Por: Manuel Narváez Narváez
Email: narvaez.manuel.aturo@gmail.com
Tras cinco años de vivir en Palacio el presidente se da ínfulas de monarca, y busca a cualquier precio destruir la Constitución y la división de poderes.
En la época de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu, Luis XV era rey de Francia, y como monarca absolutista controlaba hasta la justicia; por lo que el Padre de la división de poderes se afincó en Inglaterra, donde se inspiró para dar forma a su teoría de la división de poderes.
La obra “El espíritu de las leyes” fue publicada en Suiza (1748) por razones obvias de censura en su país natal.
Montesquieu propuso una nueva división de poderes del Estado. Concretamente en tres partes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tres poderes en el que ninguno mandara sobre el resto. En un sistema de pesos y contrapesos.
De acuerdo con la teoría el legislativo, es elegido por el pueblo. Y el Parlamento, de acuerdo con la mayoría imperante, elige a su vez al Gobierno (ejecutivo), y elabora las leyes (legislativo).
Unas leyes que los jueces deben administrar y aplicar en nombre del pueblo (judicial), donde reside la soberanía de la nación; “los jueces debían ser la voz muda que pronuncian las palabras de la ley”.
Fue en la segunda mitad del siglo XVIII cuando las revoluciones en Estados Unidos y Francia llevaron a la abolición de las monarquías es sus respectivos territorios para instaurar la democracia y la división de poderes. Estas revoluciones inspiraron la independencia de los pueblos de Latinoamérica de la corona española.
En pleno S. XXI el presidente de México y la 4T quieren regresarnos a los tiempos de la monarquía de Luis XV.
Andrés Manuel López Obrador oriundo de Macuspana, Tabasco; terrateniente de Palenque, Chiapas y majestad de Palacio Nacional, pretende a cualquier costo destruir al poder judicial y reinstaurar el absolutismo en México.
Una de las tres reformas que recién le aprobó la mayoría simple en el Congreso Federal, la de los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, pretende debilitar al poder judicial y, por ende, limitar los derechos humanos a los mexicanos.
Lo explico:
La mayoría simple de Morena y sus aliados PT y PVEM, anularon el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, el cual señalaba: “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.
En términos prácticos, lo que la mayoría simplista quitó fue la posibilidad de que personas con alguna enfermedad cuyos tratamientos o medicamentos -hoy limitados en México- no sean efectivos, puedan importarlos por considerarlos ilegales; es decir, con sustancias derivadas del cannabis, por citar un ejemplo.
El caso de Graciela Elizalde, ‘Grace’, cuyos padres tuvieron que recurrir al Amparo, argumentado el artículo y párrafo que ahora se elimina, es emblemático porque es una lucha para hacer valer el derecho humano a la Salud.
Por su parte, la reforma al artículo 148 de la Ley de Amparo prohíbe a los jueces federales otorgar la suspensión provisional al quejoso que solicite el amparo a la justicia federal ante una Ley que le afecte; por ejemplo: a los campesinos y dueños de predios aledaños a la ruta del Tren Maya, para proteger su propiedad del ecocidio.
O bien, si la o el presidente de México quiere por Ley permitir que se talen los pinos de la sierra Tarahumara, solo se podrá amparar al quejoso en lo individual, por lo que la legislación permitirá a cualquiera continuar con la deforestación, independientemente del tiempo que transcurra para resolver el fondo del asunto.
En los últimos 13 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto en orden la interpretación de los Tratados Internacionales, de la Constitución, la perspectiva de los Derechos Humanos y el principio Pro persona.
El problema del presidente mexicano es que quiere una Corte a modo, dócil y con ideología. Ya logró en su mandato imponer a tres ministras, una de ellas cuestionada por plagiar la tesis de su licenciatura, otra incondicional y la tercera con militancia descarada en Morena.
Como la SCJN no se ciñe a sus designios, López Obrador los ha tildado de corruptos, pero Arturo Zaldívar, ex ministro de la Corte es el asesor estrella de Claudia Sheinbaum, y Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de gobernación de la 4T es senadora por Morena.
El poder judicial es un contrapeso a la tentación del presidente en turno de ejercer el poder absoluto y a la sumisión a éste de una mayoría simple en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
La división de poderes ha funcionado por más de dos siglos en los países democráticos, en el 90% de los Estados adheridos a la ONU.
La convencionalidad y constitucionalidad de los Derechos Humanos ya no está en discusión, y el Amparo prevalece precisamente para proteger a las personas, a las minorías de los abusos del poder.
No es causalidad entonces que, aun con sus deficiencias, el Poder Judicial en México es garantía indiscutible del Estado de Derecho y de la democracia. Lo político es para el poder legislativo y para el poder ejecutivo.
Es cuanto.
No todo está dicho, aún falta que la Corte valide o invalide las Acciones de Inconstitucionalidad que presenten los legisladores federales de las fracciones parlamentarias.
