahora presidente sobre sus ingresos en los 12 años que anduvo en campaña, pero de eso ya se encargará el Mayo Zambada de corroborar los dichos de Anabel Fernández.
Con estos antecedentes, el de los legisladores electos del PAN que desistieron de protestar el cargo en repudio al fraude electoral de 1986 en Chihuahua, y el de los legisladores del PAN y del PRI que tomarían protesta el 1 de septiembre de 2024, tienen pretextos similares, la diferencia puede ser la jugosa dieta.
Es cuanto.
P.D. Saquen cuenta de los que se han embuchacado personajes como Manuel Bartlet, Pablo Gómez, Martí y Lenia Batres, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Fernando Noroña, Mario Delgado, Leonel Godoy, Ignacio Mier, Manuel Velasco (PVEM), Alberto Anaya (PT) y Dante Delgado (MC), entre una kilométrica lista con carreras políticas de más de 25 años.