Prevén aprobar escoltas para Corral el lunes conoce el dictamen completo aquí

La diputada Marisela Sáenz Moriel, integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, informó que el dictamen aprobado en una previa ayer referente a otorgarle escoltas al gobernador Javier Corral Jurado una vez finalizado su mandato probablemente sea aprobado o rechazado el lunes en la sesión del congreso local.

La legisladora compartió con ALCONTACTO.COM.MX, de primera mano el contenido del dictamen:

dispuesto por los artículos 57 y 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen elaborado con base en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I.- El 03 de marzo de 2021, el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, presentó iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y del Decreto No. LXVI/RFLEY/0641/2019 I P.O., a fin de fortalecer la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública.

II.- Con fecha de 04 de marzo de 2021, la Presidencia del H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión, la iniciativa referida a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III.- La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos:

“El 16 de diciembre de 2019, este Poder Ejecutivo presentó Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua y de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios, a fin de crear la Secretaría de Seguridad Pública.

En esa propuesta, se hizo especial hincapié en la necesidad de que el gobierno cuente con dependencias que permitan cumplir satisfactoriamente con los objetivos y funciones encomendadas por los ordenamientos legales vigentes y, sobre todo, que posibiliten satisfacer la exigencia ciudadana de contar con instituciones robustas que den como resultado una acción gubernamental eficaz. Así también, se señaló que históricamente la seguridad pública ha representado un reto para las instituciones gubernamentales del Estado, y por dichas razones se planteó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

 En el proceso legislativo de la iniciativa de referencia, se analizó que para la creación de la nueva dependencia integrante de la Administración Pública Centralizada, era necesario distribuir las facultades que desempeñaba la Fiscalía General del Estado en múltiples materias, como fueron las funciones de prevención del delito, de ejecución de sanciones, así como de reinserción social de sentenciados, las cuales debían incorporarse a la Secretaría en mención, a efecto de que la Fiscalía General centrara sus operaciones en la función esencial consistente en la investigación y persecución del delito. Por ello, se expuso que la Fiscalía General del Estado mantendría la institución del Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigación, la Policía de Investigación, el Instituto Estatal de Seguridad Pública, así como Servicios Periciales; en contraste, se trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública las Instituciones Policiales de la Comisión Estatal de Seguridad, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), las funciones de vialidad y tránsito, así como las de ejecución de penas y medidas judiciales.

 Aunado a lo anterior, la seguridad pública en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de la cual el gobierno federal ha optado por este sistema de separación funcional.

 En suma, lo antes expuesto formó parte del sustento para que ese H. Congreso del Estado, aprobara el Decreto N° LXVI/RFLEY/0641/2019 I P.O., que el Poder a mi cargo publicara el 01 de enero de 2020 en el Periódico Oficial del Estado.

 Sin embargo, con el propósito de fortalecer la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, deviene necesario efectuar algunas modificaciones al Decreto antes citado a fin de lograr una coadyuvancia más firme entre el ente investigador y el órgano preventivo. Ello implica además reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 35 Quinquies, fracción V, para concretar la colaboración que debe existir entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y niños desaparecidos; así mismo, se propone modificar la fracción XIII del aludido artículo para reemplazar el término reos por el de personas privadas de la libertad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.

 En ese sentido, también resulta conveniente adecuar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para lo cual se plantea reformar algunos artículos únicamente en lo que respecta a la denominación de los policías de investigación y no como policía investigadora. Otro aspecto importante para armonizar la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, lo es el cambio de denominación de las distintas unidades orgánicas que integran policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública en diversos artículos, en especial en la fracción XXVI del artículo 4 y el 151 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, lo anterior, para garantizar que la estructura orgánica de la institución responda a las necesidades actuales y cuente con el sustento jurídico para realizar adecuadamente su actuación, así como asegurar los recursos indispensables para el debido cumplimiento de sus funciones.

 Así también, dada la planeación de seguridad pública y la estructura que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, resulta necesario hacer una modificación al artículo 60, fracción III, inciso c) de la citada legislación, relativo a los requisitos académicos del Servicio Profesional de Carrera, para que a las y los policías que se encuentren adscritos a la Dirección General de Investigación Especializada en Casos de Alto Impacto, así como de la Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico y de la Dirección de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad Pública, se les requiera nivel educativo de licenciatura, atendiendo a las funciones técnicas y especializadas que son necesarias para ejercer de manera adecuada en dichas unidades.

 Aunado a lo anterior, resulta prudente modificar el artículo 153 de la legislación en cita, pues la separación de las instituciones llevó a que las categorías y jerarquías de las y los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se planteen en forma separada atendiendo a las necesidades de cada una de las dependencias. Por ello, se propone reformar el artículo de referencia a fin de desarrollar las distintas categorías y jerarquías que actualmente se tienen en la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, la cual se compone de Comisarios, Inspectores y Oficiales, sin que sea necesario remitirse a las de la Comisión Estatal de Seguridad, mencionando además cuáles de ellas son de libre designación por parte de la persona titular de la Fiscalía General del Estado y cuáles habrán de integrar el Servicio Profesional de Carrera.

Con base en los cambios mencionados, es necesario realizar adecuaciones tanto a la integración como a la denominación de la actual Comisión del Servicio Profesional de Carrera señalada en el artículo 192 de la normativa en comento, dado que es indispensable el cambio de nombre de la Policía Investigadora, por el de la Policía de Investigación, toda vez que esta última terminología es la que se emplea en la propia Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, además de separar a la Policía Procesal de esta Comisión, para incluirla en la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, pues de conformidad con el inicio de la vigencia del Decreto N° LXVI/RFLEY/0641/2019 I P.O., esta institución policial pertenece a dicha dependencia.

En el mismo sentido, se requiere una modificación a la integración de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los integrantes de las Instituciones Policiales del Estado, con excepción de las y los miembros de la Agencia Estatal de Investigación, pues en su composición se incluye en la fracción V del numeral 193 del cuerpo normativo en estudio a un vocal, que será un representante de la unidad encargada del control, análisis y evaluación de la Secretaría, solo con voz. Sin embargo, toda vez que esta unidad es la que realiza la presentación de la demanda ante la Comisión, se considera procedente derogar dicha fracción, para que no forme parte de la misma, pues debe existir en todo momento una imparcialidad en los órganos que resuelven las controversias planteadas; lo mismo sucederá con la fracción V del artículo 192 de la ley en cita en lo correspondiente a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los integrantes de la Fiscalía General del Estado.

De igual manera, resulta necesario contemplar que los presidentes de ambas Comisiones del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia consagradas en los artículos 192 y 193 de la precitada ley, tengan la facultad de delegar su carácter de Presidente, debido a la cantidad de asuntos que deben resolver, sin que la o el servidor público en que se delegue la atribución pierda el carácter de representante legal dentro de ese procedimiento, o bien ante los diversos juicios en que funja como parte. En el mismo sentido, resulta conveniente delimitar la integración de los vocales tratándose de las categorías de Ministerio Público, Analistas, Peritos y Agentes de la Policía de Investigación para que sólo la integren cuando se trate de asuntos relacionados con sus categorías, evitando así que algunos opinen y resuelvan desconociendo el asunto en concreto; con ello se lograría reforzar el carácter técnico de la Comisión.

Para concluir con las modificaciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se propone la adición de un Título Décimo Primero denominado “De la Seguridad y Protección de Personas Funcionarias Públicas al Concluir su Encargo o Nombramiento” y un Capítulo Único integrado por los artículos 305, 306, 307 y 308. Debido a la compleja situación que enfrenta el país en general en materia de seguridad pública, se plantea establecer una forma de protección temporal a las personas que en su momento brindaron su servicio a la ciudadanía enfrentando a las estructuras delincuenciales y combatiendo los actos ilícitos de éstas; de ahí que se considera una obligación del Estado, proporcionar de manera transitoria los medios necesarios para el cuidado de personas al momento en que concluyan sus funciones.

Por otro lado, es pertinente efectuar una modificación a los artículos transitorios del Decreto LXVI/RFLEY/0641/2019 I P.O. a fin de adecuarlos con la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se propone una reforma al Artículo Tercero, con el objeto de que los fideicomisos denominados Tránsito Amigo, Policía Amigo y Fanvipol, continúen sus trámites por los integrantes de los Comités Técnicos actuales, por lo que los actos generados y los documentos que se hayan firmado y se continúen realizando tendrán plena validez hasta en tanto se implementen las áreas administrativa, jurídica y las que resulten competentes en la mencionada Secretaría y se analice la operatividad de los mismos.

Asimismo, se plantea adicionar dos párrafos al Artículo Cuarto Transitorio, con el objeto de señalar, en el primero de ellos, que se faculta a la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado para auxiliar y realizar todos los trámites inherentes a la Secretaría de Seguridad Pública derivados de sus funciones, hasta en tanto dicha institución concrete esa función en forma autónoma; y en el segundo, que la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado, auxiliará con sus respectivas unidades orgánicas a la Secretaría de Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones homólogas, hasta que dicha dependencia tenga la suficiencia presupuestaria para tener unidades propias en esa materia.

 Finalmente, resulta también necesario efectuar una modificación a la denominación del Instituto Estatal de Seguridad Pública dependiente de la Fiscalía General del Estado. Como antecedente debe señalarse que, mediante el Decreto LXV/RFLEY/0340/2017 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 07 de junio de 2017, se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua así como la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a efecto de, entre otras cuestiones, modificar el nombre de la entonces denominada Escuela Estatal de Policía, por el de Instituto Estatal de Seguridad Pública. Lo anterior se efectuó con el propósito de que, además de proporcionar capacitación y adiestramiento a los diferentes cuerpos policiales del Estado, también se profesionalizara a los integrantes de las instituciones policiales de la Fiscalía General del Estado, ofreciéndoles preparatoria abierta y bachillerato tecnológico en investigación policial así como diversas carreras profesionales y de posgrado; todo ello, con el fin de elevar el nivel educativo a todos los servidores públicos de dicha institución.

Así pues, atendiendo a las atribuciones otorgadas al Instituto Estatal de Seguridad Pública en el Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado, entre las cuales se encuentran la de aplicar los contenidos de los planes y programas que integran el Programa Rector de Profesionalización, para la formación de quienes integran las Instituciones de Seguridad Pública, así como la de diseñar, junto con el titular de la Fiscalía General, los proyectos de estrategias y políticas para la formación, capacitación y profesionalización del personal, es oportuno resaltar que a través del Instituto se busca lograr la mejora continua y el desarrollo profesional de todos los servidores públicos.

Es así que el citado Instituto ha mejorado su oferta académica con la intención de buscar la integración de nuevos posgrados para elevar el nivel educativo de los servidores públicos de la institución del Ministerio Público, y bajo dicha tesitura, a guisa de ejemplo, en el año 2020 se creó el Doctorado en Ciencias de la Seguridad Pública, mismo que revoluciona la educación impartida por la Fiscalía General del Estado a sus servidores públicos, con la visión de contar siempre con personal altamente especializado.

En ese sentido, la presente iniciativa propone el cambio de denominación del Instituto Estatal de Seguridad Pública, por la de Instituto Estatal de Ciencias Penales y de la Seguridad, toda vez que, al contar con un posgrado de nivel doctorado, se incursionará en la formación de investigadores especializados en las ciencias penales, quienes se encontrarán capacitados para elaborar libros, tesis, ensayos y artículos que serán de utilidad para las diversas funciones que ejerce la Fiscalía General, especialmente en la materia de investigación y persecución de los delitos. El cambio de nombre implica una reforma a los artículos 5 Ter fracción II, 7 fracción II y 7 Bis fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, así como a los numerales 4 fracción XVI, 60 fracción III último párrafo y la denominación del Capítulo XIV del Título Tercero de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.” (sic)

 IV.- En relación al Título que plantea brindar protección y seguridad a personas servidoras y ex servidoras públicas, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, con base en la importancia y atendiendo a la responsabilidad de salvaguardad a integridad y la vida de quien por el ejercicio de su encargo, están sujetos a amenazas o un riesgo, se dio a la tarea de analizar y proponer lo siguiente:

A. En la iniciativa, esta seguridad sería otorgada a quien ocupara la titularidad:

1) Del Ejecutivo del Estado.

2) De la Fiscalía General del Estado.

3) De la Secretaria de Seguridad Pública. y

4) De la Secretaria General de Gobierno.

Gracias a las aportaciones de las personas expertas en la materia, se modifica la propuesta formulada en la iniciativa y se instituye un nuevo proyecto que contempla el mecanismo mediante el cual el Estado podrá brindar a las personas servidoras y ex servidoras públicas protección y seguridad.

Consideramos que la asignación de seguridad es un tema técnico que obedece a circunstancias propias de cada entidad federativa y la columna central de este mecanismo debe de ser un análisis de riesgo sustentado en criterios propiamente técnicos.

La protección y seguridad otorgada por el estado, no es un privilegio, ni una prestación, sino una medida para proteger la vida de quienes ocupan u ocuparon un cargo público.  Por lo anterior, debe de ser conforme a las disposiciones legales aplicables, para evitar el mal uso de los recursos de las y los ciudadanos.

Cabe señalar que dentro de la mesa técnica todas las personas expertas coincidieron en que se debe velar por la dignificación de las y los elementos de seguridad que realizan funciones de protección y seguridad. Esto además de que dichas condiciones propician un mejor desempeño de las actividades propias de su encomienda, debido a que están capacitados para ello.

Por todo lo anterior, estamos de acuerdo en brindar seguridad y protección, no solamente a las personas propuestas en la iniciativa, sino a las que integran las instituciones de seguridad pública en el Estado, procuración e impartición de justicia y todas aquellas que en razón de su encargo asumen riesgos en el desempeño de sus labores.

Además, su durabilidad no será de 4 años o menos, sino que en base a diagnósticos técnicos en compañía de evaluaciones periódicas es que se determinará la temporalidad.

IX.- En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

Artículo 305. El Estado, previo análisis de riesgo, podrá otorgar protección y seguridad durante el tiempo que duren en su encargo, al gozar de licencia o después de haber concluido el mismo, a quienes realice o haya realizado actividades relacionadas con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que, en razón de su empleo, cargo o comisión asuman riesgos en el desempeño de sus funciones, siempre que se justifique mediante el dictamen de análisis de riesgo.

 Cuando exista peligro inminente para la familia del servidor público y se determine así en el análisis de riesgo debidamente elaborado, se podrá autorizar la extensión de esta protección en la proporción adecuada.

 Artículo 306. La Fiscalía Especializada de Análisis, Control y Evaluación, será la instancia competente para realizar el análisis de riesgo y emitir el dictamen correspondiente para determinar que se le brinde seguridad a la parte interesada. Dicho dictamen se realizará mediante investigación de campo y de gabinete, evaluará por lo menos factores de probabilidad de peligro, riesgo o daño, vulnerabilidad, amenazas, umbral de riesgo objetivo y conclusiones.

 Así mismo, esta Fiscalía con base en el análisis de riesgo, deberá precisar los recursos humanos y materiales que podrán ser asignados a la custodia y establecerá la temporalidad de esta protección.

 Se deberá actualizar el dictamen de análisis de riesgo periódicamente, en un lapso de seis meses a un año, para determinar si el riesgo persiste. Artículo 307. El personal comisionado a desempeñar funciones de seguridad y protección a la que se refiere el presente Capítulo, podrá ser aquel adscrito a la Fiscalía General del Estado o a la Secretaría. Los elementos a los que se refiere el párrafo anterior, deberán estar capacitados para el ejercicio de la función y dotados del equipamiento necesario para desempeñar las actividades asignadas.

 El personal comisionado, será sujeto a los derechos y obligaciones que se establecen en las leyes y demás disposiciones vigentes en la materia.

 Al término de la comisión las y los elementos, se reincorporarán a la adscripción que les corresponde. Artículo 308. Para acceder a la protección y seguridad por parte del Estado, la parte interesada tendrá que realizar la solicitud ante la Fiscalía General del Estado quien la turnará a la Fiscalía Especializada de Análisis, Control y Evaluación.

Artículo 309. Las personas titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría, en su ámbito de competencia, vigilarán y darán seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo.

En caso de que se hiciera mal uso de los elementos o recursos destinados a lo referido en el presente capítulo, la Fiscalía de Análisis, Control y Evaluación investigará y determinará si se continúa o no con la protección y seguridad por parte del Estado