No cesan las detenciones de críticos al Gobierno de Nicaragua pese a la resolución de la OEA

France 24

Una nueva detención política en Nicaragua amparada en la Ley 1055, poco después de que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobara, con 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, la resolución denominada “La Situación en Nicaragua” para exigirle al presidente Daniel Ortega “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”.

En Nicaragua, el clima de represión y persecucción política se ha convertido en rutina para el Gobierno de Daniel Ortega y la Policía Nacional. Durante la noche del martes al miércoles, los funcionarios arrestaron al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Alberto Rivas Anduray. Los motivos de su detención operan bajo la misma lógica que los doce arrestos anteriores y están amparados por la nueva normativa 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación.

Rivas Anduray, según comunicó la Policía oficialista, habría realizado actos para “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el Ejecutivo sandinista de Ortega, penalizados con dicha norma.

Según el comunicado policial, el banquero también está acusado por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Por su parte, Banpro, una institución financiera que se dedica a realizar pagos de multas de tránsito, adcritos a la Policía Nacional, pagar nóminas del Estado y la pensión a los jubilados, entre otros, todavía no se ha pronunciado respecto al arresto de Rivas.

La detención del banquero suma un nuevo arresto político y se sucede el mismo día que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprueba una resolución para la liberación de los presos. Fueron 26 de los 34 países miembros activos de la OEA los que apoyaron el martes la iniciativa que, en forma de resolución, le exige al Gobierno de Nicaragua parar con tantas arbitrariedades políticas y en detrimento de los derechos humanos

Antes de la votación de la resolución llamada “La Situación en Nicaragua”, la OEA condenó el encarcelamiento de cuatro opositores aspirantes a la presidencia de este país y exigió garantías de libertad y justicia para los comicios de noviembre de este año.

Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú fueron los que más apoyaron la resolución que logró superar con una amplia mayoría la barrera de 18 votos que necesitaba para ser aprobada.

Por su parte, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra, mientras que cinco países se abstuvieron de participar: Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina. A través de un comunicado, estos dos últimos países manifestaron su “preocupación” por la detención de figuras políticas de la oposición, aunque se mostraron en contra de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua.

El camino a la suspensión de Nicaragua

Entre los puntos de la resolución votada este martes, el que tiene más relevancia es el que resuelve condenar “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias” impuestas a los aspirantes presidenciales, partidos políticos y medios de comunicación en Nicaragua.

La OEA está igualmente preocupada por el hecho de que el Gobierno de Ortega no haya implementado hasta ahora reformas electorales destinadas a garantizar unas elecciones presidenciales libres y justas el próximo 7 de noviembre. Además, el organismo le pide al país centroamericano que permita la presencia de observadores electorales independientes.

Nicaragua no tardó reaccionar ante las peticiones de la OEA, a través de su embajador en dicha organización, Luis Alvarado, quien rechazó la propuesta de que el proceso electoral de Nicaragua sea vigilado, asegurando que se trata de un asunto interno.

“Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización”, dijo Alvarado durante la sesión.

La relación entre Nicaragua y la OEA no es muy estable, sobre todo desde enero de 2019 cuando su secretario general, Luis Almagro, empezó el proceso para aplicar a esta nación la Carta Democrática Interamericana, la mayor sanción que puede imponer el organismo y que es el camino a la suspensión de un Estado miembro.

Ortega y sus aspiraciones a una tercera reelección consecutiva

En los últimos días, el mundo ha sido testigo de una serie de detenciones de políticos nicaragüenses por parte del Gobierno de Daniel Ortega. Según las autoridades y el ministerio Público de Nicaragua, han actuado en contra del país de diferentes maneras, por lo que han merecido la cárcel.

Los opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, todos precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, están actualmente bajo arresto.

A la lista de opositores tras las rejas se suma Daysi Tamara Dávila Rivas, hija de un militar retirado, así como los líderes y críticos del Gobierno, Violeta Granera, José Pallais y José Adán Aguerri.

Además, el pasado fin de semana también fueron detenidos seis disidentes sandinistas, incluidos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, y el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Las autoridades nicaragüenses han dado rienda suelta a las detenciones bajo el amparo de la muy conveniente “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, aprobada en diciembre de 2020.

Dicha legislación asegura que los llamados “Traidores a la Patria”, dice el texto, “no podrán optar a cargos de elección popular”, de haber cometido crímenes, entre ellos, alterar “el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, entre otros.

No es raro entonces que este tipo de detenciones arbitrarias tengan lugar, justo cuando Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

Con EFE, Reuters y medios locales

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