La justicia apesta a política.

Por: Manuel Narváez Narváez
Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com
Dos noticias del día de hoy (30/07/2020) despertaron mi interés.
La primera es la publicación del Diario Reforma, en la que el ex gobernador de Chihuahua, preso en una cárcel de Miami, Fl., por presunta delincuencia organizada, habría acusado al actual gobernador, Javier Corral Jurado, de estar coludido con el narco.
Estas acusaciones se dan en el marco de la disputa entre ambos políticos; sin embargo, creo vale la pena poner en contexto este tipo de acusaciones.
Por muchos años, cuando el PAN era oposición, los oradores y candidatos que se paraban en cualquier plaza de Chihuahua, daban rienda suelta a la lengua y acusaban, sin mayores pruebas que la pasión del momento, la supuesta colusión de cualquier cantidad de funcionarios del PRI con el narcotráfico y el fraude electoral. Así fue por muchos años.
Paradójicamente, un conductor de noticiarios (vigente) que habría trabajado en la PGJ de Paco Molina y Arturo Chávez, durante el gobierno de Barrio; confío alguna ocasión que el entonces narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “el señor de los cielos”, fue retenido en la aeropista de Villa Aldama, Chih., pero que fue liberado tras una orden desde palacio de gobierno, por peticiones de gente del D.F.
A este hecho, se le suman las afirmaciones de una ex dirigente y ex legisladora del PRD local, en el sentido de que la administración panista 1992/1998, sostenía lazos con el narcotráfico. Jamás se presentaron pruebas, todo quedó en el chisme y la especulación.
En los tiempos preelectorales que estamos viviendo, Corral acusa a Duarte de haber creado una red de corrupción y corruptora, discurso ochentero similar al que empleaban Guillermo Prieto Luján y Luis Herrera González, para dirigirse al priato.
En esta misma tesitura, Andrés López Obrador acusa huachicol del agua como principal pretexto de los productores del centro-sur del estado, que se han manifestado en contra del vaciado de aguas de las presas de la región agrícola de Chihuahua.
En el mismo marco, el presunto delincuente Emilio Lozoya Austin, arraigado en un lujoso hospital de la CDMX y posteriormente en su domicilio, ha acusado una extensa red de corrupción desde las altas esferas del gobierno de Peña Nieto, para corromper al PAN, PRD y al PVEM, y que éstos aprobaran, a través de sus legisladores federales 2012/2015, la reforma energética. Acusaciones que el presidente da por ciertas y utiliza para azuzar a sus huestes en contra de la oposición.
Las preguntas serían: ¿qué tan fiables son las acusaciones de presuntos delincuentes con carácter de testigos protegidos, es decir, el Estado les garantiza inmunidad a cambio de información, y qué valor probatorio tienen para el juzgador?; aceptarlas sería politizar los asuntos jurídicos o significa utilizar el poder del Estado para menguar al enemigo político?.
El segundo tema es la petición del presidente norteamericano, Donald Trump, de posponer la elección del primer martes de noviembre, donde se juega la reelección.
La preocupación del mandatario republicano, que marcha con clara desventaja frente a su único contrincante, el demócrata, Joe Biden; es que éstos últimos impulsan la votación masiva por correo, lo que es válido y muy recurrente en elecciones anteriores.
Trump sospecha que los demócratas preparan el mayor fraude electoral de la historia de los Estados Unidos, que se presume ya ha ocurrido.
En la elección del 2002 entre Goerge W. Bush (R) y Al Gore (D), en el estado de Florida, gobernado entonces por Jeb Bush, hermano del candidato presidencial; se suscitó un problema postelectoral, dado el escaso margen de ventaja para el republicano, lo que obligó al reconteo de votos, los cuales iban sumando al demócrata en la medida que éste avanzaba.
Días después de iniciado el reconteo, un jurado federal determinó la ilegalidad del procedimiento y se ordenó no más reconteo, por lo que los resultados se confirmaron a favor de Bush, para que ganara la presidencia de los Estados Unidos.
Estas dos noticias del día de hoy confirman que las cosas en México y los EUA no son distintas como hace 20 años, menos, como 20, y que la procuración de justicia sigue apestando a venganza o conveniencia política.
Es cuanto

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