Proveedores mexicanos se quedan “milando”, mientras se adjudica megacontrato de cajeros del bienestar a chinos

La Crónica de hoy

El proyecto no implicaría problema para muchos proveedores mexicanos, se trataba de instalar cajeros automáticos, destinados a dispersar los apoyos directos de AMLO entre la población, pero algunas especificaciones “misteriosas” sacaron a todos de la jugada: qué había que almacenar el equipo por un tiempo indefinido y que no había lugares de instalación en firme…

El pasado jueves primero de julio se adjudicó el contrato de “De cajeros automáticos para 2 mil 700 sucursales del Banco Bienestar” a la sede en México de la empresa china GRG. Sería una licitación más, salvo que cuestiones básicas como los lugares y tiempos de instalación continúan en la incertidumbre, así que calcular los costos resulta igualmente incierto…

Los proveedores nacionales se quedaron atónitos ante el resultado de la licitación que además, en un tema dorsal del gobierno, dejó de lado cualquier consideración sobre la necesidad de reactivar la economía nacional y el involucramiento de empresas mexicanas en un proyecto de esta magnitud.

Las varias indefiniciones técnicas, en cualquier caso, ponen a un proyecto clave para la 4T, de reparto de los dineros de programas sociales, en un alto riesgo operativo y financiero. Fuentes de Crónica allegadas al proceso brindaron elementos que apuntan hacia una elaboración de bases y proceso licitatorio al vapor, sacados con urgencia política y no con claridad técnica para las instancias del gobierno que la operaran como para los proveedores concursantes.

Dos riesgos se hacen evidentes, o bien un armado malentencionado de la licitación para dirigirla a opciones previamente elegidas, o bien una serie de premuras, en las que las secretarías del Bienestar y de Defensa se habrían metido el pie una a otra, que harían imposible que la empresa china designada cumpla cabalmente.

Las bases de la licitación tenían indefiniciones cruciales, muchas veces señaladas por los mismos licitantes tanto en el primer proceso licitatorio como en el segundo que fue finalmente el que se adjudicó. Todos estos señalamientos, que se hacían para que temas básicos de tiempos y sitios fueran aclarados, fueron ignorados por las autoridades.

Poco a poco aumentó el peso de favoritismos claramente marcados hacia los fabricantes de cajeros como GRG, Diebold, Hyosung y NCR, dejando fuera a los principales prestadores de servicios de cajeros que operan en el país. El incluir el tipo de candados de seguridad en los aparatos equivalía prácticamente a señalar a quienes se deseaba contratar, cuando en realidad la licitación se lanzó para conseguir un servicio, el de cajeros automáticos.

El proceso contaba con especificaciones cerradas, algo que ha aparecido en incontables licitaciones elaboradas a modo (por ejemplo, cuando se “licita” la compra de autos en los que se señala un tipo de frenos que sólo están incluidos en una marca).

Pero lo verdaderamente increíble es que la autoridad federal licitante resultó inflexible en los tiempos de entrega de 100 días, que prácticamente solo podría cumplir alguien que ya supiera que debía fabricarlos durante la pandemia y con tiempo suficiente para evitar complicaciones por el atorón del comercio internacional motivado por el Covid-19.

De igual forma, resultó extrañísimo, por decir lo menos, el requerimiento de “almacenamiento temporal de los cajeros por tiempo indefinido” que podía prolongarse hasta por más de un año en bodega, algo que para un proveedor licitante resultaría en costos innecesarios e imposible de calcular. Visto por el otro lado, la Federación estaría pagando para guardar algo que no va a usar durante un año. Simplemente absurdo.

En este es importante recordar que las 2 mil 700 sucursales del Bienestar, hoy por hoy, no están construidas, ni se definió para ellas la infraestructura complementaria para alojar el cajero automático bancario. Aún así, empresarios mexicanos se acercaron a ella suponiendo que las juntas de aclaración serían fundamentales.

Por el contrario, allí quedó claro que la cláusula de reparaciones eran también un absurdo de que la autoridad no desistió. Revisado a detalle, parece tener el objetivo de desalentar la participación del empresariado nacional: Se definió un “precio único de la reparación”, que incluye piezas de recambio, para cualquier deterioro del cajero, sin importar el tipo de incidente, desde vandalismos hasta malos manejos del personal del Banco del Bienestar. Así, reinstalar completamente un cajero robado y mutilado por el crimen organizado o reparar un botón numérico que ya no funcionara debe costar lo mismo… y sobre ese precio único, ni siquiera se definió tiempos y formas de pago.

El licitante ganador estaría por llevarse un megaproyecto que parece encerrar un grandísimo problema de ejecución.

 

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