“El costo a pagar por cometer tortura en México es muy bajo”

La serie de propuestas de reforma al sistema judicial mexicano contenidas en un borrador que se filtró, despertaron preocupación por sugerir la validación jurídica de graves prácticas violatorias de DD. HH. en el país.

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) calificó las propuestas de reforma al sistema judicial mexicano como un retroceso en materia de garantía de los derechos fundamentales y violación al Estado de derecho. Las propuestas fueron puestas en evidencia a partir de un borrador filtrado en el marco del anuncio hecho el pasado el 15 de enero de 2020 por el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, en cuanto a que estarían por presentar una serie de reformas al sistema de justicia, presuntamente orientadas a reducir la impunidad y la reincidencia.

El contexto de la tortura e impunidad en México

Ángel Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta, señala que cuando hablamos de tortura, esta se relaciona a menudo con actos que realiza un policía o una autoridad para obtener una confesión, castigar o detener a alguien. Sin embargo, es una práctica mucho más amplia, que puede ser cometida por cualquier servidor público bajo determinadas condiciones que implican dolor o sufrimiento e intencionalidad. Pero también se puede cometer en instituciones como hospitales psiquiátricos, estaciones provisionales migratorias, clínicas de tratamiento de adicciones, por personal médico o personal de seguridad.

Al día de hoy, es asunto muy bien documentado y puesto de relieve en foros a nivel internacional. Como señalara en 2015 el entonces relator de Naciones Unidas, Juan Méndez,” la tortura en México es generalizada”. Más recientemente, el año pasado, el Comité Contra la Tortura señaló que es un mal endémico en el país. “El contexto es claro, la tortura es uno de los delitos con mayor impunidad, las condenas son mínimas y el Estado interviene muy poco”, apunta Salvador Ferrer. Por su parte, Lucía Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también señala la gravedad de la impunidad: “La denuncia por tortura tiene mínimas posiblidades de que su caso de judicialice o se resuelva con una sentencia.”

El círculo vicioso de la impunidad es evidente: una parte reducida de los delitos se denuncia, una más reducida se investiga, muchos menos casos se vinculan a procesos jurídicos, menos aún se sancionan y en contados casos se repara a las víctimas. “Entre 2014 y 2018 se abrieron aproximadamente 24.000 investigaciones por el delito de tortura, pero en los últimos cinco años solo han habido 23 sentencias por los juzgados de distrito y solo ocho a nivel de los Estados. En 2018, por cada 100 investigaciones de tortura, solo 2,1 se consignaban; sin embargo, no significa que habrá una sentencia y una reparación, lo cual reduce aún más el porcentaje”, dice Ángel Ferrer.

¿Qué pasa con las reformas?

Si bien estas filtraciones no son propuestas definitivas, sino borradores apócrifos, hay focos rojos puntualmente en materia de tortura.

Según lo mencionado por ambos expertos, la preocupación se centra en tres aspectos principales: 1. Se anula la figura del juez de control: no hay posiblidad de que un juez señale si una detención fue realizada legal o ilegalmente, es decir, si una persona fue sometida a tortura durante la detención. Es un esquema incierto de seguridad que propiciaría abusos. 2. La validación de pruebas obtenidas bajo tortura para vinculación de terceras personas con hechos delictivos o confesión de un delito. 3. Los riesgos de un esquema de arraigo o detención indefinido, por cualquier crimen y sin haber presentado cargos. Por ejemplo, si una persona torturada para arrancarle una confesión es arraigada por 80 días, en ese plazo las huellas físicas tienden a desaparecer. Cuando se presenta como una acusación formal, la persona no tiene huellas de tortura y sale del arraigo con un dictamen médico que indica que no hay huellas de lesiones.

“Hay un doble incentivo para la tortura, por el lado de la impunidad estructural con una serie de reformas ambiguas que tienden hacia la restricción de derechos, que podría tener como consecuencia la práctica de más y más tortura y fabricación de culpables. El impacto de estas propuestas implica regresar al menos 10 años atrás, cuando en México regía un sistema de corte mixto enfocado al corte inquisitivo sin tantas garantías para la víctima y la persona imputada”, apunta Lucía Chávez.

La Ley General contra la Tortura

Aprobada en 2017, la Ley General contra la Tortura preveé la creación de mecanismos especializados, como el programa nacional contra la tortura, para la prevención, investigación y sanción de la tortura. Hasta ahora no ha sido implementado y permanece en el tintero desde hace dos años. Tanto Salvador Ferrer como Chávez concuerdan en que se trata de una ley muy positiva en su estructura y planteamiento y un claro avance en materia judicial en el país: la ley establece que toda prueba dentro de procesos penales obtenida bajo tortura o violaciones a derechos humanos, debe ser declarada nula, y también las pruebas que se deriven de ellas.

Sin embargo, no todos los Estados tienen una fiscalía para procesar temas de esta naturaleza, y se sabe que no existe suficiente capacitación. Por ortra parte, cuando se emite una sentencia, generalmente los afectados son los autores directos, pero cuando hay altos mandos involucrados no existe un señalamiento. Todo esto hace que la ley general de tortura sea efectiva en el papel, no en su implementación.

Ángel Ferrer señala que “es una ley única en América Latina que trata de atender la cuestión de la tortura desde muchas ópticas e imputando a los distintos niveles de autoridades; pero el problema es que a nivel autoridad, cometer actos de tortura representa un bajo costo por pagar.”

DW actualidad

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