Proceso
Claudia Zavala, consejera del INE, señala que es grave que varios servidores públicos, incluyendo al presidente, aun sabiendo que la Constitución prohíbe que se pronuncien sobre cuestiones electorales, sigan incurriendo en esa conducta. López Obrador suma ya 51 denuncias.
En seis meses el presidente Andrés Manuel López Obrador acumuló 51 denuncias ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, y no sólo eso: con la posible inscripción en un registro de servidores públicos que infringen la ley electoral, en el Tribunal, al final del proceso esas denuncias podrían servir para calificar la elección, pero el mandatario federal se prepara por si se da ese escenario.
Autoridades electorales consideran que el jefe del Ejecutivo Federal reta lo dispuesto en la ley en la materia, pero su postura difiere: este 27 de marzo el presidente afirmó que nunca ha infringido los lineamientos para respetar la equidad en la contienda electoral.
“Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta, y hay una realidad: el bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información”, aseguró López Obrador.
Por esa razón, dijo, “ni modo que yo me quede callado, o sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo”.
No se está adelantando nada
Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, respondió al señalamiento del presidente López Obrador sobre un posible plan para anular la elección sirviéndose de que estaría inscrito en un registro de infractores en el proceso electoral.
“No lo sabemos, simplemente se va a quedar el registro, hay posibilidades, a ver qué pasa en la calificación de las elecciones, que el Tribunal va a tener que retomar todo para decir cuáles son las condiciones que se requieren para que una elección sea válida. No es que se esté adelantando nada ni se esté preparando nada”, afirmó.
La consejera electoral añadió que “generalmente las elecciones se impugnan y si ya está la información sistematizada, asentada, pues ahí está, ya existe, ¿para qué efectos? No lo sé, pero existe la información”.
Zavala considera que más allá de lo que venga después de la elección hay un tema de mayor preocupación que está vigente.
“Aquí lo delicado es que a sabiendas de que la Constitución prohíbe que servidores públicos se metan en cuestiones electorales, varios servidores y servidoras públicas están reiterando esa conducta”, aseguró.
El jefe del Ejecutivo Federal apunta a las propias autoridades electorales como una oposición que va por afectar a su partido, pero él ha sido uno de los servidores públicos que ha repetido las faltas que reiteradamente señala el INE hasta llegar, finalmente, a violar la ley electoral.
Aunque ha declarado que no afecta la equidad en la contienda electoral, las resoluciones del INE indican lo contrario.
“La conducta ahí está, las sentencias ahí están, la reiteración ahí está y no es que nadie esté preparando nada, son los hechos lo que está dejándose asentado (…) y un principio fundamental es la equidad en la contienda electoral”, recordó Zavala.
El presidente López Obrador no sólo asegura que no interviene en favorecer el voto para la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum; al mismo tiempo denuncia lo que hacían los gobiernos anteriores por el daño que le hicieron a México e indica que si quieren que “siga la transformación, ya saben por quién votar”, frase que ha repetido en varias ocasiones.
Este 27 de marzo también se mostró seguro de que el Tribunal Electoral no puede anular la elección, de lo contrario habrá reacciones.
“Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero, además, imagínense ustedes —toco madera— sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre, o a muchos tigres”.
–Lo van a intentar –se le expuso.
–No, no, no, es que el pueblo es mucha pieza, el pueblo es mucha pieza”, expresó.
La consejera afirma que la conducta de los funcionarios debe tener un sentido en la Constitución, por lo que “sí es delicado que se estén alejando de sus deberes constitucionales. En una democracia no se entiende una conducta que rete así a la Constitución y que descalifique a las autoridades que aplican la Constitución y las leyes”.
Ante las instituciones no hay justificación en torno a que no se tiene conocimiento sobre lo que no se puede decir en periodo electoral porque está establecido en la Constitución.
Motivos de alerta
Y aunque el presidente insiste en que no incide en el proceso por no llamar a los partidos por su nombre o no decir directamente que se vote por Sheinbaum, sus mensajes en eventos públicos, la exposición de programas o logros de gobierno, todo con el uso de recursos públicos son motivo de alerta.
“A mí me parece que es una situación muy grave por dos situaciones: servidores públicos, las prohibiciones, y los límites están en la Constitución y surgieron y se regularon así en nuestro máximo consenso, que es la Constitución, por los reclamos de una elección donde se alegó por quien hoy ocupa el poder, por cierto, intervención de servidores públicos en las elecciones. Hubo la reforma y entonces son claros los límites, no es que no haya claridad”, recuerda la consejera Zavala.
Califica que es desafortunado que el servidor público de mayor jerarquía, es decir el presidente, “tenga una actitud en la que rete al Estado de derecho, eso es delicado de cualquier servidor público”.
El mensaje, indica, es en sí que todos puedan desobedecer las leyes y a las instituciones que están dedicadas y obligadas a hacerlas cumplir, además de que la democracia no se entiende sin el Estado de derecho.
Las conferencias mañaneras sirven para informar a la ciudadanía, pero en tiempos de campaña la línea de los temas sobre los que no se puede hablar se puede exceder, además de que las cuestiones electorales están prohibidas.
Las denuncias que llegan a la comisión son analizadas y se determina si en efecto incurren en alguna falta.
De septiembre a la fecha, de las 51 denuncias, 12 han tenido resolución; 18 fueron desechadas y el resto continúa el trámite. Del total 15 son del PAN, 12 del PRD y sólo una del PRI; además, hay tres denuncias en las que coincidieron PAN y PRD y en una más los tres partidos de la oposición.
Cuatro denuncias fueron interpuestas directamente por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez; dos por el otro candidato Jorge Álvarez Máynez, en una de las cuales coincidió con Mariana Gómez del Campo. El resto son de Ángel Ávila, José Herrera Bermúdez, Pedro Septién Barrón, Adolfo Arenas Correa, Federico Döring, Rubén Moreira, Marco Antonio Mendoza, Julen Rementería y Kenia López Rabadán.
Aunque el presidente ha expresado desconocimiento de lo que se puede o no decir, cada mañana al inicio de la conferencia se escucha el acuerdo que pide no hacer propaganda y “no influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
La consejera Zavala explica que en varias denuncias el INE “sí ha determinado medidas cautelares, porque evidentemente se tratan los temas electorales. Se habla de oposición, de un voto a favor o en contra, se habla de alguna posición que favorece o perjudica a las fuerzas políticas, eso es lo que no pueden hacer los servidores públicos”.
Al ser las mañaneras un medio de comunicación tan relevante –reconocido así por el propio presidente–, lo que hace la comisión del INE en el caso de que procedan las medidas cautelares es ordenar que se baje la parte específica, pero no todo el contenido y se llega a la primera conclusión porque es medida cautelar, es decir el inicio.
También se ha emitido la tutela preventiva al presidente para que evite el contenido electoral en este medio de comunicación.
“Cuando ha llegado a la Sala Superior la resolución que dicta la Comisión de Quejas lo mismo ha señalado y éste es proporcional, sólo quitamos la parte electoral para que no generen estos efectos de posicionamiento desde un gobierno”, afirmó.
“No hay censura”
Para la consejera no existe censura, porque lo que se emite es posterior a cometer el acto; el límite tampoco lo pone el INE; además de que sí se sabe qué no se puede hacer durante todas las etapas del proceso electoral.
“Lo que a mí me llama la atención y me preocupa es –claro lo conocen, lo hacen y después se repara– en materia de procedimientos sancionadores, hay una figura que se llama reincidencia, que es: ya se te hizo el conocimiento de la conducta, sabedor de ello, en las mismas condiciones de tiempo, vuelves a cometer la infracción, y eso se valora al momento de sancionar”.
El problema al llegar a este punto es que “la ley es imperfecta y dice que el INE con la medida cautelar, después se termina la investigación y pasa al Tribunal Electoral, en la Sala Regional Especializada se analiza; se ha llegado en varias sentencias a la conclusión de que sí hay infracción al deber de neutralidad, a las obligaciones establecidas en la Constitución, pero las autoridades electorales no sancionan a servidores públicos”.
Lo que sucede es que se da vista al superior jerárquico, que en el caso del presidente no lo hay; o se da vista a los órganos internos de control, pero no hay sanción.
“¿Esto justifica que no se obedezca la ley? No, de ninguna manera, que el sistema sea imperfecto no quiere decir que haya justificación para violar la Constitución”, aclara.
Al no existir una sanción –a lo más que se llega es a medidas de apremio que pueden ser multas–, para la consejera quedaría en la cancha de la ciudadanía, que es la que deberá evaluar los comportamientos que “sí puede reprochar una conducta que se aparta de la Constitución por parte de los servidores públicos”.
Otra salida para las instituciones es el descrito por la consejera Claudia Zavala.
“El derecho no es ajeno a muchas cosas y la Constitución debe cumplirse. Por ejemplo, el Tribunal ordenó abrir un registro para el caso de los servidores públicos cuando se determine que han infringido la ley y que atañen a las elecciones, porque en algún momento podrán analizar eso”.
También se generó un registro de personas que han sido sancionadas en materia de violencia.
Descalificar sin razones
Zavala, por su cargo en dicha comisión, ha sido blanco de críticas del presidente López Obrador al ubicarla como operadora de los “conservadores” o “filopanista”, hecho que ella considera es muy delicado: “No se entiende una conducta que descalifica sin razones. Lo que deberíamos hacer es poner sobre la discusión pública con las y los ciudadanos las razones (…). En lo personal nunca me voy a enganchar a eso; lamento que se haga de esa forma”.
Además, en las resoluciones siempre se explica, en la exposición de motivos, que la Constitución plasma que la equidad, el deber de neutralidad y de imparcialidad estará sobre la libertad de expresión de los servidores.
Si existe un desacuerdo con los artículos de la Constitución, la vía que existe es la legislativa, pero siempre que se tenga consenso.
Con la actuación que ha tenido en el cargo, afirma, “me quedo muy tranquila, cualquier persona ciudadana que pueda verificar cómo ha sido la actuación de la Comisión de Quejas, que yo presido, puede constatar las razones y siempre va a encontrar congruencia y razón de la misma lectura del derecho de parte de mis votos”.
Llamó a las personas que se involucren en el conocimiento de las resoluciones para que se formen un criterio, “y sobre todo que no hay ninguna intención de dañar nada, sino sólo de conservar nuestro régimen democrático con las reglas establecidas en la Constitución y en la ley”.
Una de las quejas constantes que tiene el presidente López Obrador es que desde la comisión que preside la consejera Claudia Zavala se le señaló por violencia política en razón de género, lo cual rechazó, pero sólo enfocado en las fallas en la transcripción.
Ante esta postura del presidente, la consejera explica que la violencia, de fondo, sí se dio.
“Se englobó en una transcripción, pero al final del camino los elementos estaban dados (…) yo sí estoy convencida de que, desde el lenguaje, desde las palabras, con independencia de quién sea la persona, más a los servidores públicos, hay que ser cero tolerantes a la violencia, ni la más sutil ni la más grave, porque estamos viviendo un tema muy complejo, muy delicado en términos de violencia”.
La idea de imposición de una mujer, detalla, desdibuja la trayectoria con la que ella logró su cargo, se utilicen las palabras que se utilicen y más en el entorno de las distintas formas de violencia contra las mujeres.
“Todas las y los servidores públicos debemos corregir desde nuestro lenguaje, porque estamos en una sociedad que se construyó estructuralmente donde normalizamos la violencia, porque no pensábamos que era violencia, pero hoy sí tiene el nombre y hoy decir que una mujer es manipulada por un grupo de hombres, eso es violencia”, destaca.
