Proceso
En su informe global, la organización señala que los índices de delitos violentos se han disparado en México desde el inicio de la “guerra contra el narco” en 2006 y menciona la polémica sobre el censo de desaparecidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho pocos avances para atender a los desafíos en materia de derechos humanos en México, incluyendo la violencia criminal extrema, abusos contra migrantes, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, aseveró Human Rights Watch.
La organización dio a conocer este jueves su reporte mundial 2024, y en el capítulo referente a México destaca que durante la presidencia del morenista, la tasa de pobreza se ha reducido del 41.9 % en 2018 al 36.3 % en 2022, de acuerdo con la agencia oficial de análisis de la pobreza. Sin embargo, asegura, la pobreza extrema se ha mantenido en el mismo nivel y el número de personas sin acceso a servicios de salud ha aumentado más del doble.
En seguridad y acceso a justicia, HRW menciona que los índices de delitos violentos se han disparado en México desde el inicio de la “guerra contra el narco” en 2006.
“La tasa de homicidios descendió de 28 a 2.,9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022, pero sigue siendo una de las más altas del mundo. En 2022, dos tercios de todos los homicidios se cometieron con armas de fuego. Alrededor del 70 % de las armas de fuego utilizadas en delitos entran a México de contrabando desde Estados Unidos, según estiman las autoridades”, expone.
Las instituciones de procuración e impartición de justicia rara vez garantizan la rendición de cuentas por crímenes violentos y violaciones de derechos humanos, asevera HRW.
“Alrededor del 90 % de los delitos nunca se denuncian. Un tercio de los delitos denunciados no son investigados por las autoridades. Poco menos del 16 % de las investigaciones se resuelven, ya sea en tribunales, a través de la mediación o mediante algún tipo de acuerdo reparatorio. Esto significa que las autoridades resolvieron poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2022”, detalle en su reporte global.
Human Rights Watch considera habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones: “las autoridades recibieron al menos 15.904 denuncias penales por tortura entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023, según un registro nacional creado por la Fiscalía General”.
Recuerda además que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias visitó México en septiembre y expresó su preocupación sobre que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”.
Refiere que tanto el Ejército como la Marina siguen arrestando a civiles sin informar de estas detenciones en el Registro Nacional de Detenciones, creado en 2019.
Abusos militares
Al igual que sus predecesores, el presidente López Obrador ha dependido en gran medida de los militares para realizar tareas de la seguridad pública, expone HRW en su informe.
“El Congreso, controlado por el partido de López Obrador, disolvió la Policía Federal en 2019 y la sustituyó por la Guardia Nacional, una fuerza militar. En agosto de 2023, había más de 266 mil soldados y elementos de la Marina y de la Guardia Nacional desplegados en el país.
“Desde 2007 hasta julio de 2023, el Ejército reportó haber matado a 5 mil 488 civiles. Estos asesinatos rara vez se investigan de forma independiente. En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1,005 quejas contra el Ejército y la Guardia Nacional, la cifra más alta en nueve años”, detalla la organización internacional.
También considera que existen evidencias de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha utilizado el programa de espionaje Pegasus durante el gobierno de López Obrador para espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de partidos de la oposición y altos funcionarios del gobierno.
Asimismo señala que las Fuerzas Armadas han obstruido la investigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado.
“En julio, el grupo de expertos independientes que investigaba el secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 cerró su investigación y abandonó el país, diciendo que la obstrucción y las mentiras de los militares les impedían determinar la verdad de los hechos.
“Correos electrónicos filtrados sugieren que altos mandos militares habían presionado al gobierno para que retirara los cargos contra los soldados implicados en el caso. En agosto, la comisión de la verdad que investiga los abusos militares contra activistas de izquierda cometidos durante la Guerra Fría dijo que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia se habían negado a darles acceso a documentos cruciales”, dice el reporte.
Desapariciones
Mientras miles de personas desaparecen cada año en México, las autoridades suelen no tomar medidas básicas para buscar a personas desaparecidas, asegura HRW.
“La falta de capacidad forense contribuye a que se produzcan desapariciones e impide su resolución. Las autoridades no lograron identificar unos 10 mil restos humanos en 2021, lo que representa aproximadamente 12 % de los restos humanos procesados por las morgues ese año. La mayoría de los restos no identificados fueron almacenados o enterrados en fosas comunes municipales. Muchas otras personas desaparecidas probablemente fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes clandestinas por grupos criminales, soldados o policías. Entre 2006 y 2023, las autoridades y los activistas encontraron más de 5 mil 600 fosas clandestinas en todo el país”.
El informe recordó que, en mayo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas emitió su primera decisión sobre un caso individual de México.
El Comité concluyó que el Estado había violado sus obligaciones legales internacionales de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la desaparición forzada de un joven que fue sustraído de su casa por hombres armados vestidos con uniforme de policía en 2013.
El informe dedica un apartado a la polémica del gobierno lopezobradorista sobre el censo de desaparecidos.
“El presidente López Obrador ha afirmado que la cifra oficial de desaparecidos, que superó las 110 mil personas en 2023, ha sido inflada de manera intencional para afectar políticamente a su gobierno. En junio, el presidente anunció un nuevo ‘programa de búsqueda’ en el que funcionarios se ponen en contacto con las familias de personas registradas como desaparecidas para preguntarles si sus familiares ya han regresado a casa.
“En agosto, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entidad encargada de llevar el registro de personas desaparecidas, renunció después de que el gobierno supuestamente le pidió que manipulara los datos para ‘reducir’ el número de personas registradas como desaparecidas. En octubre, el gobierno nombró a una funcionaria de la Secretaría de Educación como responsable de la CNB.
“La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y varios colectivos de búsqueda expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de nombramiento. En diciembre, el gobierno dijo que había revisado el registro de personas desaparecidas y no localizadas y afirmó que sólo unas 12 mil personas estaban confirmadas como desaparecidas”.
El reporte también cuestiona que López Obrador haya transferido cientos de funciones gubernamentales a las Fuerzas Armadas, así como el bloqueo contra el Instituto Nacional de Transparencia y los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Y en materia de migración, cuestiona que los delitos contra personas en situación de tránsito rara vez se denuncian, investigan o castigan.
Otros capítulo están dedicados orientación sexual e identidad de género, derechos de las personas con discapacidad y políticas sobre cambio climático y sus impactos.
