Aplicar el memorándum de AMLO sería ignorar la Constitución, advierten juristas

Especialistas en Derecho Constitucional señalan que el documento anunciado por el presidente contra la reforma educativa carece de sustento y quien lo aplique puede incurrir en faltas administrativas.

Si los secretarios del gabinete aplican los lineamientos que dicta el presidente Andrés Manuel López Obrador en un memorándum para dejar sin efectos la reforma educativa de 2013, actuarán fuera del marco constitucional e incluso podrían incurrir en faltas administrativas.

Así lo advierten expertos en Derecho, quienes ponen en duda el sustento legal del documento anunciado este martes por el jefe del Ejecutivo.

“Si llegasen a hacerlo, pueden incurrir en faltas administrativas porque hay una reforma constitucional y, al no aplicarla, pueden caer en responsabilidades… (El memorándum) no tiene ninguna ley que lo ampare, iría en contra de la Constitución”, afirma Bernardino Esparza, catedrático de la Universidad La Salle.

Francisco Burgoa, profesor de la UNAM, coincide en que las autoridades, incluido el presidente, deben regirse únicamente por el principio de hacer lo que la Constitución y las leyes les facultan, por lo que le inquieta que por medio de un documento así se pretenda interrumpir la aplicación de la reforma educativa y de su legislación secundaria.

“Aunque no lo dijo puntualmente, lo que quiere decir (López Obrador) es que no se cumpla con la reforma educativa y sus leyes, con lo que se estaría dejando muy mal precedente, porque el presidente, que debe fomentar una cultura de la legalidad en el país, debe ser el primero en cumplir la Constitución”, dice.

El fin de semana, el presidente también adelantó que mandaría un decreto con el mismo fin. Al respecto, Esparza asegura que eso no se puede hacer, porque significaría que cualquier mandatario puede cambiar la Constitución de forma unilateral cada que quiera.

“Él el 1 de diciembre juró respetar la Constitución, está como está ahorita, no pueden ejecutarla de otra manera. El proceso (para derogar la reforma actual) es hacer otra reforma”, insiste.

Una medida “sin motivación ni fundamento”

Este martes, el Ejecutivo instruyó a su gabinete a cumplir con cuatro lineamientos que “dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, mientras se llega a un acuerdo en el Congreso con los actores de la educación.

Más tarde, el ministro en retiro José Ramón Cossío publicó en Twitter que el artículo 16 constitucional dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y ser emitido por autoridad competente. En otro tuit, señaló que el memorándum carece de fundamentación y motivación y es fácilmente impugnable.

Para el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, esta acción equivale a una “abrogación ilegítima” y una violación sistemática al Estado de derecho.

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En un comunicado, el organismo señaló que el memorándum del presidente carece de sustento legal y, por lo tanto, es cuestionable su efecto. Por ello, llamó a que se actúe con apego a la ley y a los procesos establecidos para dar certidumbre a la sociedad.

El constitucionalista de La Salle coincide en que el documento no tiene efectos jurídicos porque no se explica en ningún artículo cuál es la razón por la que deben ser ejecutadas estas indicaciones, pues la única vía para cambiar la Constitución es la legislativa.

“No hay ninguna fundamentación para hacerlo, el único camino es el proceso legislativo: presentan una iniciativa, la aprueban, y él puede decretar esa reforma, no hay otra manera”, dice.

El académico de la UNAM también insiste en que la expedición del memorándum no está fundamentada, por lo que va a ser fácilmente impugnable, con un juicio de amparo o por los mismos integrantes del Congreso a través de una controversia constitucional.

“Esperamos que (el jefe del Ejecutivo) pueda rectificar, porque gobernar no es fácil y puede rectificar, o los mismos funcionarios o cualquier otra autoridad realmente lo pueda persuadir de que no es la vía adecuada, sino que el poder reformador de la Constitución sea el que eche abajo la reforma educativa”, advierte.

ADN Político

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