Radiografía de la polémica iniciativa de AMLO para proteger a CFE: “Espíritu patriota sin ningún beneficio para el mexicano”

Por Elisa Ramírez

Si se aprueba la iniciativa “anticonstitucional”, los efectos podrían ser catastróficos en el corto y mediano plazo, aseguraron especialistas a Infobae México.

En la última semana se generó una nueva polémica en torno a la política energética de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, el mandatario envió al Congreso mexicano una iniciativa preferente que busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del estado, por encima de energías limpias y empresas privadas.

Esta situación ha originado un sinnúmero de críticas y reproches en los diferentes sectores económicos, políticos y sociales de México, además de una gran preocupación por parte de los mayores socios comerciales del país. Organismos comerciales y especialistas en el tema han alertado que de aprobarse esta propuesta, los efectos podrían ser catastróficos en el corto y mediano plazo.

Recientemente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los grupos de presión más importantes del país, advirtió que la iniciativa podría restaurar el monopolio de la CFE, elevaría significativamente el costo de la electricidad, limitaría el acceso a energía limpia para los mexicanos y violaría los diferentes acuerdos comerciales que México está obligado a cumplir.

En entrevista con Infobae México, Víctor Ramírez, Vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, coincidió con las advertencias del organismo; no obstante, aclaró que este incremento en el costo de la electricidad no se vería reflejado en los recibos de luz domiciliarios, puesto que el Estado mexicano continuaría subsidiando este aumento; sin embargo, sí impactaría en aquellos comercios e industrias que no tienen subsidio (manufactura, construcción, hospedaje, etc.), lo que al final provocaría que todos los productos y servicios se encarezcan.

“Lo que sí va a incrementar es el costo para los que no están en tarifas subsidiadas: el mercado eléctrico o el costo de la industria, empresas y comercios que finalmente será un encarecimiento de los costos de todos los productos que consumimos los mexicanos”, alertó.

Además, señaló que lo que México gastaría aumentando dicho subsidio para no incrementar los precios domiciliarios de luz, lo podría invertir en otras áreas de mayor urgencia, como la compra de vacunas contra COVID-19.

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“Es dinero que podrías ahorrar de otra manera, es decir, el costo de la energía eléctrica en la red es la que tendería a subir y como estamos en año electoral, el gobierno va a evitar que el incremento del costo se vea en las facturas, pero lo hará incrementando un subsidio que podríamos estar usando para cosas más útiles en ese momento, como recuperación económica, inversión productiva o inclusive compra de vacunas”, explicó el especialista en el sector eléctrico.

“Estamos hablando de alrededor de 110 mil millones de pesos por concepto de subsidio a las tarifas eléctricas que se están usando de forma indebida cuando podríamos estar recibiendo energía más barata en el mercado y ahorrar con eso”, destacó.

Cabe recordar que el marco jurídico vigente —producto de la reforma de 2013— busca que en el sistema eléctrico nacional participen empresas privadas y la CFE bajo la conducción del estado, a fin de reducir costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, disminuyendo así las tarifas eléctricas.

Sin embargo, la iniciativa que propuso el presidente cambia esa idea, pues sugiere que la mayor parte de la energía en México la produzca el gobierno, desplazando al tercer lugar las energías eólica o solar privadas. La prioridad de producción sería en este orden:

1.- Plantas hidroeléctricas de gobierno

2.- Plantas geotérmicas, termoeléctricas, de ciclos combinados y nucleares de gobierno

3.- Plantas eólicas y solares de compañías privadas

4.- Plantas de ciclos combinados y cualquier otro tipo de energía de compañías privadas

La CFE cuenta con plantas de generación baratas y caras; estas últimas —que usan combustibles altamente contaminantes como el combustóleo, carbón y diésel— sustituirían a las plantas de generación más baratas que corresponden a las de energía renovable y a las plantas térmicas de las empresas privadas. En este escenario, la energía además de más cara, sería más contaminante.

Cuando se hizo la Reforma Energética, se abrió la comercialización de energía a la competencia y todos los generadores estaban en igualdad de condiciones: ninguno era favorecido.

“Esta iniciativa lo que busca es que los generadores de CFE tengan predilección no por ser más baratos como dice actualmente la Constitución, sino por ser una empresa del Estado, ¿esto qué significaría? que hay generadores que están obedeciendo a la libre concurrencia y por CFE están en una relación anticompetitiva, contrario a lo que dice la Constitución”, señaló Ramírez.

Lo anterior significa que actualmente los generadores sí están en igualdad de condiciones para competir entre ellos, pero al competir con la CFE, según lo dispuesto, ésta tendría preferencia y ahora todos estarían en una relación anticompetitiva, lo que violentaría el artículo 25 constitucional, el cual señala que la ley alienta y protege la actividad económica que realicen los particulares, promoviendo la competitividad.

“No es necesaria esta iniciativa y es contraproducente: no va a mejorar el estado de finanzas públicas, al contrario, tendería a empeorarlas, tampoco va a mejorar el desempeño económico y lo único que va a hacer es alimentar un espíritu patriota, pero sin ningún beneficio para el mexicano. Están rescatando la visión cardenista, pero estamos en otro mundo y ya las cosas son muy distintas”, sostuvo el experto en el sector energético.

Cabe destacar que al ser una iniciativa preferente, los diputados deberán tramitar la iniciativa en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno. De ser aprobada, será turnada al Senado, que deberá procesarla en otros 31 días.

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