Luego de seis años, este sábado, Velasco Coello se va de Chiapas y deja una estela de irregularidades: acusaciones de presunta corrupción, abuso de autoridad, protección política del nuevo Gobierno federal, reclamos sociales –principalmente de indígenas–, desplazamientos forzados, crisis de derechos humanos y, por si fuera poco, la ratificación de Chiapas como el estado con más miseria del país: de sus 5 millones 337 mil 151 habitantes, 4 millones 113 mil 950 se quedan en condición de pobreza, esto es más del 70 por ciento.

El resumen: todo lo que más de 30 millones de votantes rechazaron el 1 de julio pasado.

La gente corría de un lado a otro, mientras elementos de la policía antimotines les lanzaba de todo en el centro de Tuxtla Gutiérrez: gases lacrimógenos, toletazos, golpes, patadas. Había niños, mujeres y ancianos desplazados de comunidades indígenas. También jóvenes estudiantes, maestros y burócratas que protestaban contra diversos abusos. El 24 de noviembre pasado, hubo heridos y encarcelados. Fue el día del Sexto Informe de Gobierno. Así se despidió Manuel Velasco Coello de Chiapas: entre protestas y represión.

Pero Velasco Coello ya se había ido de Chiapas semanas antes, no sin una treta bajo el brazo, como lo calificaron diversos analistas políticos. El 28 de agosto pasado pidió licencia como Gobernador para protestar como Senador de la República (un cargo que obtuvo no por votación directa sino por la vía plurinominal).

Antes, el Congreso chiapaneco, aún con mayoría de legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el partido de Velasco, se diseñó una estrategia para que “El Güero”, como se le conoce, regresara a la gubernatura y terminara su periodo sexenal. El 24 de agosto, los legisladores aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado que facilitaron al Gobernador la posibilidad de renunciar a su cargo, asumir el de Senador y, si así convenía a sus intereses, regresar a terminar su gestión.

Y así lo hizo Manuel Velasco, con la polémica aprobación de la mayoría de los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de quien entonces era el Presidente electo: Andrés Manuel López Obrador, quien, se sabe bien, es cercano a la familia de “El Güero”.

En un mismo día, el 4 de septiembre pasado, el Pleno del Senado negó licencia a Manuel Velasco Coello para que regresara a Chiapas a terminar su mandato como Gobernador, pero luego se la concedió, lo que provocó  una discusión caótica de cuatro horas a pesar de que Morena es mayoría en la Cámara Baja. La licencia, apoyada con todo por el Senador morenista Ricardo Monreal Ávila, fue considerada la primera pifia de Morena ya como mayoría en el Poder Legislativo, un movimiento que hasta ahora se les sigue criticando.

Los señalamientos por la decisión del Senado surgen desde varios frentes: incluso en la bancada del partido mayoritario,  cinco morenistas se negaron a que Velasco regresara a la entidad a terminar con su gestión. Entre esos legisladores estuvo Blanca Piña Gudiño, Senadora por Michoacán, quien dijo en entrevista con SinEmbargo que las acciones del Gobernador fueron poco éticas, ya que “hizo un traje a su medida” en agravio de la Constitución.

“Yo me opuse a las modificaciones que [Manuel Velasco] hizo a la Constitución para poder disputar la licencia. A la licencia tenemos derecho. Yo me opuse a que los gobernantes “hagan trajes a su medida” y me voy a poner a los gobernantes que acomoden las leyes a su antojo, eso me parece que es una violación a nuestra Constitución. Él modificó la Ley estatal para permitir ser Gobernador y Senador a la vez, eso no puede ser. No puede contestar por qué lo hizo, pero pienso que él es un gobernante que modifica las leyes a su antojo y eso no lo podemos hacer, es anticonstitucional”, insistió Piña Gudiño.

El 24 de agosto de este año el Congreso de Chiapas aprobó modificaciones a diversos artículos de la Constitución local para que la renuncia del Gobernador simplemente requiriera de ser expresada y avalada por el Congreso, eliminando la necesidad de causas graves que la justifiquen. Para el sustituto se canceló el requisito de renuncia a un cargo público con 120 días de anterioridad, lo que permitió que fuera el mismo Velasco quien se sustituyera.

Estas son las polémicas más recientes hombre que este sábado deja la gubernatura, pero no son las únicas.

Hace casi seis años, el 8 de diciembre de 2012, Velasco Coello tomó protesta como Gobernador de esa entidad del sureste de México. En su discurso inaugural, que ofreció frente a un Congreso con mayoría de legisladores del Partido Verde Ecologista de México, y de sus entonces aliados: los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se comprometió a trabajar por Chiapas con un “enfoque social progresista”, plural e incluyente, y de instituciones fuertes que apoyarían a distintos sectores de la sociedad.

También priorizar las políticas en favor de la protección de los derechos de las mujeres, los pobres y de los grupos indígenas, a los que afirmó: “Mi gobierno será su principal amigo y aliado para impulsar el desarrollo de sus municipios y de sus comunidades”.

El primer Gobernador del PVEM y el más joven que haya tomado posesión en la Historia del país –tenía entonces 34 años de edad– prometió un futuro de ensueño a un estado que ya enfrentaba los problemas propios de la marginación, la pobreza y la discriminación.

A pesar de haber llegado al cargo estatal con 68 por ciento de la votaciones, el mandatario poco a poco fue perdiendo popularidad por su opacidad y sus desplantes lo mostraron como un personaje alejado de los  graves problemas de los chiapanecos.

En diciembre 2014, un video compartido en diferentes medios de comunicación captó el momento en que Manuel Velasco era tomado  jalado de la camisa por una mujer. Al señalar a la mujer, le  susurra algo a uno de sus trabajadores, quien inmediatamente recibe una cachetada por parte del Gobernador. El “incidente accidental”, como él mismo lo calificó, trascendió incluso a nivel nacional y el mandatario local se vio obligado a ofrecer una disculpa pública.

Dos años después el Gobernador sería protagonista de un nuevo suceso.

Durante una conferencia de prensa, Velasco Coello se dirigió a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) con la frase: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados”, misma que usó el priista Gustavo Díaz Ordaz un mes antes de que se realizara la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco. Nuevamente, el mandatario, tuvo que ofrecer disculpas y aseveró que no buscaba amenazar a nadie.

Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos coinciden en que el sexenio se caracterizó por un vacío de poder y  una falta de certeza de que fuera él mismo quién estaba al frente.

Rubén Moreno, coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), recordó que los rumores señalaban cómo a la verdadera regente era Leticia Coello Garrido, madre de Manuel y responsable del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la familia de Chiapas.

“En principio en la boca de la gente se decía que quien gobernaba en Chiapas era su mamá (…) Las propias instituciones han señalado que fue ella. Ella se presentaba en mucho eventos y se dice que no se movía un dedo si ella no lo aprobaba”, afirmó Moreno.

El resultado  de la gestión de Velasco no fue el que prometió y a punto de que termine, los chiapanecos sufren y reclaman la inacción de un gobierno que permitió desplazamientos forzados ocasionados por la violencia y la falta de oportunidades.

Diego Cadena, director del Centro de Derechos Humanos Ku’Untik, organización que atiende a la población en desplazamiento forzado en Chiapas, comenta que no le hacen falta las cifras para notar que la realidad de Chiapas es hoy totalmente distinta a la de hace seis años.

La muestra de ello, dice, es el aumento de la migración interna de la que no se tiene un dato preciso, debido a que la administración estatal incumplió con sus obligaciones de registro.

“Lo que vemos en la realidad es pobreza extrema. Para donde se voltee a ver hay marginación (…) Aquí la pobreza es ofensiva, es por eso que mucha población indígena y rural migra a las ciudades. No hay recursos económicos en Chiapas y cada vez percibimos más la pobreza”, dice Diego Cadena en entrevista con SinEmbargo.

Cadena comenta que la inconformidad con el Gobernador Velasco creció en los últimos meses de su administración. El rumor de corrupción e impunidad que rodea a los funcionarios de su Gobierno ha generado molestia en los pobladores, que no han duda en manifestarse para evidenciar los adeudos a miles de trabajadores de la educación y la falta de medicamentos en los centros de salud, por ejemplo.

Después de que el Gobernador Manuel Velasco rindiera su sexto y último Informe de Gobierno se suscitó un enfrentamiento afuera del Congreso del estado en Tuxtla Gutiérrez, donde indígenas desplazados, trabajadores de salud y normalistas de Chiapas chocaron contra policías locales. Foto: René Araujo, Cuartoscuro

UNA DESPEDIDA CON TOLETAZOS

Durante del Sexto Informe de Gobierno de Velasco, un grupo de trabajadores al servicio del estado realizó una manifestación en contra del Gobernador solicitando su juicio político. Los medios locales contabilizaron a 50 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a 30 mil de la sección 50 del Sindicato de Salud, que lo acusaban de supuestos actos de corrupción que provocaron una fuerte crisis de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales.

Junto a los manifestantes se encontraban los desplazados por la violencia de las comunidades de Tenango, Zinancatán, Ocosingo, Cintalapa y Chenalhó, integrantes de la “Caravana de los pies cansados”, recién llegados a Tuxtla Gutiérrez. Ambos grupo fueron fuertemente reprimidos por elementos de la policía estatal. El Gobernador no actuó frente a estos hechos de violencia.

Velasco, electo por su partido, el PVEM, para ocupar un puesto como Senador plurinominal en la Cámara del Senado de la República, regresó a Chiapas el 5 de diciembre pasado.

Su vuelta no fue bien recibida por grupos de la sociedad civil chiapaneca. Los integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas denunciaron su integración a la Cámara Alta como un “premio injusto” para quién nunca respetó los derechos de los pueblos indígenas.

La Senadora panista Xóchitl Gálvez se quejó abiertamente por la protección que recibía “El Güero” ante la petición de Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que aclarara las irregularidades de su Gobierno en el uso de recursos para programas sociales.

“Pareciera que en este Senado no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa al señor Gobernador de Chiapas, a mi me avergüenza que se hayan gastado 685 millones de pesos en plantas de emergencia, en templetes para programas de mujeres”, afirmó la legisladora, quien a su vez lanzaba duras criticas al partido Morena y su afinidad con gobernantes como Velasco, quién dejo a su con una deuda pública de 22 mil 056 millones de pesos –calculada a marzo del 2018–, esto 34.4 por ciento más alta que la su antecesor Juan Sabines (16 mil 412 millones de pesos).

Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo, fue recibido el 27 de agosto pasado por Manuel Velasco, Gobernador de Chiapas y presidente de la Conago, a su llegada al Colegio de Ingenieros, en donde el tabasqueño sostuvo una reunión con los mandatarios locales del país. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

VELASCO Y LA POBREZA

Manuel Velasco Coello inició su carrera política en el año 2001, cuando tenía 21 años de edad. Su primer cargo fue el de Diputado Local por el Partido Verde Ecologista. Dos años más tarde se convertiría en diputado federal plurinominal. En el año 2006, con ayuda del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue electo Senador de la República y en el 2012, en coalición con el PRI y Nueva Alianza, seguiría los pasos de su abuelo, Manuel Velasco Suárez, y se convertirá en gobernador del Estado de Chiapas con una votación del 68 por ciento.

La gubernatura del estado era el primer paso en su plan de intenciones para alcanzar la Presidencia de la República. Con este propósito elaboró un plan en el que la campaña realizada para publicitar su imagen y la de su matrimonio con Anahí Puente, cantante y actriz de Televisa, jugaba un papel primordial.

Sin importar el perjuicio a los chiapanecos, en el 2014, el gobernador admitía frente a medios de comunicación un gasto en publicidad de 129 millones 434 mil 606 pesos, sin negar sus intenciones presidenciales. En octubre del 2018 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalaba en su “Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018. Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad” un gasto extra de 158 por ciento en el departamento de comunicación social.

El Gobernador más joven en la historia de la política mexicana se enfrentaba a un estado con los porcentajes más altos de pobreza. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2012 un total de 3 millones 728. 3 mil personas –el 74.7 por ciento de la  población– se encontraba en pobreza; de éstas, 2 millones 153.1 mil, 42.5 por ciento, presentaban pobreza moderada y un millón 629 mil, 0 32.2 por ciento, estaban en pobreza extrema.

Ya en su gobierno, en 2016, las cifras de la misma institución demostraban un aumento en la situación de pobreza al 77.1 por ciento: 4 millones 114 mil personas en Chiapas eran pobres. El indicador de la población vulnerable por ingresos, índice que define el acceso a la canasta alimentaria, aumentó de 1.7 por ciento –87.6 mil personas– en 2012 a 2.7 por ciento –145.5 mil personas– en 2016.

En 2017, en el marco del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, Velasco Coello llamó a la población del municipio de Margaritas a “redoblar esfuerzos” para seguir combatiendo las carencias sociales; presumió las cifras de reducción de pobreza extrema entre 2014 y 2016, números que en efecto habían ido a la baja pero que no consideraban otros elementos de medición de la marginalidad.

En las últimas cifras del Coneval, las del año 2018, se registra que de un total de 5 millones 337 mil 151 habitantes, 4 millones 113 mil 950 viven en condición de pobreza, 736 mil 444 personas representan la población vulnerable por carencias y 145 mil 549 a la vulnerable por ingresos. Sólo 341 mil 208 personas son consideradas como no pobres y no vulnerables, por lo que el grado de rezago social es considerado como muy alto.

Entre las cifras más alarmantes se encuentra la de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar que fue del 76.4 por ciento de la población, al 79.8 por ciento, en el periodo 2012-2018. En Chiapas el 81.1 por ciento de la población total que no tiene acceso a seguridad social, cifra 2.2 por ciento inferior a la del 2012.

Durante el sexenio la inversión en los rubros que abarcan las carencias sociales –agua y saneamiento, vivienda, salud y educación- fue mínima. El Conveal estima un cero por ciento de inversión en rezago educativo y un porcentaje que oscila entre el 13.1 por ciento y el 71.4 por ciento para el acceso a salud, este último concentrado en el 2017, ya que en el 2015 fue solo de 6.5 por ciento y de 20.7 por ciento en 2016. A pesar de las cifras de inversión del sexenio los informes reportan una disminución de rezago educativo del 4.2 por ciento y un aumento en el acceso a la salud del 9.9 por ciento.

Algunos habitantes de Acteal, en Chenalho, Chiapas, son sobrevivientes de la matanza de hace 21 años y aún viven entre la marginación y la pobreza. También ellos exigieron al Gobierno de Manuel Velasco proyectos productivos para mejorar su condición de vida, pero éstos nunca llegaron. Foto: Jacob García, Cuartoscuro

El académico Daniel Villafuerte Solís, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso que durante el Gobierno de Velasco se crearon escasamente 9 mil 289 empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el total de asegurados alcanzó la cifra de 223 mil 173 personas, frente a una población ocupada de un millón 858 mil 911 personas.

Asimismo denunció que las universidades están en quiebra financiera, la UNACH, carga con una deuda estimada en alrededor de mil 500 millones de pesos y la UNICACH con alrededor de 400 millones. Tanto al UNACH como la Universidad Politécnica de Chiapas han sido señaladas por estar involucradas en la Estafa Maestra.

“Estamos frente a una profunda crisis cuyos efectos esperados podría ser la toma de conciencia; sin embargo, la otra cara de esta crisis es el ¡sálvese quien pueda!, es darle gracias al gobierno por que nos da nuestro ¡Prospera! y otras baratijas que deprecian la consciencia. Este fenómeno lo encontramos hasta en los recintos universitarios que arrollados por imposición de modelos productivistas se diluye la perspectiva crítica”, destacó el académico en un análisis publicado en Chiapas Paralelo.

LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

En 2017, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC registró el desplazamiento forzoso de 6 mil 090 personas en Chiapas, esta cifra convirtió al estado en el primer expulsor a nivel nacional. Este año, afirma Diego Cadena, se ha registrado la migración de otras mil 700 personas, la mayoría de ellas admiten que la violencia ha sido la causa de la movilidad.

En opinión del especialista, una parte de la responsabilidad de dicho fenómeno corresponde a Manuel Velasco, que dejó al estado en “condiciones desastrosas en cuanto a las obligaciones de derechos humanos y en cuanto a las obligaciones que tiene como agente del Estado frente al desplazamiento”.

La violencia con la que se ha ligado a los desplazamientos es dos de dos clases: paramilitar dirigida hacia comunidades indígenas “disidentes” y político electoral. Los casos de las comunidades de Shulvó del municipio de Zinancantán y el de Ejido Puebla del municipio de Chenalhó son un ejemplo de ello.

En mayo de 2016, 241 personas fueron desplazadas de manera forzada de Ejido Puebla. De acuerdo con uno de los testimonio recogidos por la organización Ku’untik las agresiones fueran propiciadas por un grupo de 50 o 40 personas “del ejido que son del Partido Verde”. Con armas de fuego y piedras agredieron a las personas al interior de sus casas, causando muertes que hasta ahora han quedado impunes. Por su parte los pobladores de Shulvó han denunciado que las acciones en su contra –recortes de agua, luz y otros servicios– tienen origen en que estos no se identifican como priistas, por lo que son discriminados y hostigados en sus comunidad.

Desplazados del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas, llegaron a la capital del estado hace varias semanas para exigir al Gobernador Manuel Velasco Coello soluciones a la situación violenta que viven en su comunidad. Foto: Jacob García, Cuartoscuro

El conflicto de poder municipal, considera Diego Cadena, fue inducido por el Gobierno estatal que buscó colocar a sus aliados en los municipios, sin considerar la voluntad de los habitantes de la región.

Hace apenas unos días la “Caravana de los pies descalzos”, integrada por tzeltales de Tenango y Cintalapa del municipio de Ocosingo, y tzotziles de Shulvó, Zinancantán, así como del Ejido Puebla Chenalhó, arribaron a la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Caminaron durante seis días un aproximado de 70 kilómetros desde San Cristóbal de las Casas y denunciaron el ataque de grupos paramilitares en su territorio. A pesar del cansancio y la precariedad los desplazados no fueron atendidos por Velasco ni fueron garantizados sus derechos a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la vida misma; las agresiones, además, continuaron en los lugares de refugio. Alrededor de 368 personas continúan en condición de vulnerabilidad. A la crisis se han sumado las intoxicaciones causadas por el gas lacrimógeno que les fue lanzado a su arribo y el temor de un posible brote de dengue que podría elevar el conflicto a una situación de emergencia.

LAS MUJERES EN CHIAPAS

Siguiendo el ejemplo de otros gobiernos de coalición priista, Manuel Velasco, hizo a las mujeres parte de su discurso, pero el sexenio se caracterizó por un incremento en los feminicidios. Chiapas es uno de los 14 estados con Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género.

De acuerdo con cifras del  Frayba , organización de la sociedad civil , durante el sexenio actual se registraron 300 feminicidios. Del año 2012 al 2014 se contabilizaron 144. De 2014 a 2017 otros 125. De enero a abril de 2018 el número llegó a 14 y se produjeron otros 17 intentos. San Cristóbal de las Casas es el municipio con el número más alto de sucesos, entre los cuales se encuentran los de cinco niñas y adolescentes.

“En Chiapas se tiene una lucha muy fuerte para declarar la Alerta de Género, se logró para siete municipios, las ciudades más importantes de Chiapas y también para 11 municipios de pueblos indígenas. Sin embargo, no hay una intención del estado de realmente frenar y aportar para evitar todas estas violaciones graves contra las mujeres y no, no pasa nada. Por ejemplo, en cuanto a la atención de una mujer que denuncia casos, el Ministerio Público le ha pedido a la propia mujer que vaya y lleve el citatorio a su pareja que asista una audiencia. Hemos visto el aumento de los feminicidio precisamente porque no pasa nada. Están ahí las leyes y decretos, pero no hay ninguna intención para poner atención a esa problemática, así como a las otras”, afirma Rubén Moreno, integrante del Frayba.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en los últimos cinco años, de mil 456 asesinatos cometidos contra las mujeres en Chiapas, el 86 por ciento de ellos ha quedado impune y sólo cuatro de cada diez llegaron a juicio, con una sentencia favorable para el agresor.

Asimismo, los datos de la Fiscalía General del Estado revelan que el delito de violencia familiar se incremento en un 295 por ciento con relación al año 2017. Los datos de la institución revelan que los asesinatos contra mujeres son cometidos por personas cercanas a la víctima: en el 67 por ciento de los casos la pareja sentimental, concubino, expareja, familiar o conocido fue señalado como culpable.

Entre las razones de asesinato de mujeres por motivos feminicidas, el Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas (Colem) ha ubicado como principales: la posesión, los celos, la infidelidad, la violencia sexual, la venganza, la trata y el trafico de personas.

En materia de trata de personas, el Frayba ha denunciado que la posición geográfica del estado, cercano a las fronteras con Centroamérica, lo ha vuelto mucho más vulnerables. Y a su vez aún existen practicas entre los mismos familiares que siguen promoviendo el intercambio de mujeres.

INDÍGENAS CADA VEZ MÁS OLVIDADOS

En opinión de Fermín Ledezma, académico e integrante del Centro de Lengua y Cultura Zoque, el Gobierno de Manuel Velasco caracterizó su relación con la población indígena con tres indicadores graves: la permanencia y proliferación de grupos paramilitares, el aumento de los cacicazgos indígenas y la precariedad.

Para el experto, la multiplicación de los grupos paramilitares fue una de las particularidades del sexenio, concretamente en los municipios de Pueblo Nuevo y Rincón Chamula, donde surgieron liderazgos de control municipal para poder mantener el control político del territorio, además de otras amenazas de violencia ligadas con el narcotráfico, que no fueron impedidas por el poder estatal.

En territorios como Chenaló , Oxchuc y Amatlán la violencia se presentó gracias al reforzamiento de los casos indígenas. La violencia político electoral, explica el experto, fue mucho más visible en estos territorios, en los que el gobierno alentaba liderazgos locales que que derivaron en desplazamientos forzosos.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) estima que el estado de Chiapas tiene una población 1 millón 706 mil 17 indígenas, de 12 etnias distintas, que representan 32.7 por ciento de la población total .

Los municipios con mayor población indígena son los de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón, Chamaula, Tila, Las Margaritas, Salto de Agua, Palenque, Oxchuc, Tenejaba, Zinancantan, Tumbalá, Chenalhó, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón. Territorios que coinciden con los niveles más altos de carencia por calidad y espacios en la vivienda y servicios básicos.

De acuerdo con las cifras del Coneval de 2018, en municipios como Chamula y Chilón, al menos el 21.1 por ciento y el 28.5 por ciento, respectivamente, de los hogares siguen teniendo piso de tierra. Mientras que en el municipio de las Margaritas el 53.7 de los hogares no tiene acceso a drenaje, en el municipio de Tila la cifra asciende al 35.4 por ciento.

Ledezma reconoce que la precariedad ha alentado a grupos de narcotraficantes ha introducirse en las comunidades indígenas, que son presionados y sometidas a encontrar soluciones por la vía de la ilegalidad.

En un último rubro se encuentran las concesiones otorgadas a mineras y otros proyectos extractivos que han provocado la polarización de comunidades.

“Durante el Gobierno de Manuel Velasco se profundizaron las entregas de concesiones mineras e incluso estuvo en riesgo de entregarse 84 mil 500 hectáreas de tierra de la zona norte del estado de Chiapas por la licitación de pozos petroleros a escala internacional. En teoría ese megaproyecto de desarrollo se supone que traía un mercado de trabajo por al explotación de hidrocarburos, de gas y aceite concretamente, sin embargo el fondo es que revela que las tierra campesinas e indígenas están siendo entregadas al capital extranjero”, afirmó Fermín Ledezma.

En la actualidad más de un millón de hectáreas han sido concesionadas a mineras en Chiapas y existe el riesgo de que 84 mil 500 hectáreas sean licitadas a pozos petroleros, existe la amenaza de dos proyectos geotérmicos –uno en el volcán de Tacaná y otro en el volcán Chichonal– y del avance de monocultivos de la palma de aceite.