En cámara de ciegos el más güey es rey

Por: Luis Villegas Montes

En este desorden institucional que caracteriza la política local, el papel del Congreso del Estado resulta emblemático por triste. Cuando parecía que había cierto distanciamiento del Ejecutivo —la no aprobación de una reforma electoral hecha sobre las rodillas, la negativa para aprobar un endeudamiento a modo, etc.—, viene el asunto del Magistrado Jorge Ramírez y los pone en el camino de una humillante, otra, genuflexión. Ahí los diputados, o el animal que los está asesorando, vuelven a las andadas.

Miren ustedes, en el incidente en revisión administrativo 314/2020, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, expresamente determinó en su segundo resolutivo: “Se concede a Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, la suspensión definitiva de los actos reclamados, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria”.

El sustento de esta resolución se halla en el sexto considerando, el cual estima, entre otras cosas, que respecto de los efectos y consecuencias subsecuentes de las normas reclamadas, en relación con el acto de aplicación: “Continúe el procedimiento de declaración de procedencia, que se le instauró, por todas y cada una de las etapas procesales”.

Es decir, en términos coloquiales, ocurrió que dicho Tribunal repuso el procedimiento y dejó sin efectos lo resuelto por el Congreso en el procedimiento de declaración de procedencia que se le instauró al Magistrado. No otro es el sentido de la expresión que ordena que dicho procedimiento continúe “por todas y cada una de las etapas procesales” que correspondan. Al ordenar que el procedimiento continúe, es obvio que todo lo resuelto en la declaración de procedencia queda sin efectos; y si es así, no hay resolución y si no hay resolución Jorge Ramírez es Magistrado, con todo lo que ello implica.

Solo los disque abogados —poco menos que animales— que se encargan de estos menesteres al interior de la Legislatura no lo entienden de esa manera y, con ello, se están llevando entre las patas a los diputados pues, si lo anterior no fuera bastante ni estuviera lo suficientemente claro, el inciso c) del mismo considerando textualmente prevé en su primera parte: “No impedir al quejoso continúe ejerciendo sus funciones”.

Lo que aleguen los imbéciles que supuestamente asisten al Congreso en la toma de decisiones, en el sentido de que la resolución es de imposible cumplimiento, no saben leer, no entienden el derecho, no estudian o carecen de los pantalones necesarios para decir “no”. Así es, a través del oficio SALJ-DJ-1522/2021, emitido por Luis Enrique Acosta Torres, titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso, el Poder Legislativo justificó la negativa diciendo: “resulta material y jurídicamente imposible el cumplimiento de los efectos de dicha concesión, toda vez que el Procedimiento de Declaración de Procedencia instaurado al quejoso, ya se agotó en su totalidad desde el año próximo pasado”.[1] Si no les temblaran las corvas, nada más por el riesgo en que los pusieron, los diputados deberían correr ipso facto al idiota que se atrevió a suscribir ese mamotreto. No lo van a correr, por supuesto, escudadas esas lacras en las faldas anchas de la Diputada Blanca Gámez quien ha permitido no solo esa, sino una y otra estupidez que, desde el arranque de la anterior Legislatura, ha debido padecer el Congreso, garrotazo tras garrotazo (pobres).

Si se hace justicia, al Magistrado lo van a reinstalar, al Congreso le van a imponer una buena multa por negarse a cumplir con dicha resolución a las primeras de cambio y salir con ese tipo de babosadas y a los responsables los van a correr por inútiles y cobardes.

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Luis Villegas Montes.

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