Más atole con el dedo a chihuahuenses.

Por: Manuel Narvaéz Narváez

Email: mnarvaez2008@hotmail.com

La figura de plebiscito nace como letra muerta o estrictamente decorativa.

El despertar de los chihuahuenses de mediados de los años 80s llevaba como fin el respeto a la voluntad ciudadana en las urnas; que su voto no fuese manipulado. Esa exigencia prosperó años más tarde con la creación de los órganos electorales “ciudadanizados”, elegidos por la cámara de diputados; es decir, por la proporción de los partidos políticos representados ahí.

Lo que se quedó a medias fueron los instrumentos para que los ciudadanos recurriesen a figuras jurídicas establecidas en la ley con la que pudiesen exigir la permanencia o salida de alguna autoridad elegida por la vía del voto.

No es sino hasta el 2018, 30 años después, que el congreso de Chihuahua aprueba la Ley de participación ciudadana. En este cuerpo normativo se establecen varias figuras en las que los ciudadanos solo podrán pedir la derogación o abrogación de leyes; sobre la expedición o reforma de reglamentos y disposiciones administrativas generales estatales o municipales. Tampoco podrán solicitar a través del plebiscito contra el nombramiento de las y los servidores públicos, ni contra la determinación de algún precio, tarifa o contribución.

Estos instrumentos protegen sobremanera a los representantes populares y funcionarios públicos, y cómo no, si es el poder legislativo y el ejecutivo los que meten mano a la elección de los consejeros electorales, en la proporción que tienen en el congreso del estado. Así constatamos que, para solicitar la revocación de mandato del gobernador o alcaldes, los requisitos que exigen las autoridades electorales son tan desproporcionados con el fin de desanimar cualquier organización ciudadana que intente hacerlo válido.

En el caso que nos ocupa, el plebiscito que busca consultar a la ciudadanía su respaldo o rechazo a los proyectos multimillonarios de iluminación aprobados por los cabildos de ciudad Juárez y Chihuahua, no tienen efecto vinculatorio, según lo afirman los propios consejeros electorales. Entonces para qué el gasto y la molestia a los ciudadanos?.

A contrario sensu de lo expresado por los consejeros electorales de la no vinculación del resultado para que los diputados locales dictaminen en el mismo sentido que se manifieste la mayoría ciudadana, el artículo 44 de la mentada Ley establece que sí será vinculante conforme a los dispuesto en su fracción IV, ….. cuando acudan a votar al menos un número de ciudadanos equivalente al diez por ciento del total de personas inscritas. Es decir, alrededor de 68500 personas, en el caso de la capital de estado.

Es obvio que los más interesados en que se aprueben los proyectos son los gobiernos municipales de Juárez y Chihuahua. Ellos tienen la capacidad de movilizar a los votantes suficientes para apoyar el SI. claro está. Los que no podrán tener esa capacidad de movilización son los detractores del proyecto, que, para no perder la costumbre, pertenecen al partido opositor en la entidad.

Paradójicamente, el presidente de México quiere hacer valer la revocación de mandato en el 2021 a su conveniencia, para ello, socava la escasa credibilidad de la autoridad electoral y busca sustituir a los consejeros electorales actuales por unos afines, de tal suerte que la consulta gire en torno a su persona y no como una prerrogativa ciudadana.

Sin menoscabo de la chunga que se traen los promotores de los proyectos y los detractores, lo que también ofende es la burla con la que se promulgó una Ley que resulta ser una vacilada, porque no empodera al ciudadano, por el contrario, lo empuja hacía un laberinto regulatorio sin salida. La Ley de participación ciudadana es un Frankenstein que solo sirve como saciamorbo y no resuelve de fondo una exigencia ciudadana.

Desde mi punto de vista los proyectos de iluminación de las dos principales ciudades de la entidad, a la postre las de mayores problemas de inseguridad, concurren con la necesidad de reducir las ventajas de le delincuencia común y el crimen organizado para cometer sus ilícitos. El problema es que los costos y el compromiso de las finanzas municipales trascienden por mucho el tiempo de gestión de los promoventes.

Lo ideal hubiese sido que las figuras establecidas en la Ley empoderaran al ciudadano y les otorgara herramientas eficaces y sin adjetivos, para que decidieran las prioridades de sus necesidades.

Faltó honestidad y voluntad a los diputados locales para que la ciudadanía decidiera cómo y en qué se invertirían los recursos públicos, porque no solo la inseguridad es un tema prioritario, también urge dotar de drenaje y agua potable a decenas de colonias y reconstruir las principales vialidades de las dos metrópolis chihuahuenses.

De igual manera, la democracia se hubiese fortalecido si los ciudadanos decidieran, sin tanto rollo, sobre la continuación o separación de un gobernante o legislador que no sirva. Como está la legislación actual, solo batieron más el atole con el dedo.

P.D. Los preocupados porque no prosperen los proyectos son los mismos que agachan la cabeza o la esconden entre las piernas ante la concentración de poder y exorbitante partida secreta que le aprobó el congreso de la unión al presidente de México.

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