Senado recibe iniciativas de AMLO para reformar sistema de justicia

A pesar de que será el primero de febrero cuando de manera formal, lleguen al Senado las propuestas de reformas constitucionales y a diversos ordenamientos de procuración e impartición de justicia, este día, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentaron a la Junta de Coordinación Política del Senado los anteproyectos de ley.

En este contexto, el Fiscal General reconoció que está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito, por lo tanto adelantó que en la iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se establece que todo el que entiende que está cometiendo un delito y “se le sancionará”, así como a quien ostente la patria potestad, por lo que el menor será castigado con la cantidad de años consecuentes a la comisión del delito.

Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aclaró que no se van a apresurar en la aprobación de las propuestas, “porque queremos otorgar instrumentos que permanezcan y que sean eficaces para enfrentar el problema de la inseguridad, impunidad y violencia”, y señaló que el análisis será a través del Parlamento Abierto.

Entre las propuestas, se mantiene y extiende la figura del arraigo para todos los delitos y no solo para delincuencia organizada como se establece en la legislación actual.

Se reduce el plazo de arraigo a 40 días máximo a diferencia de los 80 días que están vigentes, pero ahora lo hacen extensivo a todos los delitos aunque no sean delincuencia organizada como está en la actualidad.
“En materia de arraigo se establece que solamente se podrá permitir por un plazo de cuarenta días, sin posibilidad de renovarse; y, se amplía para todos los delitos, eliminándose la restricción de su aplicación a delitos en materia de delincuencia organizada”, señala sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ha hecho llamados al gobierno mexicano para eliminar la figura del arraigo, toda vez que la considera violatoria de las garantías individuales.

En este contexto el Ejecutivo Federal reconoce que la impartición de justicia en México no ha dado los resultados esperados pues hay rezagos e incluso la ineficiencia en las investigaciones han permitido la continuidad de la impunidad, por ello también plantea un Código Penal Nacional que establezca las reglas generales para la persecución de los delitos; los tipos penales que regirán a nivel nacional y sus sanciones, así como aquellos que conocerá de forma exclusiva la federación.

Dicho Código deberá precisar los tipos penales que regirán a nivel nacional y sus sanciones, así como aquellos que conocerá de forma exclusiva la federación, quedando subsistente la facultad de los Congresos locales para legislar y expedir los tipos penales y sanciones de conductas eminentemente del fuero común cuando sean diversas a las conductas previstas en la legislación nacional penal.

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