La 4T falla en frenar adjudicaciones

En 2019 los contratos del gobierno vía licitaciones representaron sólo el 51%, lejos del 80% proyectado. La cuarta parte de los recursos entregados sin licitar provienen del Sector Salud, en buena medida por las patentes.

La 4T se fue tablas en su intención de privilegiar las licitaciones y poner un freno a la proliferación de las adjudicaciones directas en los contratos del Gobierno Federal. El monto de lo licitado en 2019 fue 151 mil millones de pesos, 51 por ciento del total devengado en contratos, apenas 2 puntos por encima de lo que se entregó en contrataciones sin licitación, eligiendo empresas que no debieron competir en precio y calidad con otras firmas de su sector productivo.

Hay un punto que ha trabado la disminución de las adjudicaciones directas y que está en la mira de la 4T desde el inicio de la presente administración: Una cuarta parte de los recursos entregados sin licitación proviene del sector salud y esto es debido en buena medida a las patentes. Esta traba por sí misma impide lograr que la Administración Pública Federal llegue al balance deseado (comentado en diversas ocasiones desde la Secretaría de la Función Pública), que es de 80 por ciento de licitaciones contra 20 por ciento de adjudicaciones.

Hay un elemento en las modificaciones al T-MEC, que libera fórmulas de medicamentos en menos años, que podría tener un efecto benéfico en los procedimientos de contratación, pero esto se dará en el mediano plazo y el sector salud del país requiere, año con año, suministro de medicamentos que implica miles de millones de pesos.

Las licitaciones en salud, que ahora imponen al proveedor la tarea de llevar el producto médico hasta los centros de salud públicos, quedan desiertas muchas veces y generan la contratación directa posterior (permitido explícitamente por la Ley en estos casos).

Pero la otra traba la constituyen hábitos en la Administración Pública Federal, un ejemplo, de muchos que se podrían tomar en los datos de contratos disponibles en el servicio Compranet de la Función Pública, es el de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas (CEAV). Ese organismo devenga 25 millones de pesos por medio de adjudicación directa en servicios no sustantivos y que bien pueden licitarse: telefonía, servicios de vigilancia, hojas rotuladas, entre otros.

Los montos individuales de cada requerimiento aparecen como menores, pero al final suman una buena parte de su presupuesto.

Finalmente, un servicio nada especializado, que es llevar pipas de agua y regar el llamado Memorial de Víctimas de la Violencia del Estado en el bosque de Chapultepec, significa una contratación de medio millón al año de la CEAV. La empresa que cobra estos recursos no tuvo que competir con otras, pues también se le entregó directamente el contrato.

Otro ejemplo, de otra naturaleza, es el del Cinvestav, CIDE, Colef, Ecosur, entre otras instituciones que contratan con el mismo proveedor el suministro de revistas especializadas por un monto global de 81 millones de pesos. Recurren a la adjudicación directa, lo que también les impide ver que existen contrataciones similares que podrían consolidarse para ser sometidas a licitación y mejorar los costos.

El último ejemplo, de muchos que pueden tomarse en los datos 2019, es el de la Autoridad Federal Educativa de la Ciudad de México, instancia que contrató sin licitar servicios de limpieza, estacionamiento, fletes, equipos de sonido, iluminación, mantenimiento para albercas, vales de despensa, cubiertos para comer, suministro de agua, lonches, seguros vehiculares, vigilancia, entre otros. La excepción se torna regla. Al final, esto suma 467.2 millones de pesos que no pasaron por licitación.

En la Ley de Adquisiciones, este tipo de procedimientos (tanto adjudicaciones directas como invitación a al menos tres proveedores) se consideran excepciones a la regla que debe ser la licitación. Pero las justificaciones para que la excepción se torne regla es variopinta y con lógicas diversas de dependencia a dependencia.

El espíritu de la Ley es que los recursos públicos se usen racionalmente, usando la licitación o concurso público por los contratos, proporcionando servicios, contrataciones y compras con el mejor balance de precio/calidad posible. Es decir, que el gobierno, en calidad de contratista o comprador, no esté en una posición de desventaja respecto a las empresas.

Pero en la práctica, en los hábitos de los oficinas gubernamentales, un mismo servicio, de la misma empresa, es sometido lo mismo a adjudicaciones directas que a licitaciones.

Un ejemplo es el de la empresas Toka Internacional, especialista en el abasto de vales y tarjetas para gastos o prestaciones de empleados se llevó durante 2019 contratos por adjudicación directa equivalentes a mil 217. 2 millones de pesos, más 124 mediante invitación (también sin licitación). En ese caso, las dependencias alegaron que había motivos para que estos servicios se entregaran sin concurso, a pesar de que en otras oficinas de gobierno la licitación se realizó exitosamente.

En efecto, 439.1 millones que logró Toka del presupuesto 2019 ingresaron a la empresa luego de concursar (y ganar) convocatorias de licitación públicas. Es decir, sus servicios resultaron plenamente licitables.

Protección Federal, el Colegio de la Frontera Sur, el Archivo General de la Nación, Lotería Nacional, el INEA, entre muchos otros, sin embargo, optaron por evitar dicha vía y sencillamente la contactaron para entregarle directamente el contrato.

La Crónica de hoy

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