Consejo de la Judicatura en Chihuahua

Por: Francisco Flores Legarda

-¿Por qué escribes si nadie te lee?
-El pájaro canta aunque no tenga público.

Jodorowsky

Luego de que el presidente de la SCJN aceptara en días pasados la presencia de actos de corrupción dentro del Poder Judicial, en el Senado de la República se anunció una nueva reforma al Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de evitar “maniobras y chancullos para poder obtener sentencias favorables”.

Sin hacer mucha de la Corte en México se desprende que el Consejo de la Judicatura, Legislativo y Judicial están en verdadero marranero.

Así lo informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien adelantó que ya prepara dos nuevas iniciativas como parte de su estrategia para sacudir al Poder Judicial de la Federación, mismas que espera poder presentar la Comisión Permanente en este periodo extraordinario.

Monreal Ávila aseveró que hay una crisis en el sistema de justicia mexicano derivada de la impunidad de la que contaban jueces y magistrados por la falta de supervisión. “Caminaban como hombres y mujeres respetables, cuando en la práctica vendían la justicia al mejor postor. Liberaban delincuentes, absolvían criminales y a los que no tenían dinero, se encargaban de cargarles la mano con sentencias exageradas”, sentenció.

Informó que entregó al ministro presidente, Arturo Zaldívar, “carpetas completas de actuación de jueces y magistrados”, donde afirmó, no sólo le entregó nombres de impartidores de justicia que han incurrido en faltas sino “cantidades, lugares y todo”. Cabe recordar que estas no son las primeras iniciativas con las cuales el senador de Morena pretende reformar al Poder Judicial, pues la Mesa Directiva de este recinto ha recibido siete acciones legislativas impulsadas por él.

Dentro de éstas se enmarcan: la propuesta de una tercera sala especializada en materia de anticorrupción, un incremento de seis ministros al pleno de la SCJN; la rotación de magistrados y jueces para que no duren menos de tres años ni más de seis en su mismo lugar de adscripción.

Cualquier país que aspire a vivir en democracia no puede permitir la corrupción gubernamental y el abuso de poder que, como ocurre en México, se practica en los tres órdenes del poder político, pues de lo contrario la justicia es una simple simulación. De esa impunidad se benefician políticos y empresarios cómplices, en donde ambos se enriquecen ilícitamente a costa del erario.

Los niveles de corrupción son alarmantes, y aunque su efecto es dañino en todos los niveles de gobierno, es distinto según quien la practique. Por ejemplo, la corrupción en el Poder Ejecutivo, incluidos presidente, secretarios de Estado, directores de paraestatales y órganos descentralizados, gobernadores y alcaldes, afecta directamente al patrimonio nacional y el dinero de impuestos que pagan los mexicanos, porque se dispone de dinero público para beneficio personal y su desvío se traduce en menos obras y menos servicios públicos para la ciudadanía.

Otro caso es la corrupción en el Poder Legislativo, que incluye senadores, diputados federales y legisladores en congresos estatales, quienes al servicio del poder, y no de la población, aprueban leyes que benefician sólo a corporativos empresariales y en algunos otros casos autorizan normas y regulaciones que impiden combatir hechos de corrupción del mismo poder político, como es el caso de sancionar a un servidor público que utilice información interna para denunciar actos de corrupción. Por supuesto que en el caso del Congreso también se dan gastos excesivos y desvío de recursos, sin descontar cuantiosos salarios y gastos abusivos de representación.

Sin embargo, la corrupción más perversa y que goza de una total impunidad es la que practica el Poder Judicial, en donde jueces, magistrados y ministros reciben sobornos para torcer la ley, y al inclinar la “justicia” en favor de quien pague más, los corruptos togados juegan con la libertad, la vida y el patrimonio de las personas.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería mostrar, por lo menos, un interés real en combatir esa corrupción que todos los días se practica en juzgados y tribunales a la vista pública de una indefensa población, emitiendo fallos ridículos y fuera de toda legalidad, sin que al Consejo de la Judicatura Federal y a su presidente Luis María Aguilar Morales, quien es el mismo presidente de la Corte (juez y parte), les importe la injusticia que se vive todos los días.

Cómo creer en una autoridad como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, cuando su presidente es el mismo titular de la Suprema Corte de Justicia. A partir de la creación de ese Consejo, en 1994, una de sus actividades más importantes es vigilar el comportamiento de los integrantes del Poder Judicial, lo cual hasta ahora no hace a menos que sea un escándalo público en los medios de comunicación.

Eso es lo ocurrido en el caso del juez tercero de distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, quien corruptamente amparó a uno de los cuatro jóvenes conocidos como losPorkys –acusado de violar a una menor de edad–, y el CJF actuó hasta que en redes sociales y en medios públicos se hizo un verdadero escándalo por la impunidad de este “impartidor de justicia”, por lo cual fue suspendidos y se ordenó el inicio de una investigación para deslindar responsabilidades.

Son miles de casos que diariamente se litigan en juzgados y tribunales de todo el país, y en muchos de ellos la corrupción es la materia prima que los mueve, dejando a la población indefensa por tanta impunidad, sin que el CJF haga algo para resolverlo o por lo menos muestre algún interés ante tanta injusticia.

Por eso es urgente que el Poder Judicial cuente con un verdadero órgano de vigilancia independiente de las autoridades de la Suprema Corte, para que mantenga una supervisión permanente sobre la actuación de todos los jueces, magistrados y ministros, en donde muchos están dispuestos a vender la justicia al mejor postor. Es urgente que los 11 honorables ministros hagan algo, porque la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial son más graves que en cualquier otro órgano de gobierno.

Algunos datos ridículos del “combate” a la corrupción que realiza el CJF demuestran cómo en 2016 sólo 65 jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial fueron sancionados por la Comisión de Disciplina del Consejo. Sólo 65 de los miles de corruptos que diario se mueven en los tribunales.

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