La nueva Ley de la FGR, “un retroceso para las víctimas”: ONU

REVISTA PROCESO
Por Gabriela Sotomayor

Cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos piden al presidente Andrés Manuel López Obrador detener la aprobación de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República.

Debido a que la nueva Ley de la Fiscalía General de la República implica “un retroceso para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos”, cuatro relatores de las Naciones Unidas piden al presidente Andrés Manuel López Obrador detener su aprobación. Lo hacen en una carta que enviaron a Palacio Nacional y en la que advierten que artículos de esa ley no sólo son incompatibles con los tratados internacionales que México ha ratificado en esta materia, sino que vulneran logros y derechos ya establecidos en el país.

Ginebra (Proceso).- Cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos piden al presidente Andrés Manuel López Obrador detener la aprobación de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR)

La razón: esta nueva ley, así como las reformas a otras leyes relacionadas, “parece constituir un retroceso para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en México”.

En carta enviada al presidente López Obrador el pasado 21 de enero, a la que tuvo acceso Proceso, los expertos de la ONU señalan que la LFGR afecta “las obligaciones del Estado de garantizar el derecho de las víctimas (de violaciones a los derechos humanos) a un recurso efectivo” de justicia. Sostiene que la nueva norma socava “la independencia” de la Fiscalía General de la República (FGR), obstaculiza “el conocimiento de la verdad” en casos de violaciones a derechos humanos e impide realizar una “investigación eficaz de los hechos y sancionar a los responsables”.

“En el contexto de nuestro examen de este proyecto legislativo, consideramos que su aplicación podría afectar negativamente el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en México”, afirma la carta firmada por Tae-Ung Baik, presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas; Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos; Diego García-Sayán, relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; y Felipe González Morales, relator especial sobre los Derechos de los Migrantes.

En su opinión la LFGR “podría perpetuar una tendencia preocupante, ya identificada por varios mandatos de las Naciones Unidas”: limitar cada vez más “el derecho a un recurso efectivo de las víctimas, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, el principio de independencia de la Fiscalía y la búsqueda de personas desaparecidas”.

Señalan que “ciertos artículos de la LFGR son motivo de preocupación en lo que respecta a su conformidad con las obligaciones de México en materia de derecho internacional, en especial aquellas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”.

Advierten que la aprobación de la LFGR implicará modificar un conjunto amplio de leyes secundarias. Subrayan la importancia de que tales modificaciones “incluyan las salvaguardas necesarias para la protección adecuada de las víctimas de violaciones de derechos humanos de conformidad con las normas internacionales” en la materia.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2315 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 14 de marzo de 2021.

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