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Se prevé un aumento de la presencia ante los órganos jurisdiccionales mediante acciones de litigio en defensa fiscal.
Con el propósito de preservar una recaudación sin precedentes, que ascendió a 4 billones 517 mil 730 millones de pesos en 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su Plan Maestro 2024. En este plan, se destaca la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) para optimizar los procesos de fiscalización, así como el fortalecimiento de la atención al contribuyente.
A través de la aplicación de modelos de analítica de grafos y machine learning (aprendizaje automático), el SAT informó que llevarán a cabo la clasificación de contribuyentes de riesgo, la identificación de redes complejas de elusión y evasión fiscal, así como la detección de inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) vinculadas al contrabando y empresas fantasma.
¿Los principales evasores fiscales?
Esta tecnología se centrará en sectores como automotriz, bebidas alcohólicas y cigarros, construcción, farmacéutico, hidrocarburos, logística, plataformas tecnológicas, servicios inmobiliarios, seguros y servicios financieros, y transporte.
Simultáneamente, se intensificará la fiscalización de esquemas de fideicomisos y empresas de intermediación crediticia, la revisión de plataformas tecnológicas, de comercio y cobros electrónicos, así como las operaciones de comercio exterior y los operativos de combate al contrabando y seguimiento al cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos.
Atención eficiente
El Plan Maestro 2024 también contempla mejoras para una atención más eficiente en los más de 35 trámites realizados de manera presencial, asegurando que las solicitudes de citas se gestionen en los primeros 10 días hábiles.
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Adicionalmente, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios, el SAT inaugurará nuevas oficinas de atención en los cinco estados con mayor demanda, sumándose a las 157 ya existentes en el país.
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Se reforzará, igualmente, el programa de Oficina Móvil en las 32 entidades del país, acercando los servicios a lugares de difícil acceso y proporcionando atención prioritaria a migrantes, refugiados, personas de la tercera edad, pueblos originarios, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, entre otros.
Finalmente, en el ámbito jurídico, se prevé un aumento de la presencia ante los órganos jurisdiccionales mediante acciones de litigio en defensa fiscal.
