Pide Congreso de Chihuahua transparencia en el proceso de cambios de adscripción de docentes

Integrantes de la Diputación Permanente aprobaron la iniciativa presentada por el diputado René Frías Bencomo, en la cual se solicitó apoyo al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Educación, por medio de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, intervenga en el proceso de cambios de adscripción de docentes de nivel secundaria del sub sistema federalizado.
Lo anterior, para que se determine si le corresponde a los más de 200 docentes afectados el derecho a basificar las horas interinas que cubrieron desde hace varios años, y en su caso, realizar la evaluación pertinente y la adecuación regionalizada de los perfiles idóneos para cubrir las vacantes en cuestión.
El llamado también se hizo al Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte, mediante los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) en la Entidad, proponga a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la regionalización de los Perfiles Profesionales que tienen los cientos de docentes, que fueron evaluados en su oportunidad y que cubrían las vacantes en controversia, que son contempladas en el proceso de cambios de adscripción, o que, solicite a la autoridad federal convocatoria extraordinaria para evaluación y asignación de las horas y plazas que hoy cubren de forma interina.
Lo anterior, con el objeto de salvaguardar los derechos de las y los maestros y así, contribuir al respeto y revalorización de esta figura tan importante en la Entidad.
Dentro de su exposición, el Legislador señaló que el pasado día 12 de agosto fue suspendido el proceso de cambios de adscripción de los docentes federalizados por la representación sindical, quienes argumentaron que no se habían respetados los acuerdos signados entre las partes, dentro de los que se destaca, el que se ofertarán como vacantes las horas interinas que más de 200 docentes habían ocupado por hasta 6, 5, 4 y 3 años, sin otorgarles la base correspondiente por distintas trabas de la autoridad en turno, aún y cuando los profesores fueron evaluados en su oportunidad obteniendo resultados buenos y destacados.
Esta acción, que a todas luces vulnera los derechos de los trabajadores de la educación, la sustenta los SEECH y la USICAMM local, en que los profesores no cubrían el perfil profesional emitido por la Secretaría de Educación Pública y la USICAMM para el ciclo escolar, sin embargo, esto es por omisión de la misma autoridad local, ya que, fue ella, quien los contrató, luego les pidió que se evaluaran, y esta instrucción fue acatada por las y los docentes, quienes obtuvieron resultados satisfactorios, y destacados, sin embargo, la autoridad local fue omisa en sus facultades, donde pudo resolver esta controversia con la suficiente antelación.
Además recordó que la Ley General para el Sistema de las Maestras y Maestros, prevé que en materia del Sistema, corresponde a la Federación la rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación. Para establecer los perfiles profesionales, el proceso de valoración de las habilidades socioemocionales y los requisitos mínimos que deberán cumplirse para la admisión, promoción, y reconocimiento en el Sistema, según el cargo de que se trate; la Secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas de las entidades federativas.

Solicitan al Ejecutivo Estatal nueva tarifa para licencias de comercialización de bebidas alcohólicas


Los integrantes de la Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Estatal, para que en el uso de sus atribuciones se emita una nueva tarifa para el cobro de derechos en materia de licencias para la comercialización de bebidas alcohólicas, en sus distintas modalidades.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada del PAN, Patricia Gloria Jurado, quien mencionó que se debe de impulsar la actividad económica en nuestro estado y con ello, contribuir con las familias chihuahuenses.
“Una de las labores importantes de nosotros los diputados, es que en las leyes de ingresos se prevean bases más equitativas y acordes a nuestra realidad económica, lo que refiere a una responsabilidad compartida entre los distintos poderes públicos de la entidad”, señaló.
Dijo que el propósito de la iniciativa antes referida, incide con los motivos con los que se crearon las leyes de alcoholes, es decir, dar mayor certeza jurídica, motivar el desarrollo económico e incentivar la inversión, en el ordenamiento jurídico para reglamentar la venta y suministro de bebidas alcohólicas.
“Uno de los propósitos de contar con el instrumento normativo antes aludido, ha sido que los y las ciudadanas interesadas en comercializar con bebidas alcohólicas, lo puedan realizar con libertad de comercio, sin tener que estar sujetos a la exclusividad de una cervecería”, recalcó la diputada.
Sin embargo expresó que esto no ha ocurrido por diversos factores, entre ellos, la tramitología de carácter administrativo para obtener una licencia, así como los altos costos de los derechos y todo lo necesario dentro del procedimiento para lograr su expedición.
“En lo referente a la operación y costos de las licencias mediante las cuales el Poder Ejecutivo del Estado, autoriza la operación y el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la venta y/o suministro de bebidas alcohólicas, en diversas reuniones en el Distrito que represento, principalmente en Nuevo Casas Grandes y Ascensión, ha sido posible identificar una realidad en la que los comerciantes ven inaccesible obtener esta autorización debido a los altos costos para su expedición”, comentó.
En este sentido, señaló que resulta una mejor vía operar para los comerciantes, con las múltiples autorizaciones que poseen las distintas cervecerías y las desventajas en materia de competencia económica que esto implica.
“El principal objetivo que se persigue es que el sector empresarial se vea beneficiado con tarifas por derechos que observen principios de equidad y proporcionalidad tributaria, que guarden una justa relación entre el servicio prestado y el costo del mismo y que se contemplen aspectos ajenos como el aforo, ya que son elementos que no inciden directamente con el mismo del servicio prestado”, puntualizó

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