CCE plantea que IP y gobierno paguen salario básico

MONTO SERÍA ASUMIDO POR AMBAS PARTES ANTE CONTINGENCIA

La cúpula empresarial reprochó que, después de 11 días de haber entregado al gobierno federal un programa de 10 acciones inmediatas para atender la emergencia económica y sanitaria, no ha dado respuesta a sus peticiones.

Al dejar en claro que no buscan condonaciones ni que se les reestructure a las empresas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) urgió al gobierno federal a apoyar el plan de “salarios de subsistencia” en aquellos trabajadores con menos de 5 salarios mínimos y en riesgo de perder su fuente laboral, ante la crisis sanitaria y económica mundial.

Con la implementación de medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19, los empresarios se han visto obligados a cerrar operaciones en la manufactura, en comercio y los servicios y el turismo, de modo que Carlos Salazar, presidente del CCE indicó que para salvaguardar los salarios de los trabajadores “es indispensable que el gobierno apoye en este proyecto de otorgar un salario de subsistencia, para pagar el sueldo entre la empresa y el estado, como se aplica en otros países”.

Advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas podrían resultar las más afectadas, pues quizá, en esta crisis las grandes empresas podrían subsistir, pero las pequeñas no. Así que, a consideración del empresario, el gobierno deberá determinar si otorga 3,000 o 5,000 pesos a cada trabajador, mientras que el resto lo pondría la empresa.

Después de 11 días de haber entregado —al gobierno federal— un programa de 10 acciones inmediatas para atender la emergencia económica y sanitaria en México, el dirigente empresarial lamentó que la Secretaría de Hacienda no ha dado respuesta a sus peticiones, como se habían comprometido que se daría entre martes y miércoles.

“Hemos intentado convencer a la autoridad de lo que hemos llamado un salario de subsistencia, que le permita a todo aquel que quede sin empleo que pueda pasar esta crisis y satisfacer necesidades básicas para él y su familia, pero no tenemos respuesta a estas peticiones”, reprobó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

En una audioconferencia de prensa, el líder de los empresarios en México mencionó que la Iniciativa Privada está tratando de evitar el desempleo, “si una compañía está en la disyuntiva de despedir a su empleado, lo puede mandar a casa, pero asegurar este salario de subsistencia, donde reciba un salario de la empresa y del Estado. Pedimos a la autoridad que defina si eso debería ser 5,000 pesos, 3,000 o X veces el salario mínimo”, explicó.

Carlos Salazar Lomelín señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha entendido que los empresarios “no pedimos nada de condonación de impuestos ni que nos reestructuren o salven”, y nuestras propuestas van en el sentido de poder diferir plazos en los pagos de los impuestos.

“Sí se solicitan plazos ante el periodo de presentación de declaración de impuestos, que se cumple el próximo 31 de marzo para personas morales y el 30 de abril para personas físicas. Por ahora, el gobierno no ha ampliado los plazos de entrega. Si en todos los plazos establecidos por el SAT existe algún condicionamiento de qué tenemos que hacer con los plazos, porque las oficinas están cerradas y se han llenado completamente las peticiones de cita a través de Internet”, destacó Carlos Salazar.

Adelantó que este día los diputados se reunirán con la Secretaría de Hacienda para tratar de impulsar acciones de emergencia para evitar que se contraiga la economía mexicana.

También, el CCE solicitó al gobierno morenista a detallar el decreto presidencial sobre las medidas y los sectores que deben de parar operaciones durante la fase 2 de la pandemia Covid-19, pues señalan a industrias estratégicas, pero sin definir.

Carlos Salazar comentó: “Nos parece que debe estar incluida, y no está, el sector de alimentos y bebidas, que debe seguir operando en el día a día; en nuestra opinión, siguen en proceso de producción y distribución hasta que nos digan lo contrario, porque pensamos que por una omisión no se incluyó en el comunicado”.

El Economista

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