La ONU-DH pide al Congreso no ampliar la prisión preventiva y mejor eliminarla

En la Cámara de Diputados se discutirá una minuta para dar prisión preventiva oficiosa a 12 nuevos delitos, entre ellos, la corrupción y el robo de combustible.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para pedir que no se amplíe el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y mejor eliminar esta figura.

Los diputados deberán discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones una minuta de reforma constitucional que busca dar prisión preventiva oficiosa a 12 nuevos delitos, entre ellos, la corrupción y el robo de combustible, también conocido como huachicoleo.

Esta minuta ya fue aprobada en el Senado y será abordada por los diputados durante la primera semana de febrero, según aseguró el coordinador de Morena, Mario Delgado.

En relación al tema, la ONU-DH recomendó que lejos de incrementar el número delitos, México debería eliminar la figura de prisión preventiva, porque “es violatoria de los derechos humanos, de acuerdo con varios acuerdos internacionales firmados por México”.

“La ONU-DH alienta respetuosamente a la Cámara de Diputados a abstenerse de aprobar la extensión de los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa establecidos en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución”, se lee en la misiva firmada por Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos.

Esta reforma constitucional es uno de los temas que más interesan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues incorpora a la corrupción, al huachicoleo y a los delitos electorales y fiscales dentro de los ilícitos que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa.

No obstante, ONU-DH recalcó que existe un sólido consenso de los organismos internacionales de derechos humanos acerca de incompatibilidad de este recurso con los compromisos adoptados por el Estado mexicano.

“Por lo anterior, lejos de ampliar los supuestos de aplicación, debería eliminarse la prisión preventiva oficiosa del ordenamiento jurídico mexicano”, se establece en el texto.

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