Guardia Nacional avanza; reestructura de policías, a plazo

Aprueban en periodo extraordinario los diputados las reformas que darían origen a este cuerpo, con militares y federales, y con un mando civil.

 

Por 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a diversos artículos constitucionales por los que se crea la Guardia Nacional.

El dictamen registró modificaciones con respecto al aprobado en diciembre pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales a propuesta de la Junta de Coordinación Política y derivado de las audiencias que se celebraron la semana pasada.

Entre los cambios que destacan se encuentra el cambio de adscripción de la nueva institución de seguridad pública, que anteriormente se pretendía estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que ahora, se estipula, su dirección será de carácter civil.

No obstante, se establece que la Guardia Nacional tendrá dentro de su estructura orgánica una Junta de Jefes de Estado Mayor, que estará conformada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y por personal militar perteneciente a la Sedena y la Marina.

Este órgano se precisa que tendrá una posición jerárquica inferior a la dirección de la Guardia Nacional.

Sobre este punto, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, quien al final emitió un voto de abstención, presentó una reserva para que la Junta de Jefes del Estado Mayor no se integrara en la Constitución sino en la Ley de la Guardia Nacional.

“Compañeros diputados y diputadas, y especialmente me dirijo a los de la coalición Juntos Haremos Historia, les recuerdo que la propuesta de campaña fue pacificar al país y desmilitarizarlo paulatinamente”, sostuvo Clouthier ante el pleno. La propuesta fue rechazada.

En el dictamen se indica también, a través de una reforma al Artículo 21 constitucional, que la Guardia Nacional tendrá un régimen homologado al de las Fuerzas Armadas en lo que concierne a su estructura jerárquica, disciplina, prestaciones, ingreso, profesionalización y cumplimiento de responsabilidades y tareas, lo cual correrá a cargo de la Sedena.

En este tenor, en el dictamen se reconoce el riesgo “en uno u otro grado” de que los elementos castrenses cometan violaciones a los derechos humanos en sus funciones de seguridad pública, mismo riesgo que se podrá atenuar —se acota— con la integración de efectivos policiales y la disminución paulatina de los elementos castrenses que se propone.

Se especificó en el artículo primero transitorio del dictamen que una vez que entren en vigor las reformas planteadas se dan 90 días para que el Congreso de la Unión expida la Ley de la Guardia Nacional; en el primer dictamen generado se daban 60 días.

Además de que se dan 120 días para que el mismo Legislativo expida la ley reglamentaria del uso de la fuerza y una ley para generar un registro nacional de detenciones. Este último sistema se integró como parte de las conclusiones de las audiencias que se llevaron a cabo.

En el artículo sexto transitorio del dictamen se estipula también que tres años después de que entren en vigor las reformas constitucionales y, por ende, la Guardia Nacional, el Ejecutivo federal deberá presentar, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, un plan para reestructurar de manera orgánica y funcional las instituciones de seguridad pública civiles “bajo un esquema calendarizado para que reasuman el ejercicio de su función, de manera gradual y continua”.

“Durante los 30 días siguientes al segundo año a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Ejecutivo federal enviará a ambas cámaras del Congreso de la Unión una evaluación integral del programa al que se refiere el párrafo anterior”, se indicó.

Destaca también la eliminación de la facultad que se le pretendía otorgar al Poder Legislativo para poder disolver a la Guardia si así se necesitara.

“Esta disposición perdió sentido al establecer claramente el carácter de la Guardia Nacional como institución policial, por lo que no es deseable que exista una facultad de esa naturaleza para un cuerpo que está prestando el servicio de seguridad pública en la Federación”, se asentó en el dictamen.

Los legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) vituperaron desde que inició la sesión, pasado el mediodía, que las nuevas reformas planteadas no habían sido comunicadas con la antelación suficiente, además de reiterar que no se escucharon las recomendaciones de la sociedad civil y expertos.

“La Guardia Nacional no funcionará para garantizar la seguridad, y no me quiero quedar con la memoria de ellos cuando han actuado en Aguas Blancas, Palmarito, Tlatlaya, Ayotzinapa y sentencias como los casos Rosendo Cantú, Cabrera y García, Montiel Flores, Alvarado Espinosa, Trueba, Arciniega y muchos otros”, aseguró la diputada de MC, Martha Tagle Martínez.

Por su parte, el PRI se pronunció a favor de la iniciativa. “Como toda reforma constitucional, se advierten riesgos, un ejemplo que causa particular inquietud es la junta de jefes del Estado Mayor; sin embargo, el Grupo Parlamentario del PRI logró que se incorporaran tres filtros civiles de decisión previos a ella, el jefe del Ejecutivo federal, el secretario de Seguridad y el director de la Guardia Nacional”, sostuvo María Alemán Muñoz Castillo (PRI).

A su vez, los legisladores del PRD indicaron que con las reformas planteadas se rompe con el equilibrio entre lo civil y lo castrense.

El dictamen pasó al Senado para su ratificación.

EL DATO

El uso de la tortura como método de “investigación criminal” en México tiene una incidencia de 80% por la Marina y el Ejército, lo que coloca a nuestro país en altos niveles de impunidad, similares a los de Venezuela y países africanos como Liberia, reprobó la Coparmex y la asociación civil World Justice Project.

Para que este hecho delictivo no quede impune en los procesos judiciales, la Coparmex y la sociedad civil presentarán al Legislativo una iniciativa para emitir la ley nacional de actos de investigación, en el marco de la discusión de la Guardia Nacional.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, sostuvo que el periodo extraordinario en el Congreso representa una ventana de oportunidad para incluir este pendiente. (Lilia González)

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