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Además de acusar un pacto de silencio por el caso Ayotzinapa, la CIDH se pronunció contra la ausencia de autoridades del gobierno de AMLO durante la audiencia a la que asistieron los padres de los estudiantes desaparecidos y organizaciones sociales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este jueves al gobierno mexicano de López Obrador de estar permitiendo “un pacto de silencio” para que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años a manos del crimen organizado y de autoridades del Estado no se resuelva.
“Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables a pesar de que hay identificadas a las personas”, denunció Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH para México, durante una audiencia del organismo internacional de derechos humanos con sede en Washington.
Durante la audiencia, en la que también estuvieron presentes varios de los padres de los normalistas, su abogado Vidulfo Rosales, integrantes de la sociedad civil que acompañan el caso, como Fundar y el Centro Pro, así como representantes del Estado mexicano, la CIDH hizo hincapié en que la resolución del caso necesita forzosamente de una “voluntad expresa” y de “información clara” por parte de las autoridades de investigación mexicanas.
“Actualmente, hay una situación de no claridad, de no saber el camino ni la ruta. Hay documentos pendientes y que son importantes para completar la información del caso”, señaló la comisionada de la CIDH.
Asimismo, la Corte Interamericana mostró su extrañeza por la ausencia durante la audiencia de altas autoridades del gobierno mexicano que forman parte de la investigación del caso, como el nuevo subsecretario de Gobernación Félix Arturo Medina Padilla, quien sustituyó en el cargo a Alejandro Encinas como nuevo responsable de la Comisión de la Verdad del caso. Y también extrañó la ausencia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, quien se limitó a enviar un escrito a la Comisión enumerando las acciones realizadas por el Ejecutivo federal en este caso.
“Hay que hacer un señalamiento por la ausencia de autoridades claves”, planteó la comisionada Esmeralda Arosemena. “Me hubiera gustado muchísimo tener aquí hoy al fiscal especial (Rosendo Gómez), precisamente por la nota que remite como una información de sus actuaciones. Me hubiera gustado preguntarle cómo está hoy el caso Ayotzinapa, no en lo referente a líneas de investigación, que ya deben estar muy claras cuáles son, sino sobre las acciones dirigidas para alcanzar esas líneas de investigación”.
Además, la comisionada advirtió que “una justicia que tarda, no es justicia, es una verdad que se demora”.
“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera”, recalcó Arosemena.
Por su parte, los padres de los 43 normalistas también lamentaron la no presencia de las autoridades federales.
“Vemos que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo fiscal, el nuevo subsecretario no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos en pie”, expresó Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascensio Bautista.
Mario González, padre de César Manuel González, añadió ante los comisionados de la CIDH: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales (autoridades) para poder hablar con ellos. Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.
Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones ante los comisionados de la CIDH, mismas que fueron publicadas en un comunicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro:
- Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.
- Que se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.
- Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.
- Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.
Por su parte, la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por escrito por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, en donde criticó el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, y no de presentar las líneas actuales de la investigación.
“La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables”, señaló el Centro Pro en su comunicado posterior a la audiencia en Washington.
“Los padres y madres y organizaciones acompañantes lamentaron esta respuesta ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición en México”, hizo hincapié el Centro Pro.
