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Andrea Ariet
Pese al descenso en el número de secuestros, en México todavía impera esta práctica por parte de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. DW analiza con expertos un fenómeno “cotidiano” en esta región.
El secuestro masivo de unas sesenta personas el fin de semana pasado en el estado de Sinaloa (México) es el reflejo de un fenómeno que está a la orden del día en el país latinoamericano. Las desapariciones forzadas se producen no solo de mexicanos, sino también de migrantes en su paso hacia Estados Unidos por parte de bandas vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico. Una actividad criminal de la que expertos consultados por DW señalan que se ha convertido en parte del “menú de violencia” de México.
“El secuestro no se da solo con fines económicos, sino también para otros propósitos más complejos como sembrar terror”, indica a DW Juan Carlos Torres, de la Universidad Don Bosco (UDB), en El Salvador. “Cuando hablamos de secuestros en México nos referimos a una violencia cotidiana, a parte del menú de violencia que a diario sufren sus habitantes”, sostiene.
Pese a que la evolución de esta práctica muestra un descenso sostenido en la última década, actualmente se siguen produciendo hasta 3,3 secuestros en promedio al día en México, según los últimos datos contabilizados por la asociación Alto al Secuestro. Solo en el primer bimestre de 2024 se han registrado 141 desaparecidos, un incremento del 14,6% respecto al mismo período del año anterior.
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Múltiples formas y motivos
El secuestro es un fenómeno que adopta muchas modalidades. Por un lado, existe un secuestro con fines económicos contra integrantes de la elite empresarial, de la clase política o personas de clase media-alta, cuyos reponsables son secuestradores que se dedican a esta actividad como tal, señala a DW David Saucedo, consultor en seguridad mexicano.
Estos secuestros con fines de extorsión “buscan obtener ganancias económicas, influir en decisiones empresariales u obtener algún tipo de ventaja comercial”, dice a DW Gabriel Mondragón, investigador en Ciencias Políticas de la Universidad de Hamburgo.
Por otro lado, también se encuentran secuestros con fines de explotación sexual, es decir, hacia jóvenes entre 15 y 25 años, tanto mexicanos como de otros latinoamericanos, engañados y reclutados o prostituidos, indica Saucedo.
Cindy Ortega, investigadora en la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Ciudad de México, pone el foco también en los secuestros con fines políticos, especialmente hacia activistas, periodistas u otros que por su actividad “amenazan al crimen organizado directa o indirectamente, así como al gobierno de turno”, indica a DW.
Migrantes, un blanco fácil
Más allá de estas modalidades, los expertos señalan con preocupación la violencia ejercida hacia migrantes. En diálogo con DW, Saucedo destaca la detención de personas que viajan en las caravanas de migrantes, tanto centroamericanos como mexicanos, “obligados en ocasiones a realizar labores como mano de obra esclava dentro de los cárteles de la droga”.
Pero la violencia hacia este colectivo va más allá. “Los grupos del narcotráfico encontraron que los migrantes son una fuente importante de recursos, divisas y les cobran para poder viajar a Estados Unidos“, dice Saucedo. Es entonces cuando los familiares de los migrantes secuestrados son obligados a pagar un rescate para que se les permita seguir su camino.
De forma similar, Indi-Carolina Kryg, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales (GIGA) destaca el secuestro de migrantes como algo particularmente “lucrativo” para diversos carteles y afirma que “cuanto más restrictivas sean las políticas migratorias de México y Estados Unidos, más personas viajarán irregularmente”, aumentando las oportunidades de secuestro y extorsión por parte de grupos criminales.
Ortega, investigadora de La Ibero, señala también un tipo de “secuestro express” contra migrantes en carreteras o zonas con poca vigilancia. Normalmente estos secuestros se caracterizan porque se libera a la víctima rápidamente tras obtener una suma de dinero. No obstante, estas bandas se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Estos, al no disponer del dinero, son privados de libertad, muchas veces en condiciones deplorables hasta que algún familiar paga una suma en dólares o pesos mexicanos o, en el peor de los casos, son amenazados con mutilaciones o la propia muerte, describe Ortega a DW.
De las 2.402 víctimas de secuestro contabilizadas en 2023, un tercio, es decir, 772 personas, fueron migrantes, según la organización “Alto al Secuestro”.
México, un caso singular
Juan Carlos Torres, coordinador de la Maestría en Políticas para la Prevención de Violencia en Cultura y Paz en la UDB, recalca que en México existe una mayor capacidad bélica de grupos criminales, de logística y de compra de información, así como un control mayor del territorio. Estas particularidades explicarían por qué hay más propensión al secuestro.
En este sentido, los expertos destacan los grupos vinculados con el narcotráfico en el país, los cuales utilizan el secuestro como método de coerción y tortura. Según David Saucedo, se trata de cárteles de nivel medio, como el cartel del Noreste, el cartel de la Familia Michoacana, que encontraron en el secuestro con fines de explotación sexual o hacia migrantes una forma de ingresos de su actividad criminal.
No obstante, según el experto, lo que ha provocado un “boom en la extorsión y el secuestro” en el país fue el “combate al huachicol“, llamado así a la estrategia emprendida por el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador de evitar el robo de hidrocarburos en el país. “Se redujo un delito, pero se indujo a los cárteles a que se dedicaran a otra actividad criminal”, dice Saucedo.
Más investigación y prevención
Combatir el fenómeno del secuestro quizás sea como “tapar un hoyo, abriendo otro”, indica Saucedo en referencia a lo sucedido con el huachicol.
Mientras, para Gabriel Mondragón, el secuestro no debe analizarse como algo aislado, ya que forma parte de un “repertorio de actividades ilícitas”, y de un contexto “donde existe impunidad, debilidad institucional y corrupción”, por eso aboga porque se destinen más recursos a su persecución, investigación y prevención.