Investiga la SFP a 30 de 32 delegados

Hay 78 averiguaciones abiertas por proselitismo, nepotismo, abuso de funciones, y por otros cargos, informa Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública mantiene abiertas 78 investigaciones contra los llamados superdelegados del Bienestar en el gobierno lopezobradorista.

En total, ha recibido 102 denuncias, pero concluyeron ya 24 indagatorias, de las cuales ocho se encuentran en proceso de responsabilidades, al menos administrativas. Entre estos expedientes con elementos sancionatorios se encuentra el de Carlos Lomelí, exdelegado en Jalisco involucrado en la compra-venta irregular de medicamentos.

Las faltas más recurrentes son proselitismo, nepotismo, usurpación de funciones, abuso de funciones y violencia de género.

Las denuncias abarcan hasta ahora a 30 de los 32 superdelegados —el 94 por ciento—; es decir, casi todos han sido involucrados en anomalías, abusos o corruptelas por parte de los querellantes. Sólo dos estados se salvan.

Además, seis de los escritos presentados ante la SFP están relacionados con el actuar de quienes han renunciado al cargo durante la administración. Se trata de tres casos: el del propio Lomelí, por la investigación en su contra; el de Jaime Bonilla, quien renunció al puesto en Baja California para acceder a la gubernatura; y el de Enrique Novelo Solís, quien padeció un accidente y fue sustituido por Edgar Morales Garfias.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval, presente en Palacio Nacional, no especificó si alguna de estas seis indagatorias continúa vigente.

Apenas ayer, Crónica reveló el caso de Tamaulipas, con base en videos y audios compartidos por integrantes de las bases morenistas en el estado, donde delegados, subdelegados y otros funcionarios vinculados a la operación de programas sociales usan su labor para promocionar a Morena o para realizar campaña a favor de candidatos a puestos de elección popular o a la dirigencia del partido oficial.

En el material entregado se identifica a Julio César Hernández Medina, director regional de la Secretaría del ­Bienestar, promocionando a José Ramón Gómez Leal, superdelegado estatal, rumbo a la próxima elección para gobernador. Lo hace frente a un grupo de los llamados Servidores de la Nación —encargados del registro y credencialización de beneficiarios de programas federales—, a quienes les pide sumarse al proyecto.

En un video adicional, se observa a Renato Molina Arias, un exdiputado federal, reunido con subdelegados del Bienestar, representantes morenistas y Servidores de la Nación. Ahí, los invita a operar a favor de Bertha Luján como nueva presidenta de Morena, en sustitución de Yeidckol Polevnsky, “porque es una persona cercana al licenciado Andrés Manuel y le conviene al movimiento”.

Tras la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedaron establecidas 32 coordinaciones estatales, conocidas como superdelegaciones, y las cuales concentran funciones antes repartidas entre diversos representantes del gobierno federal en los estados. Además de coordinar la aplicación de programas sociales y otros servicios a la población, sirven de enlace entre el presidente de la República y autoridades locales.

Pese a ser una figura nueva, el promedio de denuncias el año pasado contra superdelegados fue de casi 10 al mes.

Desde otra óptica, la secretaria Sandoval comentó: “Entre las 10 instituciones que más denuncias reciben, y es algo positivo en términos de la valoración del trabajo de los delegados, no se encuentra la Secretaría del Bienestar”.

FALTA GRAVE. Dentro de las ocho investigaciones concluidas, “sí está la que tanto revuelo mediático ha causado”, dijo la funcionaria en referencia al caso Lomelí.

Detalló siete líneas de investigación contra él y sus compañías relacionadas con el ramo médico, aunque apenas se han concluido dos, “concernientes a contrataciones públicas y empresas vinculadas al exdelegado”.

Función Pública inhabilitó ya a Lomedic, S.A. de C.V., y Laboratorios Solfrán. “Hay vínculo directo entre las dos; una de ellas ya solicitó una suspensión de esta inhabilitación, se está estudiando. Hemos dado absoluto respeto al debido proceso y el exfuncionario ha sido notificado en tiempo y forma, se le ha permitido hacer todos los alegatos de defensa necesarios”.

“Sin manchar la presunción de inocencia, sí encontramos elementos de una falta administrativa grave y, por lo tanto, también tendría que sustanciar y resolver el Tribunal Electoral de Justicia Administrativa”, concluyó Sandoval.

Sobre el nepotismo, una de las faltas denunciadas contra superdelegados, al colocar a miembros de su familia en puestos de la Secretaría del Bienestar o de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó:

“El nepotismo no se permite, ni amiguismo ni influyentismo, mucho menos corrupción, ninguna de estas lacras de la política. En el caso de que se presenten hechos que demuestren que lo hay, se quita al funcionario. Si hay evidencias, se actúa de inmediato”.

Y recordó su memorándum del 13 de junio del año pasado, enviado a secretarios de Gobierno, directores de empresas u organismos paraestatales y servidores públicos en general, en el cual los instruyó a “no permitir” estas prácticas, pues podrían “caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”. Y los instó a no escuchar y ni siquiera recibir a los integrantes de su propia familia…

LOS DATOS

► Durante la presente administración, la Secretaría de la Función Pública ha recibido 34 mil denuncias, y el 45% de éstas se relaciona con 10 instituciones: IMSS, ISSSTE, SAT, SEP, INM, AEFCM, SCT, Profeco, PF, SRE

► Se investigan presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 mil millones de pesos en una sola institución de salud: el ISSSTE.

La Crónica de hoy

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