Proceso
El presidente Nicolás Maduro debe elegir entre agudizar la catástrofe económica o ceder terreno político al rehabilitar a María Corina Machado como opositora a la presidencia, compromiso contraído con Washington.
Al cumplirse este viernes 25 años de la llegada al poder del chavismo en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo es, de manera paradójica, uno de los más pobres del continente y el único en la región que ha registrado un retroceso en todos sus indicadores económicos y sociales.
“Han sido 25 años perdidos y de un retroceso brutal”, dice a Proceso el economista José Guerra, autor del libro 25 años de gobiernos chavistas, lanzado este 30 de enero.NOTICIAS RELACIONADAS
El exdiputado y economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV) expone los datos del desastre: en el último cuarto de siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela perdió 55% de su valor, el ingreso per cápita se redujo a la mitad, la pobreza creció 2.8 veces, la pobreza extrema se quintuplicó y el salario mínimo –en su equivalencia en dólares– casi se pulverizó al reducirse en 99 por ciento.
El 2 de febrero de 1999, cuando el excoronel Hugo Chávez juramentó como presidente de Venezuela, este país era la quinta economía latinoamericana, con un PIB de 170 mil 093 millones de dólares, y hoy es la décima, por abajo de Guatemala, con un producto de 76 mil 488 millones de dólares en 2023, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Un derrumbe económico de esa dimensión –que contrasta con la expansión de 71% que registró el PIB regional en los últimos 25 años– sólo se explica por la naturaleza de la gestión de Chávez, quien gobernó durante 14 años Venezuela, hasta su muerte, en marzo de 2013, y de su sucesor, el chavista Nicolás Maduro, quien el mes próximo cumplirá 11 años como presidente.
José Guerra, maestro en economía de la Universidad de Illinois, señala que el desastre comenzó con Chávez, quien en 2005 se declaró socialista e inició un proceso de expropiación de empresas que a la postre resultaron mal administradas y saqueadas por allegados suyos, a quienes puso a manejarlas.
El presidente y exmilitar, quien colocó en puestos clave de la administración pública a decenas de sus excompañeros de armas, expropió unas mil 500 empresas de sectores tan diversos como el alimentario, el agroindustrial, el petrolero, la construcción, el comercial, el bancario, el hotelero y el industrial, entre ellas la mexicana Cemex y las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips.
Dinero a manos llenas
Guerra dice que esas expropiaciones provocaron un enorme hueco fiscal, porque varias de las empresas afectadas recurrieron al arbitraje internacional y el gobierno debió desembolsar unos 11 mil 500 millones de dólares en compensaciones y asumir un adeudo por otros 22 mil millones de dólares para liquidar esos activos.
Además, la corrupción, el despilfarro y la inexperiencia de los gerentes chavistas orillaron al Estado a subsidiar con varios miles de millones de dólares más la operación deficitaria de esas compañías, la mayoría de las cuales acabaron en la quiebra y con la destrucción de su planta productiva, lo que llevó a Venezuela a un aumento desmesurado de sus importaciones, que se multiplicaron por cuatro durante los 14 años de gobierno de Chávez.
De acuerdo con Guerra, quien fue diputado opositor y debió salir al exilio por la persecución del régimen, ese gasto improductivo se financió con los recursos provenientes de los elevados precios internacionales del petróleo que se registraron en esos años.
Cuando Chávez asumió la presidencia, en 1999, el barril de crudo venezolano se cotizaba en 15 dólares, y en 2013, año en que murió, el precio había subido a 99 dólares, un aumento de 560 por ciento.
Venezuela producía 2.8 millones de barriles diarios de petróleo, y aunque la estatal Pdvsa ya comenzaba a acusar los efectos de la falta de inversión, exploración y mantenimiento de la infraestructura, los ingresos de divisas por la exportación de crudo eran históricos: en 2012 llegaron a 93 mil 569 millones de dólares gracias a que los precios estaban por las nubes.
Guerra estima que las arcas públicas recibieron unos 780 mil millones de dólares (más de 10 veces el PIB actual de Venezuela) por concepto de exportaciones petroleras durante la administración de Chávez, una suma que, bien administrada, hubiera servido como una palanca de desarrollo.
“Pero todo ese dinero, más unos 107 mil millones de dólares de deuda externa, se fue en financiar a las empresas expropiadas, en subsidiar la gasolina, la luz, la electricidad, el teléfono, el gas, el agua potable, los alimentos, el dólar (que con el control de cambios era artificialmente barato); en subsidios directos a las familias pobres, y en una corrupción desbordada”, señala el economista venezolano.
Cuando Maduro se hizo cargo de la presidencia de Venezuela, tras la muerte de Chávez, quien lo designó meses antes como su sucesor, el modelo económico y social del exmilitar socialista ya era insostenible.
“A Maduro (elegido presidente en unos reñidos comicios el 14 de abril de 2013) le estalló la bomba”, dice Guerra.
Haití como referente
Con una enorme deuda externa y con una industria petrolera en picada, por la falta de inversión y la caída de precios internacionales de crudo, la economía venezolana comenzó con Maduro un largo periodo de recesión que se prolongó de 2014 a 2021 y que provocó una contracción del 75.2% del PIB, un porcentaje nunca visto en un país sin un conflicto armado.
Cuando el sucesor de Chávez asumió la presidencia, Venezuela producía 2.8 millones de barriles de petróleo al día, mientras que en 2023 produjo 749 mil barriles diarios, 3.7 veces menos.
Según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi), que realiza la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la pobreza de ingresos en el país alcanzó en 2022 al 81.5% de la población, mientras que la pobreza extrema llegó al 53.3%, cifras que duplican y hasta cuadruplican las que existían cuando Chávez, primero, y después Maduro, llegaron al poder.
Esos niveles de miseria sólo son comparables en la región con Haití, un país donde la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda. Según la Encovi, en Venezuela sólo el 21.9% de los hogares están libres de la inseguridad alimentaria.
Entre las pérdidas de estos años también hay que contabilizar la merma demográfica. Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 7.7 millones de venezolanos han salido de su país en busca de mejores condiciones de vida, cerca de un tercio de la población.
Maduro culpa de la debacle económica y social a las sanciones impuestas al país por Estados Unidos y la Unión Europea, pero éstas comenzaron en 2019, cuando Venezuela ya acumulaba cinco años consecutivos de recesión que habían mermado la mitad del PIB.
“Las sanciones afectaron, por supuesto, pero la causa central de este desastre es el mal manejo del país por parte de los gobiernos chavistas, el de Chávez y el de Maduro”, afirma Guerra.
Ese mal manejo que refiere el economista venezolano incluye la corrupción, que de acuerdo con los investigadores Carlos Tablante y Marcos Tarre le costó a las arcas públicas unos 350 mil millones de dólares sólo en los años de la bonanza petrolera, entre 2004 y 2014.
En el libro El gran saqueo: quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos, los autores afirman que la Revolución Bolivariana prometida por Hugo Chávez al asumir como presidente terminó convertida “en una autocracia que, en nombre de los pobres, instaló en el país un capitalismo salvaje cuya materia prima son el despilfarro de recursos públicos, la corrupción y la impunidad”.
Política de carro completo
En 2022, la economía venezolana volvió a crecer –un 12%– después de ocho años consecutivos de contracción, lo que los expertos atribuyeron al viraje de Maduro hacia un modelo de mercado en el que los subsidios se retiraron de manera paulatina, sin anuncios, y en el que se retiró en los hechos el control de cambios, lo que acabó por dolarizar las transacciones económicas.
En 2023, la administración del mandatario estadounidense Joe Biden decidió aliviar las sanciones económicas a Venezuela a cambio de que Maduro negociara un acuerdo con la oposición política para permitir que las elecciones presidenciales programadas para este año se realicen en condiciones de equidad, transparencia y con observación internacional.
Biden permitió a la petrolera Chevron reactivar sus inversiones en Venezuela, lo que generó un aumento en la producción de crudo, y el gobierno de Maduro reanudó conversaciones con representantes de la oposición en busca de un acuerdo político.
En diciembre pasado, la Casa Blanca decidió incluso liberar y repatriar a Venezuela al empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro de Maduro y quien enfrentaba en una corte federal en Miami varios cargos de lavado de activos.
Entonces se dijo que el acuerdo no escrito era la liberación de Saab a cambio de que el régimen chavista permitiera el registro de la dirigente opositora María Corina Machado como candidata presidencial para los comicios de este año, que aún carecen de fecha y a los cuales se postularía Maduro en busca de una nueva reelección.
Pero el pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, ratificó la inhabilitación electoral de Machado por 15 años, con lo cual le cerró el camino para inscribirse como candidata presidencial de la oposición.
El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo esta semana que Maduro tiene de plazo hasta la primavera para cumplir con sus “compromisos” para garantizar unas elecciones libres en Venezuela, lo que incluye la habilitación María Corina Machado.
Esto quiere decir que si el régimen chavista mantiene su veto de facto contra Machado, la figura más popular de la oposición, Estados Unidos reanudaría las sanciones y Venezuela difícilmente podrá comenzar una recuperación económica tras varios años de retrocesos.
El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, considera que, pese a esta situación, aún es posible que en este año electoral confluyan una serie de factores que pueden hacer la diferencia entre lograr, o no, el inicio de una transición democrática.
De acuerdo con el académico, el gobierno de Maduro “está en su peor situación” y la oposición, en cambio, tiene una líder legitimada (Machado) con altos niveles de aceptación tras ser electa como candidata presidencial en una consulta interna realizada en octubre pasado, en la cual participaron 2.4 millones de votantes.
Las principales encuestadoras del país coinciden en que el mandatario venezolano es altamente impopular y que la mayoría de ciudadanos quiere un cambio de gobierno, pero el régimen ya demostró en las elecciones de 2018 que, aun en ese escenario, tiene el control del aparato electoral y de todos los poderes del Estado para hacer ganar a Maduro.
Para Alarcón, Maduro enfrenta un dilema: ceder en el terreno político con el riesgo de perder el poder, o mantener excluida a la oposición del juego electoral con el riesgo de que el deterioro económico y social del país lleven a un escenario de catástrofe humanitaria. El académico cree que el gobernante chavista apostará por lo segundo.
El politólogo Ronal Rodríguez afirma que Venezuela ya no es una democracia por el control que ejerce el presidente sobre todos los poderes públicos, lo que le permitirá mantenerse a toda costa en el poder.
“Estamos hablando de una dictadura del siglo XXI que busca fingir que es democrática y que realiza elecciones –asegura–, pero este año seguramente vamos a ver una nueva reelección de Maduro en una competencia desigual, unas elecciones de Estado que serán, más que nada, una puesta en escena”.
Este viernes, el chavismo, con Maduro a la cabeza, conmemorará el 25 aniversario de su llegada al poder. Lo que propios y extraños reconocen al presidente es su capacidad para mantenerse allí, contra viento y marea.
