Los desaparecidos, la otra pandemia que azota a México

Expansión

Lidia Arista
Además del coronavirus, México padece de otra pandemia: la desaparición de personas. En el país 90,148 personas están desaparecidas y no localizadas. Una cifra que se ha venido acumulando desde 1964. En tres sexenios, ocurrieron el 81% de las desapariciones de las registradas entre el 15 de marzo de 1964 al 2 de agosto de 2021. Desde que inició la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’en el gobierno de Felipe Calderón, los números de personas desaparecidas y no localizadas aumentaron significativamente. Desde el arranque de su sexenio el 1 de diciembre de 2006, y hasta el pasado 31 de julio, se desconoce el paradero de 73,755 personas.

Las madres no paran de buscar a sus hijos

Muchas de estas personas desaparecidas o no localizadas, podrían estar en los Servicios Médicos Forenses, los cuales reportan más de 30,000 cuerpos sin identificar. Los estados de Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, Veracruz y Nuevo León son los que En una de esas entidades, Sonora, desapareció Marco Antonio Sauceda Rocha el 4 de mayo de 2019, quien fue privado de su libertad por hombres armados. La desaparición del joven no fue la única que marcó a su familia.

Cuatro años antes, otro de sus hermanos, Alejandro, también desapareció. Para buscarlos por cada rincón de Sonora o cualquier otra entidad donde puedan estar, la madre de los jóvenes, Cecilia Patricia Flores Armenta, creó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. En entrevista con Expansión Política , Flores Armenta afirma que ésta es la otra pandemia por la que atraviesa México y lamenta que para las autoridades, los desaparecidos sean solo números. “El gobierno no es empático con lo que estamos sufriendo porque para ellos son números, son delincuentes, son vendedores de drogas, sicarios, nuestros desaparecidos. A ellos no les importa que vuelvan a casa, porque los ven como escoria de la sociedad, pero para las familias son nuestra vida entera, por eso luchamos”, asegura.

En la búsqueda de sus hijos, Cecilia Patricia ha recorrido decenas de terrenos, pero también recurre a las redes sociales para que cualquiera le informe del paradero de sus hijos. Esta búsqueda también representa un riesgo para ella. Días después del asesinato de Aranza Ramos , quien buscaba a su esposo, a Cecilia la amenazaron de muerte. Sin embargo, dice que no se detendrá porque las autoridades estatales no están haciendo su trabajo. “Hay cuerpos que los encuentran hasta con credenciales y no son capaces de notificar a la familia para que se hagan los estudios de compatibilidad de ADN y no lo hacen”, critica.

En los servicios forenses de los estados hay más de 30,000 cuerpos sin identificar, muchos de los cuales podrían ser de quienes han sido reportados como desaparecidos, de acuerdo con el estudio Desapariciones forzadas e involuntarias. Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas , realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano y la Fundación Friedrich Naumann. “Los semefos están llenos de personas, de cuerpos que tienen características como clavos en caderas, brazos, tatuajes, pero las autoridades tapan esa información, entonces las familias no saben que su hijo está allí”, asegura Cecila Patricia Flores, quien ha recorrido decenas de semefos en busca de sus hijos.

El director general de la organización I(dh)eas, Juan Carlos Gutiérrez , asegura que los servicios médicos forenses atraviesan por una crisis y rebase de funciones. “Se calcula que hay (alrededor de) 35,000 cuerpos que no han podido ser identificadas, es un número impresionante que requiere una inversión millonaria y una política de Estado eficiente, pero desde los estados porque esos cuerpos no están en el Semefo federal”, asegura.

En cada desaparición siempre hay una historia de corrupción policial, ministerial o estatal. Hay alguien que omitió recibir la denuncia, alguien que participó de forma activa, alguien que solapó a los agresores o que descalificó a la víctima desde el Estado’. Impunidad por corrupción Desde el 1 de junio de 2001 se tipificó el delito de desaparición forzada de personas, sin embargo, como en otros delitos, en éste prevalece la impunidad, pues hasta enero pasado, solo se habían logrado 35 sentencias condenatorias. De acuerdo con Juan Carlos Gutiérrez, en esa impunidad, hay varias responsabilidades e incluso corrupción.

‘Cuando haya alguna sanción contra esos funcionarios públicos que niegan la atención o no cumplen su labor, que no actúan de manera inmediata, las cosas van a comenzar a cambiar”, advierte. La desaparición en México se da por varios factores, pero principalmente por la presencia del crimen organizado y la infiltración que han hecho de autoridades civiles. Un ejemplo, explica Juan Carlos Gutiérrez, es lo ocurrido en Nayarit cuando Édgar Veytia era fiscal del estado . En 2017 47 hombres y mujeres fueron sacados de sus hogares, trabajos o secuestrados en la calle por hombres con uniformes y armas de la fiscalía estatal y luego desaparecidos. Gutiérrez advierte que el delito de desaparición debería ser un asunto que ocupe a los gobiernos estatales, y no deberían deslindarse y dejarle a la federación la responsabilidad.

“La desaparición es el mayor problema de la violencia que se vive en el país, son más de 85,000 personas y es una situación que crece día a día…No podemos pensar que es un tema exclusivo del gobierno federal”, destaca. Incluso durante la pandemia de coronavirus, hubo desaparecidos. En 2020, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) reportó 6,957 ciudadanos en esta condición. A las desapariciones se suma la localización de fosas clandestinas . Tan solo en 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador encontró 559 y un año antes 835. En ambas había 2,410 cuerpos. Las desapariciones no son números, son historias de familias que se rompieron y que día a día luchan porque sus seres queridos regresen con vida o por lo menos, tener información sobre dónde se encuentran. “Cuando desaparecen a uno, desaparecen a familias completas, nos cobran a nosotros las familias una deuda que no debíamos, porque ellos con su muerte pagaron su deuda, pero por qué desaparecerlos”, dice Cecilia Patricia Flores, quien aún con amenazas, todos los días busca a dos de sus hijos.

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