El Economista
Por: Arturo Rojas
Sólo una tercera parte de los casos con la mandataria se han dado a través de los mecanismos oficiales de extradición.
Durante el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, el número de personas entregadas a Estados Unidos por delitos de alto impacto superó significativamente al del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En total, al sumar extradiciones formales y “expulsiones” o “traslados especiales”, el gobierno mexicano envió 75 personas a territorio estadounidense, frente a 58 extradiciones registradas en 2019, primer año completo del sexenio anterior; es decir un aumento del 29.31 por ciento.
Según información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, México realizó 20 extradiciones formales. Los picos más altos se registraron en febrero (9 extraditados) y agosto (7 extraditados). Además de dos operativos masivos de entrega directa de reos —denominados como “expulsiones”— que sumaron 29 personas en febrero y 26 en agosto pasados.
También, se contabilizaron 36 traslados internacionales de personas sentenciadas que fueron devueltas a sus países de origen o a México, según la definición oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para un total de 111 personas enviadas de la República hacia EU.
De Caro Quintero a la Tuta
En febrero de 2025, el gobierno mexicano confirmó la entrega de 29 reos acusados de narcotráfico y homicidio, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y uno de los criminales más buscados por Estados Unidos desde la década de los ochenta, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.
En ese mismo grupo fueron enviados Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como el Z-40 y el Z-42, exlíderes del Cártel de Los Zetas, detenidos en México hace casi una década.
Seis meses después, en agosto pasado, la administración de Sheinbaum Pardo concretó otro operativo similar, con la entrega de 26 fugitivos acusados de narcotráfico, homicidios y lavado de dinero. Entre ellos se encontraba Abigael González Valencia, alias el Cuini, considerado el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Servando Gómez Martínez, la Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios.
Sin reducir violencia
Según especialistas el aumento en las extradiciones y entregas de criminales a Estados Unidos durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum responde a una maniobra política para reconstruir la confianza de Washington en México. Sin embargo, no representa una estrategia efectiva para reducir la criminalidad en México ni debilitar a las estructuras del crimen organizado.
Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, señaló que “no hay evidencia de que las extradiciones colapsen a las organizaciones criminales”, pues éstas son descentralizadas y sustituyen rápidamente a sus líderes. Por el contrario, afirmó, suelen detonar olas de violencia en los territorios donde operaban los capos detenidos.
Según el especialista, esto no responde a un criterio institucional sostenido, sino que “siempre son el fruto de presiones coyunturales” por parte del gobierno estadounidense.
“No es que haya dentro del gobierno mexicano un proceso objetivo para decidir a quién extraditar. Los capos se almacenan como una suerte de reserva estratégica para ver cuándo conviene entregarlos”, señaló.
Hernández agregó que esta dinámica se ha mantenido pese a los discursos críticos que en su momento sostuvo el presidente López Obrador, quien calificaba la cooperación judicial con Estados Unidos como un “outsourcing de la política de seguridad”. Sin embargo, consideró que tanto el gobierno anterior como el actual han dado continuidad a estas acciones.
Vicente Sánchez, experto en temas de seguridad y exinvestigador del Colegio de la Frontera Norte, recordó que no existen casos recientes de extradiciones desde Estados Unidos hacia México, lo que evidencia la falta de reciprocidad y la desconfianza estadounidense en el sistema penitenciario mexicano, marcado por la corrupción y la impunidad.
“Estados Unidos no confía en cómo se gestionan las prisiones en México, ni en que los sentenciados realmente cumplan sus condenas sin gozar de protección o impunidad. Es una cuestión de confianza institucional”, subrayó.
Para revertir esta situación y fortalecer la soberanía judicial del país, Sánchez consideró indispensable reformar de fondo el sistema de justicia, desde las fiscalías hasta las cárceles.
“Hay que hacer que las fiscalías sean efectivas para armar los casos y defenderlos ante los jueces. También hay que limpiar el sistema penitenciario y eliminar los autogobiernos”, dijo.
Alma Eunice Rendón Cárdenas, exsecretaria Ejecutiva Adjunta del SESNSP, mencionó que, en el caso de la entrega de los 29 y 26 capos, respectivamente, aunque el gobierno federal defendió estas acciones como “traslados especiales”, una categoría que no está contemplada en la ley de extradición mexicana, se podría dar lugar a recursos legales por parte de las defensas de los extraditados o expulsados.
“Las defensas de esos criminales van a tratar de utilizar el tema en la extradición (…) no sé bien cómo vaya a estar la pelea, pero ciertamente el gobierno no tiene un marco jurídico sólido para justificar esos envíos”, dijo Rendón.
Sin embargo, precisó que Estados Unidos aún no confía plenamente en la capacidad del sistema judicial mexicano para juzgar a criminales de alto perfil. “Si los está pidiendo es porque en este momento no tiene esa confianza”, mencionó.