López Obrador deja sin recursos a dos de sus proyectos emblema: las Tandas para el Bienestar y los Créditos a la Palabra

El País

KARINA SUÁREZ

Especialistas advierten de que las iniciativas carecían de un diseño técnico y vigilancia en la entrega y reembolso de los recursos que hicieran autosostenible su operación.

En plena escalada de contagios de coronavirus en México, el Gobierno de López Obrador ha cerrado la llave de los recursos a las pequeñas y medianas empresas. El Presupuesto de Egresos de 2022 ha dejado sin fondos a dos programas emblema que sirvieron de punta de lanza para que los microempresarios enfrentaran la crisis económica derivada de la pandemia: las Tandas para el Bienestar y los Créditos a la Palabra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido en sus conferencias matutinas que no existen partidas para dichos programas, sin embargo, confía en que con el pago de los créditos que se han entregado se puedan mantener.

En enero de 2019, el presidente anunció por todo lo alto el arranque de las Tandas para el Bienestar, una iniciativa que buscaba apoyar con créditos de 6.000 a 20.000 pesos, con tasa cero de interés, a microempresarios sin acceso a los servicios financieros tradicionales. En el año de su lanzamiento, el programa contó con más de 3.000 millones de pesos. Sin embargo, poco a poco el apoyo gubernamental se fue diluyendo: en 2020, ya con la pandemia de lleno, la iniciativa recibió 500 millones menos de presupuesto y finalmente, en 2021, solo se le asignó una bolsa de 1.500 millones.

Por otra parte, en 2020 los apoyos a microempresas familiares mejor conocido como Créditos a la Palabra han significado una de las pocas opciones de las empresas durante la crisis económica por el coronavirus. Esta iniciativa prestaba 25.000 pesos a tasa preferenciales. Durante el primer año de operación, la Administración federal le otorgó más de 32.000 millones de pesos, no obstante, 12 meses más tarde el presupuesto se redujo drásticamente a 1.500 millones de pesos.

Lo que comenzó como una alternativa económica para los pequeños y medianos empresarios que no podían acceder al sistema bancario se ha visto opacado por la falta de vigilancia sobre el destino y retorno de los recursos entregados. En noviembre pasado, la Auditoría Superior de la Federación reportó que la Secretaría de Economía –dependencia que entonces gestionaba el programa, luego pasó a la Secretaría del Bienestar– no acreditó los criterios que se consideraron para determinar el monto de los apoyos ni el tipo de beneficiarios de la iniciativa. “Se identificaron debilidades e insuficiencias de control que incidieron en la operación del programa, principalmente en los procesos de la determinación de los recursos, la selección de las personas beneficiarias y la determinación de los apoyos por otorgar por cada modalidad que atiende el programa, así como el seguimiento y la supervisión en la entrega de los recursos a los beneficiarios y de los reembolsos de recursos realizados por éstos”, menciona el dictamen.

Expertos coinciden en que estos dos programas carecían de un diseño técnico que los hiciese sustentables para el futuro. Enrique Díaz-Infante, director especialista del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explica que fueron créditos de subsistencia con un carácter meramente asistencialista que no impulsaron el desarrollo, el crecimiento económico ni la movilidad social. “Son programas con un enfoque político clientelar, que no pretenden la inclusión de sus beneficiarios al sistema financiero, tanto por el monto como por la población a la que fue enfocada, son montos tan nimios, que no incidieron en la economía”, menciona.

Carlos Brown Solá, especialista en justicia económica del Instituto del Sur Urbano, hace hincapié en que ambos programas fueron concebidos originalmente para tener un carácter progresivo, en el caso de microcréditos para el Bienestar la idea era que las microempresas iniciaran con 6.000 pesos, para después ir escalando hasta los 20.000 pesos. “De entrada eran programas con una muy buena intención original, el problema, es que los programas nunca lograron escalar. La lógica original era que se diera un impulso inicial con recursos federales y que luego, las devoluciones de los pagos sirvieran para financiar a nuevas personas, que fueran programas sostenibles, el problema es que nunca se pensó en cómo escalarlo y en los mecanismos de cobro”, precisa.

En este mismo sentido, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), señala que tanto los Créditos a la Palabra, como las Tandas para el Bienestar fueron programas que solo tenían una voluntad política, más no una estrategia financiera de fondo. “Lo que anda buscando la gente es una cuenta crediticia, una puerta giratoria, en la que tú armes un historial crediticio que te permita armando una historia de crédito, eso no funcionó con los microcréditos ni con las tandas”, dice.

Rivera añade que en el caso de las tandas, el apoyo inicial de 6.000 pesos para cada beneficiario fue muy marginal, que realmente no solucionaba el problema para los micronegocios. Los representantes del sector coinciden en que ahora existe un vacío que obliga a la Administración a que rediseñe y presente nuevas alternativas para las empresas. “Lo que está diciendo el Gobierno federal es que no ha encontrado la fórmula y no la tiene presupuestada, no la está buscando ya de cómo poder apoyar la reactivación económica abajo”, zanja el representante de más de 1,2 millones de puntos de venta en el país.

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SOBRE LA FIRMA

Karina Suárez

Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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