El régimen de Trump regresa a sólo la mitad de los niños a sus padres

Por: La Redacción.

El régimen de Donald Trump incumplió una orden judicial, pues sólo logró retornar a sus padres inmigrantes a la mitad de los niños menores de cinco años que les arrebató al cruzar la frontera, mientras por otro lado negocia con México un acuerdo para usar al país vecino como retén para solicitantes de asilo.

El gobierno informó este jueves que 57 menores de cinco años que separó de sus padres al ingresar al país han sido reunificados, pero eso dejó a casi la mitad del total (102 o 103, no hay cifras precisas) aún solos.

Las autoridades insistieron en que cumplieron al completar las reunificaciones iniciales, y explicaron que en los otros 46 casos algunos de los padres han sido deportados, en otros no se verificó el parentesco y los menos era por razones de protección a los niños, porque sus progenitores tienen algún antecedente criminal.

Según el comunicado de las tres dependencias gubernamentales encargadas del proceso de reunificación de los menores ordenada por un juez federal a finales del mes pasado –la fecha límite para los menores de cinco años era el martes, para el resto es el día 26– nuestra meta ha sido el bienestar de los niños y su regreso a ambientes seguros.

En la misma declaración, una vez más, el régimen de Trump culpó a los inmigrantes de esta política y sus consecuencias: “el pueblo estadunidense dio un mandato a este gobierno para poner fin a la falta del imperio de ley en la frontera, y el presidente Trump está cumpliendo con su promesa de hacer justo eso. Nuestro mensaje ha sido claro… no arriesguen su vida o la vida de su hijo al intentar ingresar de manera ilegal a Estados Unidos”.

Tanto funcionarios como expertos indicaron que la dificultad en la reunificación de estas familias es que son tres las burocracias federales que tienen que buscar la forma de coordinarse sin plan previo: el Departamento de Seguridad Interna es el encargado de la detención de inmigrantes indocumentados, pero los menores tienen que ser entregados antes de 20 días al Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual maneja los albergues y la colocación de los niños con familiares o guardianes, mientras el Departamento de Justicia maneja los tribunales de inmigración (los cuales no son parte del Poder Judicial, sino del Ejecutivo).

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda que llevó a la orden del juez de reunificar las familias, declaró que el gobierno fracasó en cumplir plenamente con la orden judicial, y que junto con el juez se evaluarán posibles consecuencias.

Mientras tanto continúa la exasperante y en muchos casos traumática espera de otros miles de padres y niños, muchos de los cuales no han podido comunicarse y en algunos casos no saben dónde están. De hecho, el Departamento de Justicia confesó esta semana que en uno de los casos era posible que había separado por error a un padre y su hijo menor de cinco años hace más de 12 meses, y que ambos podrían ser ciudadanos estadunidenses.

La ACLU calificó eso como horrendo y señaló que es resultado de cómo el gobierno puso en marcha la política de separación, sin registrar con precisión las identidades, relaciones y ubicación de cada familia, reportó The Guardian.

Al mismo tiempo, proceden las audiencias en tribunales de migración, donde los jueces –algunos han expresado pena– han tenido que sentar en el banquillo de los acusados a niños, en un caso, hasta de un año de edad, para determinar si serán deportados.

Uno desea estar orgulloso de su país. Mi país actualmente está llevando a niños de un año de edad ante tribunales, comentó el profesor y líder ambientalista Bill McKibben en un tuit.

Algunos de los padres reunificados con sus hijos han sido puestos bajo libertad condicional –con monitores electrónicos– en espera de que procedan sus solicitudes de asilo. Muchos han tenido que buscar dónde alojarse y cómo cuidar y alimentar a sus hijos sin poder trabajar. En muchos casos buscan posada con familiares, pero algunos defensores de inmigrantes expresan preocupación de que al tener que identificar con quién y dónde están viviendo, podrían poner en riesgo a estas familias si también son indocumentadas.

 

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