Aprueban creación del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad la creación del Órgano Interno de Control (OIT) del Poder legislativo tras la iniciativa presentada el 17 de junio de 2019, por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez.

Dicha inciativa fue turnada a la Junta de Coordinación Política, donde se resolvió que con la creación del Órgano Interno de Control se cierra el círculo para el establecimiento de unidades administrativas que componen o conforman el Sistema Estatal Anticorrupción.

El OIT tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas del Congreso; Así como tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, y sus reglamentos.

La diputada Blanca Gámez expresó que hasta el momento el Congreso del Estado de Chihuahua, es el único que carece de un órgano o unidad que efectúe acciones internas de control, a diferencia del resto de las entidades federativas del país, cuyos congresos cuentan ya con Órganos Internos de Control, Contralorías, Contralorías Generales y Contralorías Internas.

Los Órganos Internos de Control son uno de los mecanismos anticorrupción dotados de facultades investigadoras y substanciadoras, por lo tanto, asumen funciones para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Como parte del proyecto, se plantea la necesidad de la votación de las dos terceras partes de las Diputadas y Diputados presentes del Pleno del Congreso para que aprueben la designación de quien ocupará la titularidad de dicho órgano, a través de una convocatoria pública, abierta a la participación de la sociedad civil experta en la materia.

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